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ESTRATEGIA MILITAR DE EU HA DEJADO MÁS DE 6 MIL 500 MIGRANTES MUERTOS EN LA FRONTERA CON MÉXICO

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Revista Proceso, México

Las estrategias de militarización empleadas desde 1998 por el gobierno de Estados Unidos en la frontera con México, han dejado un saldo de más de seis mil 500 inmigrantes indocumentados en ese lapso, denunció el Centro Colibrí para los Derechos Humanos, con sede en Tucson, Arizona.

Al exponer sobre la muerte y desaparición de inmigrantes en la frontera,

Precisó que la tercera parte de esas muertes, unas dos mil 400, ocurrió en la frontera de Arizona con México.

Ante grupos reunidos en el “Encuentro en la frontera”, informó la agencia Notimex, el Centro Colibrí para los Derechos Humanos señaló que las estrategias de vigilancia establecidas por Estados Unidos en la frontera con México desde mediados de los 90 con el argumento de “prevención y desaliento”, no han desanimado a los inmigrantes a cruzar la frontera.

“En vez de ello han canalizado las rutas de inmigración hacia áreas remotas y peligrosas del desierto, provocando que sus intentos de cruce sean más peligrosos y mortales”, alertó Reyna Airbi, representante del grupo.

Las consecuencias de ello, subrayó, han sido un aumento importante de muertes de inmigrantes indocumentados.

“Antes del 2000, el promedio de inmigrantes que morían cada año en la frontera de Arizona era de 12, sin embargo, del 2000 al 2014 el promedio se incrementó en más de 10 veces a unas 165 muertes por año”, lamentó Airbi.

El desierto de Arizona se ha convertido en el corredor de cruces más transitado y mortal de toda la frontera, aunque en años recientes también se ha registrado un importante aumento de muertes de inmigrantes en el valle sur de Texas.

Sólo el Centro Colibrí ha recabado las denuncias de familiares de más de dos mil 500 inmigrantes desaparecidos en su intento por cruzar la frontera.

Al mismo tiempo, cientos de restos de cuerpos de presuntos indocumentados han sido encontrados en el desierto y permanecen en calidad de “desconocidos” en las morgues de los condados fronterizos.

Sólo la Oficina del Médico Forense del condado de Pima, en Tucson, tiene “almacenados” restos de unos 900 presuntos inmigrantes indocumentados.

“La crisis de muertes y desapariciones de inmigrantes en la frontera es compleja”, señaló el Centro Colibrí.

Además de ello, refirió que los datos para encontrar e identificar a las personas, son escasos.

Actualmente, abundó el grupo, no existe un procedimiento uniforme para manejar los casos de inmigrantes y las políticas varían de región en región, lo que provoca con frecuencia un mal manejo de los restos, generando que se pierda para siempre la oportunidad de identificarlos.

La exposición del Centro Colibrí, fue una de más de una veintena ofrecidas por diferentes grupos en el encuentro organizado el fin de semana por el grupo interreligioso de derechos humanos School of Americas Watch (SOA Watch) y dedicado a denunciar la militarización de la región fronteriza y la criminalización de los migrantes y refugiados.

El encuentro reunió a más de 500 activistas de derechos humanos, provenientes de todo Estados Unidos y se realizó en sustitución de la tradicional protesta anual de SOA Watch con la que exige el cierre de una escuela de entrenamiento militar dedicada a capacitar a los ejércitos de Latinoamérica en el Fuerte Benning, en Georgia.

 

 

ROBERTA JACOBSON: BENEFICIOS Y COSTOS DE LA POLÍTICA HACIA CUBA

roberta-jacobson09-685x342Por Jesús Arboleya

Tomado de Progreso Semanal

Los enemigos del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, han difundido la idea de que la nominación de Roberta Jacobson para el cargo de embajadora en México, constituye una muestra del supuesto retroceso del proceso.

En realidad ha ocurrido todo lo contrario, gracias al éxito de su gestión en el caso cubano, Roberta Jacobson se ha convertido en una de las diplomáticas más renombradas de su país y ello explica que la designen para uno de los puestos más sensibles de la política exterior norteamericana.

Desde siempre, razones geográficas, económicas y de seguridad nacional, han determinado que México constituya la principal prioridad de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Máxime, cuando ese país atraviesa por una crisis de gobernabilidad que afecta de manera directa el territorio de Estados Unidos y sus relaciones hemisféricas.

Jacobson está considerada una de las principales expertas norteamericanas en México y su trabajo se vincula con ese país desde los inicios de su carrera en 1988, sirviendo tanto a gobiernos republicanos como demócratas.

En 2002 fue nombrada directora de la oficina que atiende específicamente México en el Departamento de Estado, lo que la vinculó con el diseño y aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por Estados Unidos con México y Canadá, sin dudas la alianza económica más importante de ese país en la región.

Una experiencia similar trató de abarcar todo el continente americano, mediante la creación del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), pero el proyecto se vino abajo por la renuencia de la mayoría de los países latinoamericanos, expresada durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, en 2005.

Ello dio impulso a un proceso de integración latinoamericano, que Estados Unidos ha tratado de contrarrestar, mediante el impulso a la creación de la Alianza del Pacífico (AP), integrada por Chile, Colombia, México y Perú, con Costa Rica y Panamá como observadores, donde México desempeña un papel determinante.

Se supone que esta alianza se oriente hacia la integración con la Alianza Transpacífico, de la cual ya forman parte Chile, Perú y México, junto a un grupo de países asiáticos y Estados Unidos, la cual, según algunos analistas, busca limitar la influencia de China en ambos continentes.

Como es fácil observar, la eventual presencia de Jacobson en México, la coloca en el epicentro de la política exterior norteamericana y casi nadie duda que está debidamente preparada para ello. De hecho, la Secretaría de Exteriores del gobierno mexicano se apresuró a hacer público su beneplácito por el nombramiento.

Sin embargo, Roberta Jacobson no la va a tener fácil en el proceso de confirmación por parte del senado norteamericano.

Por un lado, porque la mayoría republicana ha establecido la práctica de vetar prácticamente todos los nombramientos de la administración demócrata que requieran de su aprobación, como ya ocurrió con la activista latina María Echeveste, propuesta para el mismo cargo, la cual se vio obligada a retirarse frente a la oposición del senado.

Por otro, porque especialmente los senadores de extrema derecha cubanoamericanos, con seguridad se ensañarán en la mujer que simboliza el cambio de política hacia Cuba, lo cual no han podido evitar.

De resultas, no es descabellado esperar que Roberta Jacobson tenga que pagar el precio de su pericia en el proceso de normalización de relaciones con Cuba y sufrir en carne propia las consecuencias de una polarización política, que cada día resulta más disfuncional para el sistema norteamericano.

De hecho, la Cancillería estadounidense informó este miércoles que la subsecretaria Jacobson, se mantendrá al frente de las negociaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, hasta ser confirmada en su nuevo cargo de embajadora en México. la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, añadió que Jacobson puede prepararse para asumir su nuevo cargo al tiempo que continúa participando en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.

Poniatowska: “Todos, incluso los que dicen que escriben solamente ficción, escriben su propia realidad”

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Elena Poniatowska Amor (Paris, Francia, 19 de mayo de 1932) es una escritora, profesora, activista y periodista mexicana cuya obra literaria ha sido distinguida con numerosos laureles, entre ellos el Premio Cervantes. Esta reciente entrevista de que fue objeto es un regalo de este sábado del amor y la amistad desde americadespierta, para todos sus seguidores y nuevos lectores.  

Su modo de confrontarse con el poder y de clamar justicia se manifiesta con una pluma exquisita, con la claridad y economía de expresión de quien domina la lengua

El periodista puede ver cosas que el otro no ve o eso en lo que otro no se fijaría nunca. Son pareceres, todo depende del color con el que se mire algo

Todo se lo debo al periodismo. Fue un aprendizaje de vida. Nunca podría haberme acercado a tanta gente y tener el privilegio de preguntar.

No hay resentimiento en el discurso de Poniatowska. Es hábil para codearse con monarcas, analfabetos, sindicalistas, trabajadores y estudiantes, distintas generaciones y clases sociales

De la nobleza polaca, aunque “más mexicana que el mole”, la autora, premio Cervantes 2013 y cronista deslumbrante, examina con inteligencia el mundo; del feminismo a los estudiantes desaparecidos

 Por Laura Ventura

La Nación, de Argentina

  Después de que hubiese amamantado a su hijo recién nacido, a las 7 de la mañana, dejaba el bebé en la cuna al cuidado de su marido y salía a la calle a buscar testimonios. Del refugio de su hogar a la intemperie del horror; del calor de lo doméstico al frío de la incertidumbre; del instinto maternal a la experiencia que da el oficio. Era 1968, año clave para el movimiento estudiantil en todo el planeta, y en el DF mexicano una masacre, cuyo número de víctimas aún hoy se desconoce, ocurría en la Plaza de las Tres Culturas.Elena Poniatowska recogía voces anónimas en los hospitales, en las esquinas y en las cárceles, y las convertía en almas concretas, con nombre y apellido, piezas de un mosaico que construyó en La noche de Tlatelolco, uno de los textos más perfectos del llamado “nuevo periodismo”. “¿Importa cómo me llamo? Póngame Juan”, le decían a la reportera.

De aquella paleta de distintos matices y de ese mural coherente y poroso con el que construye su técnica a la deconstrucción de su vida en retazos y en instantáneas que su memoria rescata. Pasaron ya 46 años y aquel bebé, Felipe Haro, la mira con sus mismos ojos azules mientras ella encanta a desconocidos con sus relatos.

Hace algunos meses, la ganadora en 2013 del Premio Cervantes, máxima distinción para las letras en castellano, recibió un llamado de su amiga Paula Mónaco, periodista argentina, que la ponía al tanto de otro hecho atroz que involucraba estudiantes: los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a seguir indignados”, dice con un tono cordial y sereno en la Universidad Complutense de Madrid, donde acaba de ser distinguida con el doctorado honoris causa. En esa aula elude halagos y agradece la oportunidad para referirse a sus compatriotas, a esos chavos. “No quiero hablar de masacre, no quiero usar esa palabra hasta que no se sepa la verdad. La desaparición es una nueva forma de tortura en mi país.”

Fiel a su estilo, la denuncia no se expone en forma de alarido, sino de arrullo. Su modo de confrontarse con el poder y de clamar justicia se manifiesta con una pluma exquisita, con la claridad y economía de expresión de quien domina la lengua, con el poder de hipnotizar auditorios con su cadencia, con la sabiduría de quien advierte que la masa está constituida por individualidades. En un reciente discurso en el Zócalo se tomó su tiempo para nombrar uno por uno a cada uno de estos estudiantes (“muchos de ellos tan chaparritos como yo”) con sus pasiones y sus sueños particulares.

“Pensábamos que con Tlatelolco ya era la última vez, pero no. Estamos aterrados con lo que sucedió. Ellos eran muchachos muy pobres que dormían en cartones. No tenían sitio donde poner sus cosas. Comían frijoles y arroz. Es incluso un crimen de racismo porque se trata de gente sin oportunidades, cuya única salida era ingresar en los normalistas [convertirse en maestro]. Los estudiantes están dispuestos a mantener vivo este reclamo. Lo que hicieron en Internet ha sido un ejemplo para la ciudadanía. Hay una acción espontánea que busca la verdad. ¿Quién nos cuida? No hay lazo entre los mexicanos y su gobierno. Cada uno que llega al poder lo usa como si fuese rancho de su propiedad”, dice frente a un auditorio integrado por estudiantes españoles y por miembros de la prensa de habla hispana, todos ellos conocedores -y muchos también admiradores- de esta revolucionaria de la crónica.

¿Era consciente del texto que creaba cuando escribía La noche de Tlatelolco (1971)?

-A mí, por entonces, me dictaba la indignación. Tenía tal cantidad de material que demoré mucho? empecé a cortar las repeticiones y así nació. Mi marido [Guillermo Haro, fundador de la astronomía moderna en México, cuya biografía escribe Poniatowska en El universo o nada] me decía que no aguantaba escuchar todas esas voces.

-¿Considera que la no ficción debería considerarse un género literario en sí mismo?

-No. Pienso que todo el mundo, incluso los que dicen que escriben ficción, escriben su propia realidad. Carlos Fuentes escribió Cambio de piel, donde el personaje se separa de su mujer y como tiene gastritis anda con un frasco de leche rarísima. Esa novela la escribe en un momento en que se había separado de Rita Macedo. Hacía era un diario de su vida en ese momento.

-Usted dijo que las crónicas no deben dar respuestas.

-Sí. Ése fue mi intento, documentar sin dar respuestas. Además, soy muy insegura y todavía tengo mucho miedo de equivocarme, aunque hay que vencerlo. Pero también, cuando uno está muy seguro de sí mismo, mete la pata, se equivoca.

-¿Y tuvo alguna vez miedo del poder?

-Nunca, porque no personalizo tanto. No pienso que algo me puede pasar. Tengo una capacidad de inconsciencia inmensa desde niña.

-¿Es posible lograr la objetividad en un texto de no ficción, a pesar de que utilicen documentos y fuentes como estrategia para alcanzar verosimilitud?

-Nunca un texto es exactamente la realidad. Se construye. ¿Ves ese cuadro? [señala a un monarca con la banda de la familia Bordón]. Desde aquí veo una mano, pero tú ves la otra. El periodista puede ver cosas que el otro no ve o eso en lo que otro no se fijaría nunca. Son pareceres, todo depende del color con el que se mire algo.

-Y para usted la observación es fundamental.

-Sí. Mis preguntas parten siempre de ahí y de una gran ingenuidad. Cuando lo conocí a Diego Rivera no había visto sus murales, no sabía quién era. Me impresionaron sus dientes tan chiquitos en ese hombre tan grande y le pregunté si eran de leche: “Sí, para comerme polaquitas preguntonas”, me dijo.

-¿Usted se considera periodista antes que escritora?

-Es que todo se lo debo al periodismo. Fue un aprendizaje de vida. Nunca podría haberme acercado a tanta gente y tener el privilegio de preguntar. La literatura exige tranquilidad, manos muy quietas, no las zozobras del periodismo, donde te das cuenta una vez publicada la historia de que podría estar mejor.

-Laura Restrepo escribió que usted “podría haber sido parte del boom“, pero que no se la incluyó por ser mujer y porque además estaba escribiendo un texto de “supervanguardia” cuando se producía la eclosión.

-Laura es una gran amiga y entiendo que ella señala que no hubo mujeres en el boom. Allí deberían haber estado Elena Garro, la primera mujer de Octavio Paz; Rosario Castellanos, porque para leer a Chiapas hay que leerla a ella, y María Luisa Puga. Yo no tendría por qué estar allí, por ser más joven además, si bien Vargas Llosa es parte del boom y tenemos casi la misma edad. Por entonces estaba en otra cosa.

-Esa otra cosa es Hasta no verte Jesús mío, la biografía de una mujer común, una lavandera.

-Sí. No pude poner su nombre verdadero. Iba los miércoles a verla y no me dejaba grabarla porque me decía que le robaba la luz. Por entonces mi grabador era una caja grandotota que necesitaba enchufarse.

-¿Se considera feminista?

-Sí. Somos muy olvidadas las mujeres. Nos sacan afuera. Esto no pasa sólo en México, sino en América latina. Las mujeres que hacen algo son solteras o suicidadas, como Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik o Antonieta Rivas Mercado.

-Pero su caso es una excepción, formó una gran familia?

-Soy apenas una “pinche periodista”.

Así la llamaba su tía Guadalupe Amor para denostarla, celosa de su talento. Lupe era artista y había posado desnuda para Diego Rivera, pero era su sobrina quien estaba destinada a pasar a la historia por su osadía. “Sí, soy una pinche periodista, pero una periodista con suerte”, retruca. Y, además, habría que agregar que es una periodista cuyos textos se estudian en las universidades.

Hace 82, hija de un príncipe, descendiente del último rey de Polonia, nacía en Francia Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. “Mi origen polaco es relativo, está sólo en el apellido. Soy más mexicana que el mole.” De esa infancia que califica como privilegiada y de una educación a la jeanette [el equivalente femenino de los boy scouts de la época], cuando su padre partió a la guerra, su madre regresó a su patria con sus dos hijas. “No lo vimos por muchos años a mi padre. Él vio Auschwitz y quedó dañado para siempre.”

De la racionalidad de la arquitectura francesa y la patisserie parisina a las ruinas prehispánicas y los sabores picantes, un nuevo mundo se abrió para la pequeña de 10 años. “En París nunca había visto gente descalza ni personas que se replegaran en las paredes a tu paso para no estorbar. Ése fue mi inicio, el interés por escribir sobre personas que nunca te van a leer, gente que no lee el periódico, cuyas vidas no son nada.” Ese poder de hacer visibles a los olvidados la condujo a bucear en personajes que no aparecen en los libros de historia, pero que fueron clave en la configuración de su país.

Sin el respaldo de una superficie sólida, en el reverso de hojas que contienen texto impreso, Poniatowska toma nota con una letra muy redonda. Sentada en la primera fila escucha con atención a un grupo de académicos que analiza su obra. Sin la monotonía de los renglones, con una diagramación más parecida a un cuadro sinóptico, escribe. Su secreto fue -y sigue siendo- saber escuchar a los demás. Una periodista se acerca a ella emocionada, le hace una pregunta y en lugar de dar espacio para una respuesta comienza a hacer gala de su erudición. Sus colegas se inquietan, pero la escritora la escucha azorada por esa verborragia que no respeta ninguna sintaxis. Gracias a esa paciencia y oído fino pudo “aprender el español en las calles con los gritos de los pregoneros” cuando llegó a México.

Esa abuela de diez nietos, diminuta y de contextura frágil, desterró de su boca el “había una vez” de los cuentos de hadas. Lo suyo no es la ficción. Hay un volcán de picardía en cada anécdota que la lleva a reproducir la frase perfecta de los encuentros más eclécticos que le ha tocado presenciar o protagonizar. Quizás uno de las más recientes sea la de su nieta menor con el rey Juan Carlos, en 2013, cuando toda su familia la acompañó a España para recibir la máxima distinción de las letras en castellano.

-¿Y tu corona?

-La tengo guardada en el bolsillo -respondió el monarca.

-¿Es bonito ser rey?

-A veces.

Y al relato polifónico le aporta sin moraleja un final. “Se ve que por entonces ya estaba pensando en dejarlo”, resume.

No hay resentimiento en el discurso de Poniatowska. Es hábil para codearse con monarcas, analfabetos, sindicalistas, trabajadores y estudiantes, distintas generaciones y clases sociales. De un seno aristocrático, y con una educación que completó en los Estados Unidos, les dio voz a muchos librepensadores (y otros no tan anónimos) de izquierda.

-¿Tuvo enfrentamientos con su familia por sus ideas o textos?

-No. Mi madre era una mujer inteligente. A ella, por ejemplo, no le gustaba Tina Modotti [la autora escribió su biografía, Tinísima], la odiaba con toda su alma, porque le parecía horrible que una mujer posara desnuda en una azotea [hay una foto famosa donde se puede ver a la fotógrafa italiana], y porque era comunista. Mi mamá, en cambio, era muy religiosa, algo que la ayudó a aguantar la muerte de mi hermano menor, quien murió a los 21 años. Cuando me encontró que estaba haciendo un texto para una exposición de Tina me retó en perfecto francés, le parecía horrible que le dedicara tiempo a una mujer como ésa. La ironía es que esa novela se la dediqué a mi madre.

-¿Le gustaría escribir su autobiografía?

-No sé si tenga tiempo. No es algo que se me antoje. A veces he escrito diarios y cuando los he encontrado y releído me he aburrido. De todos modos, creo que uno mete mucho de uno mismo en todo lo que escribe.

-Por ejemplo, hay algo de Leonora Carrington que se asemeja a su vida, tuvo una educación parecida a la de la pintora [Poniatowska escribió su biografía].

-Sí, fuimos el mismo tipo de niña, de esas a las que les enseñaban a tocar el piano y a montar a caballo, a amar el campo, la adoración por las verduras, las frutas y todo lo verde.

-Pero su vejez, con respecto a la de la pintora, es muy distinta.

-La vejez te aísla porque la gente te va abandonando.

-Algo que a usted no le ocurre.

-Es así. Pero por las dudas, toco madera (y lo hace).

Lleva un traje azul y sobre sus hombros un chal de reciente adquisición, aunque no flamante. Para protegerla del frío y como gesto de respeto, una desconocida con la que apenas había cruzado unas palabras se lo quitó y regaló la noche anterior. Esa mujer ahora regresa a la universidad con su marido y se emociona al ver a Poniatowska cubierta con aquel pañuelo.

“Es justo aclararle hoy a mi nieta que soy una evangelista después de Cristo, que pertenezco a México y a una vida nacional que se escribe todos los días y todos los días se borra porque las hojas de papel de un periódico duran un día. Se las lleva el viento, terminan en la basura o empolvadas en las hemerotecas”, pronunciaba en su discurso de aceptación del Premio Cervantes. Pero Poniatowska no se pierde entre la tropa de narradores que escriben el presente y así se ubica como exponente de una estirpe, ajena a esa que posee con sus gotas de sangre noble. De aquel pasado que procuró convertirla en una elegante jinete en París habla de una imagen y de un idioma que la identifica mucho más: “la Sancho Panza femenina”. Es ella una de las herederas de la tradición de cronistas de las Indias que describieron los escenarios y habitantes de América latina, esta vez, sin que su pluma sirviera a ninguna corona o iglesia. Rebelde y temeraria, Poniatowska se niega a conformarse con el hecho de que la historia la escriben los que ganan. A quien están siendo derrotados, a ellos, rescata del olvido..

El símbolo Ayotzinapa

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Por Gerardo Arreola. Periodista mexicano.

Tomado de Catalejo (blog de la revista Temas)

Desde que estalló (26/9/14), centenares de noticias, reportajes, artículos, editoriales, debates televisivos, se han acumulado sobre el acontecimiento Ayotzinapa. 122 días después, la mayoría de las megacadenas de TV, gran prensa y agencias de noticias en todo el mundo ya lo han confinado a un segundo plano, o han dejado de tratarlo ¿Cuál es su significado? ¿Qué revela acerca del funcionamiento real de la democracia, el sistema de partidos, los órganos de justicia, el estado de derecho? ¿Qué demuestra sobre la seguridad ciudadana y la trama de poderes paralelos que la amenazan, y hasta llegan a penetrar los tres poderes públicos? ¿Cuáles son sus lecciones, más allá de México, sobre la capacidad de los sistemas políticos en la región para garantizar las libertades y el ejercicio efectivo de la condición ciudadana?  La revista Temas agradece a nuestro colaborador Gerardo Arreola por el envío de este ensayo, especialmente escrito para Catalejo, acerca de un tema fundamental para América Latina y el Caribe.  

El ataque a los estudiantes normalistas, en septiembre pasado, detonó en México la ira popular y el reproche al desempeño del gobierno ante este caso y ante otros igualmente estrujantes. Unió la indignación de años por la inseguridad y la impunidad y por la corrupción que las hace posibles.

Ayotzinapa, el poblado del sureño estado de Guerrero en el que estudiaban los normalistas, se convirtió en un símbolo: el del último límite al que llegó el país con aquellos reclamos. En la historia moderna de México solo hay otro símbolo semejante: la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, que aplastó a un movimiento de impulso democrático.[1]

El movimiento tenía demandas elementales contra la represión, pero su resorte interno era profundo: fue el último límite al que llegó el país, harto de un régimen político con férreas limitaciones a las libertades individuales y sociales y el agobio de la desigualdad.

Aún se desconoce la marca que dejará Ayotzinapa y si el escenario cambiará, como cambió después del 68 mexicano. Pero el otoño de 2014 ya mostró un ánimo popular, el brusco viraje en la agenda política nacional y el escepticismo dentro y fuera del país sobre la capacidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de reaccionar a la altura de los hechos.

La era del PRI

Desde mediados del siglo XX la economía mexicana tuvo un sector público fuerte y un proteccionismo que impulsó el desarrollo de una clase empresarial. Durante décadas México vivió con estabilidad de precios y un crecimiento por persona de más del 3% en promedio anual. De un país rural y agrario se convirtió en otro, industrial y urbano.[2]

Sin embargo, el fruto se repartía de manera desigual. La inequidad en el ingreso se volvió creciente, radical y tensa. El gobierno apeló a la retórica social y a los mecanismos de control a través del partido de gobierno, el Revolucionario Institucional (PRI). Cuando esos diques fallaron vino la represión selectiva.

Durante ese periodo germinaron demandas populares, de las cuales las más visibles fueron la democracia y la equidad social. Conictos locales y limitados (por reclamos agrarios, salariales o de condiciones de trabajo), a menudo se volvieron asuntos políticos nacionales.

La necesidad de esos movimientos de gestionar en forma democrática sus peticiones, chocaba con la esencia del régimen, el hueso duro del autoritarismo, que no dejaba espacio para deliberaciones. En las elecciones abundó el fraude. La asxia civil y la tendencia represiva ocial, cobijada por un alegato rancio, propio de la guerra fría, culminaron el 2 de octubre.

Tlatelolco impactó al país entero. No resultó extraño que a los pocos meses, desde el mismo centro del poder, se ventilara la necesidad de lo que se llamó “apertura democrática”.

El péndulo se mueve

Desde mediados de los 70 se esperaba en México un giro que permitiera el pluralismo, la legalidad electoral, la vigencia efectiva de las garantías individuales y sociales y la existencia de un Estado de derecho bajo el mandato de la Constitución. En 1977 la primera reforma electoral abrió la puerta a nuevos partidos.

Al mismo tiempo, por esa época empezó a crecer en ocinas del área económica del gobierno el pensamiento neoliberal. Surgió una corriente de funcionarios de esa tendencia que pudo escalar posiciones, hasta llegar a la primera la en los años 80.

Entendieron que solo dentro del gobierno y en estrecho contacto con el PRI podían convertir su pensamiento en políticas públicas. Había madurado lo que algunos llamarían “el ADN de Hacienda” (por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algo así como elalma mater de la nueva fracción, cuya incubadora original fue el Banco de México).

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), esa corriente pudo inuir decisivamente en la formación de la política económica mexicana. Lo hizo con el paraguas de combatir los excesos y desastres del estatismo del pasado inmediato (deuda externa imparable, emisión continua, inación, obesidad gubernamental, indisciplina scal, ineficiencia del sector público, regulación extrema, despilfarro, corrupción).[3]

Pero la corrección se hizo por una vía fundamentalista, que movió el péndulo hacia el otro extremo: apertura comercial ilimitada y amplia privatización. En los años 90 los gobiernos de Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) fueron el punto de inflexión.

Pareciera que todo era un mismo paquete inevitable: a más democracia, más privilegios al capital privado; a más libertades civiles, más desregulación interesada. Se impuso el discurso que mezclaba sin recato unos y otros componentes hasta hacerlos mellizos.

Un escenario político desconocido por generaciones en México llegó como un bombón envenenado. Hubo más partidos y un ancho margen para la libre expresión. Entes autónomos velaban por la transparencia ocial, el rigor de las cuentas públicas y la vigencia de los derechos humanos. El PRI perdió gubernaturas, la mayoría en el Congreso y la Presidencia de la República. El conservador Partido Acción Nacional (PAN) gobernó de 2000 a 2012.

Sin embargo, ni el nuevo escenario ni la alternancia mejoraron las condiciones de vida de las mayorías. Grandes privatizaciones terminaron en operaciones fallidas o en la súbita formación de fortunas. Fracasos escandalosos de los privados (bancos, carreteras, azúcar) se convirtieron en deuda que pagarán generaciones de mexicanos.[4]

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte excluyó la fuerza laboral y salvaguardas o fondos de cohesión, como los europeos, por lo que resultó un pacto igualitario entre desiguales.[5] El Estado cedió herramientas y capacidad de actuación. La experiencia democrática se atascó con nuevas barreras, como la tácita alianza entre el gobierno y las principales cadenas de televisión y la concentración de facultades y privilegios en las cúpulas de los partidos. La desigualdad y la corrupción siguieron tensando la cuerda.[6]

Mezcla explosiva

En el último cuarto de siglo México vivió una mezcla explosiva. El desvanecimiento del Estado se unió al fortalecimiento de bandas criminales y al incremento del flujo de armas desde los Estados Unidos. Los carteles de la droga impusieron su ley en zonas del territorio nacional. Compraron o expulsaron a poderes locales. Establecieron alianzas en el exterior y se insertaron en el circuito negro de la economía global.

El endurecimiento del control estadounidense de la frontera común, después del 11 de septiembre de 2001, impulsó en México el almacenamiento, comercio y consumo de enervantes. Sin embargo, los Estados Unidos —primer consumidor mundial— han permanecido como el destino principal del tráfico de drogas desde el sur, cuya principal vía de acceso es México.

Los golpes a algunos consorcios del narcotráfico provocaron un desdoblamiento de agrupaciones delictivas, por lo que la hidra se regeneró con nuevas cabezas, en nuevos territorios.

Al mismo tiempo, algunas bandas añadieron a su cartera el secuestro, la extorsión masiva (cobro de derechos a poblaciones y regiones enteras); la infiltración económica (ocupación de empresas para ejecutar negocios ilegales con cobertura legal); el tráfico de personas, de vehículos y de armas.

El Estado cedió y el crimen organizado avanzó. México ha vivido una espiral de violencia con periodos de altas y bajas, pero incesante, desde mediados de los años 80.

Dos episodios recientes influyeron, además, para intensificar la vorágine: a) el presidente George W. Bush dejó expirar en 2004 la prohibición de venta de armas de asalto, y b) la Operación Rápido y Furioso (2009-2010), por la cual la Oficina de Control de Armas, Alcohol y Tabaco de los Estados Unidos diseminó más de dos mil armas entre redes delictivas mexicanas, con la intención de seguir el rastro del mercado negro; el seguimiento fracasó y las piezas se perdieron en la bruma del crimen organizado.[7]

La estimación ocial de México es que el 70% de las armas en manos de la delincuencia organizada procede de los Estados Unidos.

Delincuencia uniformada

Desde los años 50 el Ejército salió a las calles a reprimir estallidos sociales, que se hicieron más frecuentes en la década siguiente, hasta llegar a Tlatelolco. Luego hubo alzamientos guerrilleros que sucumbieron por la falta de apoyo social, las delaciones y la reacción ocial de extrema violencia.

Bajo los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) actuó la Brigada Blanca, un grupo de élite militar y policial, que devino escuadrón de la muerte. Con impunidad para sofocar a las guerrillas, secuestró, torturó, desapareció y asesinó. Con métodos similares, unidades del Ejército enfrentaron los alzamientos rurales en Guerrero.[8]

Cuerpos como la Dirección Federal de Seguridad (DFS, policía política) y policías locales, experimentados en la violación de derechos humanos en etapas anteriores, se cobijaron en la campaña anti-guerrillera para extender la arbitrariedad a toda persecución contra opositores e incluso contra la delincuencia común.

De esa época proceden las prácticas extremas en la tortura, la sevicia y el terror. Pertenecen a la misma escuela de otros episodios negros de América Latina, desde los Tigres de Masferrer de la Cuba de Batista hasta los militares brasileños, la Triple A de Argentina, la DINA o la Operación Cóndor, si bien en México no alcanzó esas dimensiones.

Esa práctica se expandió entre las policías. Ahora es foco de atención de la sociedad, los medios de información y los gobiernos federal y locales; objeto de legislación y litigio y tema prioritario en las instituciones de derechos humanos. Pero no ha desaparecido.

La escuela del crimen dentro de las corporaciones públicas se diseminó entre las bandas delictivas. Peor aún: la delincuencia organizada se nutrió de desertores del Ejército y las policías.

Llamamiento a la 8ª Acción global por Ayotzinapa y México, 26 de enero de 2015.

La izquierda

A pesar de su escasa presencia entre la mayoría de la población, la izquierda mexicana en el siglo pasado influyó en numerosos movimientos sociales. Sin embargo, fue altísima y desproporcionada su cuota de víctimas (perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados), en particular procedentes de la principal formación, el Partido Comunista Mexicano (PCM).

Su propia experiencia y la realidad nacional impulsaron a la izquierda a privilegiar entre sus metas la defensa de las libertades democráticas. Después de décadas de clandestinidad, el PCM llegó a la vida legal con la reforma de 1977. Luego se fusionó con otros grupos, que llevaron a la fuerza unificada a la creación en 1989 del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El perredismo alcanzó presencia en las instituciones públicas y desde ahí empezó a cambiar su perfil, para hacerse más parecido a los demás partidos. Se organizó en corrientes internas, que se reparten candidaturas y cuotas de poder según su fuerza. Se concentró en pactar alianzas de cualquier tipo para obtener posiciones de cualquier nivel, sin importar ideología, práctica, historia o intereses de los aliados. En una variante radical de esa línea, hubo aliados que fácilmente se convirtieron en miembros y hasta dirigentes del partido.

La obsesión por llegar a los gobiernos y acumular diputaciones, alcaldías y presupuestos públicos llevó al PRD a vender su alma al diablo. La expresión plástica de esa trayectoria es Guerrero: el ex alcalde de Iguala, procesado como presunto autor intelectual del ataque a los normalistas en ese municipio y por homicidios y secuestros anteriores, fue postulado por ese partido; su esposa, consejera estatal del partido, es identificada como jefa regional de un grupo delictivo; el ex gobernador del estado, omiso ante la presumible conducta delictiva de ese matrimonio, también fue candidato perredista.[9]

La ira popular en las manifestaciones del otoño resume las últimas décadas de la vida política mexicana con este grito: “Ni PRI, ni PAN, ni PRD”.

Un mar de víctimas

Después de Tlatelolco y la guerra sucia, la mezcla explosiva de los últimos tiempos cobró nuevas víctimas. Una ola de feminicidios lanzó al mundo el nombre de la fronteriza Ciudad Juárez. A metros de un retén de policía, paramilitares asesinaron a 45 indígenas que oraban en un templo en la localidad de Acteal, Chiapas (sur). En el paraje de Aguas Blancas, Guerrero, policías locales mataron a 17 campesinos que iban a un mitin por la desaparición de uno de los suyos.

Un individuo apodado El Pozolero (por pozole, una sopa típica), fue detenido y confesó sus crímenes: disolvía con sosa cáustica en agua hirviente los cadáveres de víctimas de un grupo delictivo. En el poblado de San Fernando, Tamaulipas (noreste, frontera con los Estados Unidos), aparecieron en una fosa clandestina los cadáveres de 72 migrantes latinoamericanos. El poeta y periodista Javier Sicilia cambió su vida para dedicarse a la defensa activa de los derechos humanos: una noche su hijo adolescente fue asesinado sin motivo, en la antes tranquila ciudad de Cuernavaca. Tres funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos fueron asesinados en el norte del país; dos agentes de la CIA fueron heridos en un ataque a balazos a su vehículo, en el estado de Morelos.

En un paraje rural del municipio de Tlatlaya, Estado de México, a unos 240 kilómetros de la capital del país, murieron 22 personas a manos de una patrulla militar; siete efectivos están procesados, tres de ellos por homicidio calificado.

Todo esto ocurrió antes del ataque a los normalistas, solo en las últimas dos décadas, entre muchos otros episodios similares.

En una carretera del norte fueron acribillados el jefe regional de seguridad de Tamaulipas, un general de brigada, retirado del Ejército y su esposa. En ese estado fue asesinada una tuitera que divulgaba hechos de violencia. En la ciudad de Guanajuato (centro), un universitario que asistía al Festival Cervantino fue detenido por la policía local; su cadáver apareció al día siguiente. En el cerro del Ajusco, al sur del Distrito Federal, una estudiante de química de la Universidad Nacional, fue hallada muerta después de que sus padres pagaron parte del rescate que exigían sus secuestradores.

Esto último ocurrió después de Iguala, en un lapso de dos meses.

La mañana del 27 de noviembre, horas antes de que Peña Nieto anunciara un plan de seguridad, se descubrieron siete cadáveres decapitados en el municipio de Chilapa, Guerrero.

El símbolo Ayotzinapa expresa el reclamo por los asesinatos y desapariciones en Iguala, pero resume el agravio acumulado, la impotencia y la ira de una población que no alcanza a mirar el principio del fin de esta espiral de violencia.

Si los normalistas corrieron la suerte que describe la pesquisa ocial (atacados y secuestrados por la policía de Iguala, entregados a la policía de Cocula, asesinados e incinerados por una mafia), todo ocurrió, en primer lugar, por una realidad estremecedora: secuestrar, matar y desaparecer gente es algo común y corriente en esa parte del país (y también en otras).[10]Así lo demuestran las fosas clandestinas halladas en la zona, que testifican otros crímenes aún sin la resonancia del caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Aunque los datos varían según la fuente, no hay duda de que México está entre los países de América Latina con más alto índice de homicidios dolosos (en el rango de 20-30 por 100 mil habitantes, en una escala en la que otros seis países están arriba de 30).[11] 

Un país ante un símbolo

La bola de fuego que se expandió por México como protesta saltó al exterior y se volvió titular de portadas. De Washington al Vaticano, de la ONU a los jóvenes en la calle en decenas de países, el mundo se preguntó cómo llegó México a este punto y como saldrá de la crisis.

La imagen de Peña Nieto cambió de pronto. De un presidente reformador, que prometía disparar al país a una era de progreso y modernidad y que había apartado la violencia del discurso ocial, pasó a ser otro, enfrentado al México real, a la crítica y al reclamo internacional de orden y legalidad.

Dentro del país, las impugnaciones al mandatario recorrieron toda la gama posible. En medio de la protesta masiva por Ayotzinapa, un factor adicional sacudió la figura del presidente. Informes de prensa y reportes oficiales abrieron la interrogante de si Peña Nieto pudo incurrir en un conflicto de intereses por lo que parece un trato preferente a una constructora, beneficiaria de contratos oficiales desde que el ahora presidente era gobernador del Estado de México (2006-2012).

El gobierno mantiene abierta la investigación del caso Ayotzinapa e impulsa una reforma legislativa sobre seguridad. El presidente ha dicho que seguirá con su plan de gobierno, continuación en otra escala de los ejecutados en las últimas tres décadas.

En la calle subsiste la oposición encendida y el repudio a los partidos, que se extiende a las instituciones. Pero no se advierte una forma clara de convertir esa energía en un programa o en hechos políticos decisivos. En las franjas extremas de la protesta callejera han surgido brotes de violencia descontrolada.

En ese vacío entre gobernantes y gobernados hay una crisis de legitimidad de los poderes públicos. Se expresa en la defensa popular del pluralismo y las libertades individuales y sociales y en la exigencia simultánea de rendición de cuentas y en el repudio a la corrupción.

Semejante crisis coincide con el retroceso en las capacidades del Estado y la espiral de violencia. En este tenso cambio de año no se mira cerca una salida al estilo del caracazo o el argentinazo, pero México ya es otro. El símbolo de ese cambio es Ayotzinapa.

 1] Un listado de fuentes sobre Tlatelolco enhttp://www.jornada.unam.mx/2003/09/28/mas-estante.html.

[2] Véase Tello, Carlos; Notas sobre el desarrollo estabilizador:http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/364/09carlostello.pdf.

[3] Una panorámica en Méndez Morales, José Silvestre;Neoliberalismo en México: http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf.

[4] El caso emblemático es el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro. En el sitio de la Cámara de Diputados hay esta cronología:http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont2/fobapro1.htm.

[5] El ex presidente Carlos Salinas defiende el pacto que firmó, pero reconoce las fallas y ausencias: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/-8220ademas-del-tlc-falto-un-tratado-migratorio-8221-213007.html.

[6] Sobre las televisoras, un resumen en Toussaint, Florence,Televisa y Azteca: ¿un duopolio televisivo?, http://www.proceso.com.mx/?p=296485. Sobre la degeneración del sistema de partidos: Lorenzo Meyer,Partidocracia: un gran problema nacional,http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/140529.pdf.

[7] Cronología de Rápido y furioso enhttp://aristeguinoticias.com/2006/mexico/rapido-y-furioso-la-cronologia-del-escandalo/

[8] Breve historia de la Brigada Blanca enhttp://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=014n1pol. Informe final de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero: http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf

[9] Un emblema de esta crisis son las renuncias sucesivas al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, ex líderes y ex candidatos presidenciales.

[10] Véase http://www.jornada.unam.mx/2014/11/08/politica/002n1pol.

[11] PNUD; Informe regional de desarrollo humano 2013-2014;www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Resumen%20Ejecutivo.pdf.

 

Narcotráfico deja reguero de pueblos fantasmas en México

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Una de las calles vacías del pueblo de Santa Ana del Águila, en el municipio mexicano de Ajuchitlán del Progreso, donde casi no queda nadie y las casas y negocios están cerrados y muchos de ellos con señales de haber sido baleados.

Lo que hay es lo de siempre: se llena de policías y Ejército, pero no pasa nada, no hay detenciones importantes. Yo ya lo dije: no los queremos aquí, en la cabecera municipal, que vayan a cuidar las comunidades, que es donde hacen gran falta”: alcalde José Carmen Higuera.

Por Daniela Pastrana

IPS- AJUCHITLÁN, México, 5 feb 2015

El Cerro del Águila, que hace dos siglos fue refugio de insurgentes independistas en México, es ahora un bastión de grupos criminales que se disputan el control de la zona y del próspero tráfico de amapola, dejando a su paso un reguero de pueblos fantasmas. 

Desde esta montaña se puede observar quienes entran o salen de muchas comunidades de esta región, denominada Tierra Caliente, y que se extiende por la cuenca del río Balsas, en el sureño estado de Guerrero, y en municipios colindantes de los vecinos estados de Michoacán y de México.

Esos estados fueron protagonistas en la criminalidad asociada con el tráfico de drogas durante 2014: Michoacán, por ser el estado que armó a fuerzas paramilitares, conocidas como autodefensas, México, en el que el ejército ejecutó al menos 15 civiles, y Guerrero donde policías municipales emboscaron y desaparecieron a 43 estudiantes campesinos.

En Santa Ana del Águila, un pueblo a las faldas del cerro que pertenece al municipio de Ajuchitlán del Progreso, más de la mitad de la población ha huido en las últimas semanas. No hay comisario, ni cura, ni encargada del almacén de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar del gobierno federal para abatir la pobreza.

Las ventanas de las casas están cerradas, igual que las persianas de los comercios. El centro de salud y las escuelas tienen candados. Solo el colegio de educación media osó abrir después de las vacaciones de fin de año, con un alto costo: el 12 de enero, el segundo día de clases, fue secuestrado el maestro y sus familiares no han podido reunir aún el rescate.

“No tengo miedo a morir, pero me duele la forma en la que va a morir esta gente”, dijo a IPS uno de los pobladores que, al menos por ahora, sigue en la localidad, cuya población oficial es de 748 personas.

Ajuchitlán del Progreso y el vecino municipio de San Miguel Totoloapan son los más asolados por la violencia criminal en Guerrero. Varios grupos delictivos, entre ellos los muy violentos carteles de La Familia Michoacana y Guerreros Unidos, pelean por el control territorial de esta región que es clave para el tráfico de amapola.

En entrevista con IPS, el alcalde de Ajuchitlán, José Carmen Higuera Fuentes, admitió  que desde 2007, los principales delitos del municipio son el secuestro y la extorsión.

“Trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero hace falta una estrategia más eficiente, más operativa, con una verdadera labor de inteligencia”, dijo el alcalde, que no usa escoltas, pese a que dos de sus antecesores -Raymundo Flores y Esteban Vergara- están desaparecidos desde 2013.

Como en muchos otros casos similares de regidores o sacerdotes, no hay investigación ni denuncias.

“Hay mucha simulación (de las autoridades federales). Lo que hay es lo de siempre: se llena de policías y Ejército, pero no pasa nada, no hay detenciones importantes. Yo ya lo dije: no los queremos aquí, en la cabecera municipal, que vayan a cuidar las comunidades, que es donde hacen gran falta”, dijo el alcalde.

El municipio, con su cabecera del mismo nombre, tiene 127 localidades esparcidas en casi 2.000 kilómetros cuadrados y una población que antes del desplazamiento forzado se acercaba a los 140.000 habitantes.

Heroína para Estados Unidos

México produce casi la mitad de heroína que se consume en Estados Unidos y en los últimos años se ha convertido en el principal proveedor de derivados de opio de ese país, según la Evaluación Nacional de las Amenazas de las Drogas de 2014,de la Administración Federal Antidrogas (DEA) del vecino país.

En el reporte anual sobre los principales países productores y de tránsito de drogas hacia Estados Unidos que el presidente Barak Obama envió al Congreso legislativo en septiembre,  la DEA reportó un aumento de 324 por ciento en los decomisos de heroína en México entre 2009 y 2013.

“Estados Unidos está particularmente preocupado por el cultivo de amapola en México, el principal proveedor de derivados del opio”, consignó Obama en el reporte.

Las áreas de cultivo de amapola en el país se ubican en los estados con costas al océano  Pacífico, desde el sureño Oaxaca hasta el norteño Sinaloa y parte de la sierra del vecino  Chihuahua.

En las últimas tres décadas, Guerrero, uno de los tres estados más pobres del país, se ha mantenido como el principal productor. Algunos expertos estiman que aquí se producen 40 por ciento de opiáceos elaborados en México.

Por eso, el control de Tierra Caliente, con salida a dos puertos, es clave. Y por eso, Santa Ana del Águila y otras  comunidades de Ajuchitlán y Totolapan,  se han convertido en pueblos fantasma, que cada día suman nuevos desplazados por la violencia.

La última “ola” de enfrentamientos armados comenzó poco después de Navidad, según contaron a IPS lugareños de Santa Ana y de la cercana Garzas.

Pero el problema viene de lejos. Los desplazamientos forzados masivos en esta zona comenzaron en julio de 2013, cuando un combate entre bandas forzó la huida de 631 pobladores tan solo en Villa Hidalgo, una de las comunidades de Totolapan.

En total en aquellos días hubo una huida masiva de al menos 1.300 personas de siete comunidades, contó a IPS el alcalde de Totolapan, Saúl Beltrán Orozco.

La estatal y autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación y en el informe especial sobre los grupos de autodefensa y la inseguridad en Guerrero, presentado en diciembre, documentó 2.393 casos de desplazamientos forzosos entre mediados de 2013 y 2014.

La segunda oleada ocurrió entre marzo y julio de 2014. En marzo, 136 personas del pueblo de Linda Vista, también en Totolapan, caminaron sin alimentos casi un día por la sierra, hasta llegar a otro municipio y de ahí a Chipalcingo, la capital de Guerrero, donde pidieron refugio y fueron alojados en albergues para damnificados por las lluvias.

Tres meses después, civiles armados entraron a localidades de diferentes municipios, incendiaron casas y secuestraron o asesinaron a vecinos. En una de ellas, Atlayolapa, solo se quedó un matrimonio de ancianos.

Registros de la prensa local elevan a 4.000 los desplazados en la zona entre mediados de 2013 y de 2014 y un diputado nacional asegura que pasan de 7.000, dentro de otras cifras no verificables.

En enero,  luego del secuestro de siete personas, el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Manuel Rico Gámez, confirmó oficialmente la instalación de un campamento en la cabecera de Ajuchitlán,  para resguardar a sus comunidades de donde han huido más de 1.000 habitantes en las últimas semanas.

Pero las fuerzas federales –militares y policías- salen poco de la cabecera y se les ve paseando por su plaza, mientras la gente comenta cada día sobre nuevos asesinatos, incendios de viviendas y enfrentamientos en comunidades que están a solo 20 minutos del lugar.

“Es mucha simulación. Ni siquiera nos informan qué están haciendo”, insistió Higuera, al criticar que las fuerzas militares y policiales no patrullen por las comunidades, donde se producen los enfrentamientos. Resumió su soledad en la batalla con las mafias criminales con una expresión popular: “mejor solos que mal acompañados”.

Gaza en Arizona

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Empresas israelíes de alta tecnología blindarán la frontera EE.UUU.-México

Por Todd Miller y Gabriel M. Schivone

De TomDispatch

Tomado de Rebelión

En octubre de 2012 Roei Elkabetz, brigadier general del ejército Israelí (FDI), explicó las estrategias de control de las fronteras de su país. En su presentación en PowerPoint, apareció en la pantalla una foto del muro de encierro que aísla la Franja de Gaza de Israel. “Hemos aprendido mucho de Gaza”, dijo al público. “Es un gran laboratorio”.

Elkabetz estaba hablando en una conferencia y feria de tecnología fronteriza rodeada de una deslumbrante exhibición tecnológica, los componentes de su laboratorio de construcción de fronteras. Había globos de vigilancia con cámaras de alta potencia flotando sobre un vehículo camuflado para el desierto hecho por Lockheed Martin. Sistemas de sensor sísmico utilizados para detectar el movimiento de personas y otras maravillas del mundo del control moderno de fronteras. Alrededor de Elkabetz se podían ver ejemplos vívidos de hacia dónde se orienta el futuro de semejante control, tal como los imaginan no un escritor distópico de ciencia ficción sino algunos de los máximos innovadores técnicos de las corporaciones del planeta.

Nadando en un mar de seguridad fronteriza, el brigadier general, sin embargo, no estaba rodeado por el Mediterráneo sino por un paisaje árido del oeste de Texas. Estaba en El Paso, a 10 minutos del muro que separa EE.UU. de México.

A solo unos minutos más a pie, Elkabetz podría haber visto vehículos con franjas verdes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. desplazándose a lo largo del Rio Grande frente a Ciudad Juárez, una de las mayores ciudades de México, repleta de fábricas estadounidenses y de los muertos de las narcoguerras de ese país. Los agentes de la Patrulla Fronteriza que el general podría haber vislumbrado estaban siendo blindados mediante una combinación letal de tecnologías de vigilancia, armamento militar, rifles de asalto, helicópteros y drones. El sitio, otrora pacífico, se estaba transformando en lo que Timothy Dunn, en su libro The Militarization of the U.S. Mexico Border, llama un estado de “guerra de baja intensidad”.

La ofensiva en la frontera

El 20 de noviembre de 2014, el presidente Obama anunció una serie de acciones ejecutivas respecto a la reforma de la inmigración. Dirigiéndose al pueblo de EE.UU., se refirió a legislación bipartidista aprobada por el Senado en junio de 2013 que, junto a otras cosas, blindaría el mismo paisaje en lo que se ha denominado –en lenguaje adoptado de recientes zonas de guerra de EE.UU.– una “oleada fronteriza”. El presidente deploró el hecho de que la ley había quedado atascada en la Cámara de Representantes, saludándola como un “compromiso” que “reflejaba sentido común”. Señaló que “duplicaría la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, mientras ofrecía a los inmigrantes indocumentados un camino hacia la ciudadanía”.

Después de su anuncio, incluyendo acciones ejecutivas que protegerían a entre cinco y seis millones de esos inmigrantes contra la futura deportación, el debate nacional fue rápidamente enmarcado en un conflicto entre republicanos y demócratas. En esa guerra de palabras bipartidista se perdió una cosa: la acción ejecutiva inicial anunciada por Obama involucró una militarización de la frontera apoyada por ambos partidos.

“Primero”, dijo el presidente, “nos basaremos en nuestro progreso en la frontera con recursos adicionales para nuestro personal de mantenimiento del orden para que pueda limitar el flujo de cruces ilegales y aceleren el retorno de los que cruzan”. Sin entrar en más detalles, pasó a hablar de otros temas.

Sin embargo, si EE.UU. sigue el “sentido común” de la ley de la oleada en la frontera, el resultado podría agregar más de 40.000 millones de dólares en agentes, tecnologías avanzadas, muros y otras barreras a un aparato de control fronterizo que ya es incomparable. Y se enviaría una señal crucial al sector privado que, como señala la revista especializada Homeland Security Today, de que otro “tesoro” de beneficios ya está en camino para un mercado de control fronterizo, según las últimas predicciones, en un “período de auge sin precedentes”.

Como la Franja de Gaza para los israelíes, las zonas fronterizas de EE.UU., denominadas “zona libre de constitución” por la ACLU [Unión Americana para las Libertades Civiles], se están convirtiendo en un vasto laboratorio al aire libre de las compañías técnicas. Allí se puede desarrollar, probar y exhibir casi cualquier forma de vigilancia y “seguridad”, como si en un centro comercial militarizado, podría ser considerado para otras naciones en todo el planeta. De esta manera, la seguridad fronteriza se está convirtiendo en una industria global y pocos complejos corporativos pueden estar más satisfechos por este hecho que el que se ha desarrollado en el Israel de Elkabetz.

La frontera Palestina-México

Se podría considerar un augurio la presencia del brigadier general del ejército israelí en El Paso hace dos años. Después de todo, en febrero de 2014, la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cargo de controlar nuestras fronteras, contrató con Elbit Systems, el gigantesco fabricante militar privado de Israel, la construcción de un “muro virtual”, una barrera tecnológica cerca de la actual división internacional en el desierto de Arizona. La compañía, cuyas acciones negociadas en EE.UU. aumentaron un 6% durante la masiva operación militar de Israel contra Gaza en el verano de 2014, llevará el mismo banco de datos de tecnología utilizado en las fronteras de Israel –Gaza y Cisjordania– al sur de Arizona a través de su subsidiaria Elbit Systems of America.

Con unos 12.000 empleados y, como alardea, “más de 10 años asegurando las fronteras más problemáticas del mundo”, Elbit produce un arsenal de “sistemas de seguridad del interior”. Estos incluyen vehículos de vigilancia terrestre, minisistemas aéreos sin tripulación y “cercas inteligentes”, barreras de acero altamente fortificado que tienen la capacidad de sentir el contacto o movimiento de una persona. En su papel como principal integrador de sistemas para el plan de tecnología fronteriza de Israel, la compañía ya ha instalados cercas inteligentes en Cisjordania y en los Altos del Golán.

En Arizona, con un potencial de hasta 1.000 millones de dólares a su disposición, CBP ha encargado a Elbit que cree un “muro” de “torres fijas integradas” conteniendo lo último en cámaras, radar, sensores de movimiento y salas de control. La construcción comenzará en los accidentados y desiertos cañones alrededor de Nogales. Una vez que una evaluación del DHS considere que esa parte del proyecto es efectiva, el resto será construido para monitorear toda la extensión de las tierras fronterizas del Estado con México. Hay que recordar, sin embargo, que esas torres solo forman parte de una operación más amplia, el Plan de tecnología de la vigilancia de la frontera de Arizona. En esta etapa, es esencialmente un proyecto para una infraestructura sin precedentes de fortificaciones de alta tecnología de la frontera que ha atraído la atención de numerosas compañías.

No es la primera vez que las compañías israelíes han estado involucradas en un refuerzo de la frontera de EE.UU. De hecho en 2004 los drones Hermes de Elbit fueron los primeros vehículos aéreos sin tripulación que volaron para patrullar la frontera sur. En 2007, según La doctrina del shock de Naomi Klein, el Grupo Golan, una compañía consultora israelí formada por exoficiales de las Fuerzas Especiales de las FDI, suministraron un intensivo curso de ocho días a agentes especiales de inmigración del DHS cubriendo “todo, desde combate cara a cara a prácticas de tiro para ‘ser proactivos con sus vehículos todo terreno’” La compañía israelí NICE Systems incluso suministró a Joe Arpaio, “el alguacil más duro de EE.UU.”, de Arizona, un sistema de vigilancia para observar una de sus cárceles.

A medida que se intensificaba semejante cooperación fronteriza, el periodista Jimmy Johnson acuñó la adecuada frase “frontera Palestina-México” para reflejar lo que estaba sucediendo. En 2012 los legisladores estatales de Arizona, percibiendo el potencial del beneficio económico de esa creciente colaboración, declararon que su desértico Estado e Israel son “socios comerciales” naturales, agregando que es “una relación que deseamos reforzar”.

De esta manera, las puertas se abrieron para un nuevo orden mundial en el cual EE.UU. e Israel se convertirán en socios en el “laboratorio” es decir en las tierras fronterizas entre EE.UU. y México. Sus campos de ensayo estarán en Arizona. Allí, en gran parte a través de un programa conocido como Global Advantage, el conocimiento académico y corporativo estadounidense y la manufactura de bajo coste mexicana se fundirán con las compañías israelíes de seguridad de la frontera y del territorio nacional.

La frontera: abierta a los negocios

Nadie puede enmarcar el creciente romance entre las compañías de alta tecnología de Israel y Arizona mejor que el alcalde de Tucson Jonathan Rothschild. “Si va a Israel,  viene al sur de Arizona, cierra los ojos y da unas vueltas”, dice, “es posible que no note la diferencia”.

Global Advantage es un proyecto de negocios basado en una cooperación entre los Parques Tecnológicos Arizona de la Universidad de Arizona y el Grupo Offshore, una firma de consultoría empresarial y de construcción que ofrece “soluciones fronterizas a fabricantes de todo tamaño”, al otro lado de la frontera en México. Parques Tecnológicos Arizona tiene los abogados, contadores y eruditos, así como el conocimiento técnico, para ayudar a cualquier compañía extranjera a que tenga un aterrizaje suave y se establezca en el Estado. Ayudará a esa compañía a encarar aspectos legales, conseguir el cumplimiento de las regulaciones e incluso conseguir empleados cualificados. Y mediante un programa que llama Iniciativa Empresarial Israel, Global Advantage ha identificado su objetivo.

Hay que verlo como el ejemplo perfecto del mundo post Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA-TLC) en el cual compañías dedicadas a detener a los que cruzan ilegalmente la frontera, gozan cada vez de más libertad para cruzar las mismas fronteras. En el espíritu de libre comercio que creó el tratado NAFTA-TLC, los últimos programas de fortificación de la frontera han sido diseñados para eliminar fronteras cuando se trata de permitir que compañías de alta tecnología de ultramar establecidas en EE.UU. utilicen la base manufacturera de México para crear sus productos. Aunque Israel y Arizona están separados por miles de kilómetros, Rothschild aseguró a TomDispatchque “en la economía, no hay fronteras”.

Por cierto, lo que aprecia sobre todo el alcalde, es cómo la nueva tecnología fronteriza puede llevar dinero y puestos de trabajo a un área con casi un 23% de pobreza. Le importa mucho menos cómo serán creados esos empleos. Según Molly Gilbert, director de participación comunitaria para Tech Parks Arizona: “Se trata realmente de desarrollo y queremos crear puestos de trabajo tecnológicos en nuestras áreas fronterizas”.

Por lo tanto hay que considerar algo que no sea una ironía que, en este conjunto de desarrollo global de cooperaciones más allá de las fronteras, las fábricas que producirán las fortalezas fronterizas diseñadas por Elbit y otras firmas israelíes y estadounidenses de alta tecnología estén ubicadas sobre todo en México. Trabajadores mexicanos mal pagados fabricarán precisamente los componentes de un futuro régimen de vigilancia, que posiblemente ubique, detenga, arreste, encarcele y expulse a algunos de ellos si tratan de cruzar hacia EE.UU.

Global Advantage es una línea de montaje multinacional, un sitio en el cual la seguridad interior se encuentra con el TLC. Según se dice ahora mismo hay entre 10 y 20 compañías israelíes que discuten activamente la participación en el programa. Bruce Wright, director ejecutivo de Tech Parks Arizona, dijo a TomDispatch que su organización tiene acuerdos confidenciales con cualesquiera compañías que se adhieran y por lo tanto no puede revelar sus nombres.

Aunque se muestra circunspecto respecto a afirmar la Iniciativa Empresarial Israel de Global Advantage, Wright se muestra optimista sobre la planificación de su organización a través de la frontera. Mientras habla en una sala de conferencia ubicada en el parque de 5,5 kilómetros cuadrados en las afueras al sur de Tucson, es evidente que se siente estimulado por predicciones de que el mercado de Seguridad Nacional crecerá de un negocio anual de 51.000 millones de dólares en 2012 a 81.000 millones solo en Estados Unidos en 2020 y de 544.000 millones de dólares en todo el mundo en 2018.

Wright sabe también que los submercados para productos relacionados con las fronteras como vigilancia por vídeo, armamento no letal y tecnologías para la selección de personas avanzan rápidamente y que se piensa que el mercado estadounidense para drones creará 70.000 nuevos empleos hasta 2016. Este crecimiento es nutrido en parte por lo que Associated Press llama un “cambio imprevisto” a la vigilancia por drones en la línea divisoria sur de EE.UU. Más de 10.000 vuelos de drones se han emprendidos en el espacio aéreo fronterizo desde marzo de 2013, con planes para que haya muchos más, especialmente después de que la Patrulla Fronteriza duplique su flota.

Cuando Wright habla es obvio que sabe que su parque se encuentra sobre una mina de oro del Siglo XXI. Desde su punto de vista Arizona del sur, ayudada por su parque tecnológico, se convertirá en el laboratorio perfecto del primer grupo de compañías de seguridad fronteriza en Norteamérica. No solo piensa en las 57 compañías del sur de Arizona que ya han sido identificadas trabajando en la seguridad y la administración de fronteras, sino en compañías similares a escala nacional y en todo el globo, especialmente en Israel.

De hecho el objetivo de Wright es seguir el ejemplo de Israel ya que es ahora el sitio número uno para semejantes empresas. En su caso, la frontera mexicana simplemente reemplazará los terrenos de prueba palestinos altamente mercadeados. Los 5.500 metros lineares que rodean la granja de paneles solares de su parque tecnológico sería, por ejemplo, el lugar perfecto para probar sensores de movimiento. Las compañías también podrían desplegar, evaluar y probar sus productos “en el terreno”, como le gusta decir –es decir, donde la gente real cruza fronteras reales– como Elbit Systems lo hizo antes que CBP le diera el contrato.

“Si vamos a estar involucrados a diario con la frontera, con todos sus problemas y aspectos, existe una solución”, dijo Wright en una entrevista en 2012, “¿por qué no debería ser el sitio donde el problema se soluciona y obtenemos el beneficio comercial de hacerlo?

Del campo de batalla a la frontera

Cuando Naomi Weiner, coordinadora del proyecto para la Iniciativa Empresarial Israel, volvió de un viaje a ese país acompañando investigadores de la Universidad de Arizona, se mostró extremadamente entusiasta sobre las posibilidades de colaboración. Volvió en noviembre, solo un día antes que Obama anunciara sus nuevas acciones ejecutivas – una promisora declaración para aquellos que como ella participan en el negocio de refuerzo de las defensas fronterizas.

“Hemos elegido áreas donde Israel es muy fuerte y el sur de Arizona es muy fuerte”, explicó Weiner a TomDispatch, apuntando a la “sinergia” de la industria de la vigilancia entre los dos sitios. Por ejemplo, una firma con la cual su equipo se reunió en Israel fue Brightway Vision, una subsidiaria de Elbit Systems. Si decide establecerse en Arizona, podría utilizar su experticia en parques tecnológicos para desarrollar y refinar sus cámaras y gafas térmicas, mientras explora maneras de readaptar esos productos militares para aplicaciones de vigilancia de fronteras. El Offshore Group fabricaría entonces las cámaras y gafas en México.

Arizona, como dice Weiner, posee el “paquete completo” para semejantes compañías israelíes. “Nos encontramos directamente en la frontera, cerca de Fort Huachuca”, una base militar donde, entre otras cosas, los técnicos controlan los drones que vigilan las áreas fronterizas. “Tenemos la relación con la Aduana y la Protección de Frontera, de modo que hay mucha actividad. También somos el Centro de Excelencia sobre Seguridad de Frontera.”

Weiner se refiere al hecho de que en 2008 el Departamento de Seguridad Nacional designó a la Universidad de Arizona escuela principal para el Centro de Excelencia sobre Seguridad de Frontera e Inmigración. Gracias a esto ha recibido millones de dólares en subsidios federales. Concentrándose en investigación y desarrollo de tecnologías de control de fronteras, el centro es un sitio en el cual, entre otras cosas, los ingenieros estudian las alas de las langostas a fin de crear drones miniatura equipados con cámaras que pueden entrar en los sitios más pequeños cerca del nivel del suelo, mientras grandes drones como el Predator B siguen volando sobre las tierras fronterizas a 10.000 metros (a pesar de que una reciente auditoría del inspector general de seguridad nacional los consideró un desperdicio de dinero).

Aunque el romance Arizona-Israel todavía se encuentra en la etapa del cortejo, la excitación respecto a sus posibilidades aumenta. Los funcionarios de Tech Parks Arizona ven a Global Advantage el camino perfecto para fortalecer la “relación especial” entre EE.UU. e Israel. No hay otro sitio en el mundo con una mayor concentración de compañías de tecnología de la seguridad nacional que Israel. Solo en Tel Aviv se lanzan 600 nuevas empresas tecnológicas cada año. Durante el ataque a Gaza del verano pasado, Bloomberg informó de que la inversión en tales compañías “realmente se había acelerado”. Sin embargo, a pesar de las periódicas operaciones militares en Gaza y el incesante refuerzo del régimen de seguridad nacional israelí, existen serias limitaciones para el mercado local.

El ministerio de Economía israelí es dolorosamente consciente de esta situación. Sus funcionarios saben que el crecimiento de la economía israelí es “nutrido en gran parte de un continuo aumento en las exportaciones y en la inversión extranjera”. El Gobierno mima, cultiva y apoya esas nuevas compañías tecnológicas hasta que sus productos están listos para el mercado. Entre ellas ha habido innovaciones como el “skunk” [zorrillo], un líquido con un pútrido olor hecho para detener en seco a las multitudes revoltosas. El ministerio también ha tenido éxito en el mercadeo de semejantes productos en todo el mundo. En la década posterior al 11-S las ventas de “exportaciones de seguridad” israelíes aumentaron de 2.000 a 7.000 millones de dólares anuales.

Las compañías israelíes han vendido drones de vigilancia a países latinoamericanos como México, Chile y Colombia y enormes sistemas de seguridad a India y Brasil, donde un sistema electro-óptico de vigilancia se desplegará a lo largo de las fronteras del país con Paraguay y Bolivia. También han estado involucradas en preparativos para controlar los Juegos Olímpicos de Brasil de 2016. Los productos de Elbit Systems y sus subsidiarias se utilizan actualmente desde las Américas y Europa hasta Australia. Mientras tanto esa inmensa firma de seguridad está cada vez más involucrada en encontrar “aplicaciones civiles” para sus tecnologías bélicas. También está cada vez más dedicada a llevar el campo de batalla a las áreas fronterizas del mundo, incluyendo el sur de Arizona.

Como señala el geógrafo Joseph Nevins, aunque existen muchas diferencias entre las situaciones políticas de EE.UU. e Israel, tanto Israel-Palestina como Arizona comparten el enfoque de excluir “a los considerados como extranjeros permanentes”, sean palestinos, latinoamericanos indocumentados o indígenas.

Mohyeddin Abdulaziz ha visto esta “relación especial” desde ambos lados como refugiado palestino cuya casa y aldea fueron destruidas por fuerzas militares israelíes en 1967 y como residente desde hace tiempo en las áreas fronterizas de EE.UU. y México. Miembro fundador de la Red de BDS del sur de Arizona, cuyo objetivo es presionar por la desinversión estadounidense de compañías israelíes, Abdulaziz se opone a todo programa como Global Advantage que contribuirá a la mayor militarización de la frontera, especialmente cuando también hace aceptables las “violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional” de Israel.

Semejantes violaciones carecen de importancia, por supuesto, cuando se trata de ganar dinero, como indicó el brigadier general Elkabetz en esa conferencia de tecnología fronteriza de 2012. En vista de la dirección que emprenden tanto EE.UU. como Israel cuando se trata de sus áreas fronterizas, los acuerdos que están siendo favorecidos por la Universidad de Arizona parecen crecientemente como una pareja celestial (o tal vez infernal). Como resultado, el comentario de que “Arizona es el Israel de EE.UU.” hecho por el periodista Dan Cohen refleja la realidad.

Todd Miller, colaborador regular de TomDispatch, es autor de Border Patrol Nation: Dispatches From the Front Lines of Homeland Security. Ha escrito sobre temas sobre fronteras e inmigración para New York TimesAl Jazeera America NACLA Report on the Americas y su blog Border Wars, entre otros sitios. Podéis seguirlo en Twitter @memomiller y ver más de su trabajo en toddwmiller.wordpress.com.

Gabriel M. Schivone, escritor de Tucson, ha trabajado como voluntario humanitario en las áreas fronterizas de México y EE.UU. durante más de seis año. Bloguea en Electronic Intifada y “Latino Voices” de Huffington Post. Sus artículos han aparecido en Arizona Daily StarArizona RepublicStudentNation,the Guardian y McClatchy Newspapers, entre otras publicaciones. Podéis seguirlo en Twitter @GSchivone.

Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/175947/

Desaparecidos acosan a México, también en escena internacional

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Por  Emilio Godoy/IPS

El Estado mexicano tendrá que enfrentar un duro examen del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un problema que hizo eclosión en el país a raíz del caso de los 43 estudiantes de magisterio asesinados en septiembre en Iguala, en un caso aún sin esclarecer plenamente.

Un conjunto de 26 organizaciones de derechos humanos ya entregó a esa instancia 12 informes sobre ese fenómeno, uno de los más graves que enfrenta este país latinoamericano, donde están registradas más de 23.000 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según cifras oficiales que no detallan los casos forzosos.

Los reportes, a los que IPS tuvo acceso, concuerdan en denunciar que la crisis humanitaria de la desaparición forzada explotó desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012) declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una situación que su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, no ha resuelto.

“Las autoridades han incumplido en explicar cuántas de las víctimas han padecido secuestro o desaparición forzada y cuántas podrían estar perdidas debido a otras razones”: Amnistía Internacional.

Las organizaciones señalan la inadecuada tipificación de la desaparición forzada en la legislación mexicana, la falta de mecanismos efectivos de búsqueda, protocolos y recursos y de reparación para las víctimas directas e indirectas, así como impunidad extendida, ausencia de una base de datos unificada de víctimas y falencias en las investigaciones.

Además, critican la renuencia de México a aceptar la competencia delComité contra Desapariciones Forzadas para recibir y analizar comunicaciones de parte de las víctimas.

Esa instancia, integrada por 10 expertos independientes y dedicada a vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sostendrá su octavo periodo de sesiones entre el 2 y el 13 de febrero, en la ciudad suiza de Ginebra.

Durante esas sesiones, el país “será revisado en un contexto muy crítico en el tema, porque ha habido múltiples recomendaciones que no se han cumplido”, dijo Jacqueline Sáenz, del no gubernamental Centro de Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones que envió un informe al Comité.

El Estado “ha sido omiso para aplicar una política pública. Sus respuestas han sido mínimas, más reactivas que propositivas. El balance es muy negativo”, aseguró a IPS la coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

Aunque la desaparición forzosa ya representaba un grave problema humanitario, el fenómeno hizo eclosión el 26 de septiembre, cuando policías locales del municipio de Iguala, a 191 kilómetros al sur de Ciudad de México, en el estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en un hecho que dejó seis muertos y 25 heridos.

Además, los agentes detuvieron a 43 estudiantes de magisterio rural y los entregaron a miembros del grupo “Guerreros Unidos”, una de las mafias del tráfico de drogas que se disputan la actividad criminal en esa zona, según la investigación de  la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).

De acuerdo a esa investigación, los 43 jóvenes fueron quemados en el basurero de Colula, localidad cercana a Iguala, y después se dispersaron sus restos.

El 7 de diciembre, el procurador Jesús Murillo informó que los despojos de uno de los 43 desaparecidos permitió su identificación por expertos del Instituto para Medicina Legal de la austriaca Universidad Médica de Innsbruck.

Pero el 20 de este mes, ese misma institución notificó que las altas temperaturas a que se sometieron los cuerpos de los jóvenes asesinados imposibilita la identificación de los restantes, por desaparición del ADN.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ha informado que en este país de 120 millones de personas se registraron 23.271 desaparecidas, extraviadas o no localizadas entre 2007 y octubre de 2014, en un dato que no determina el número de aquellas forzadas.

Pero un indicador es que su Unidad Especializada de Personas Desaparecidas solo incluyó en su lista de búsqueda de ese periodo a 621 personas, de las que halló a 72 vivas y a 30 muertas.

“Es importante que el Comité llame al Estado para precisar la magnitud del problema. Existen reportes desde hace mucho tiempo con recomendaciones muy puntuales que el Estado no ha venido asumiendo. Hay una ausencia de políticas públicas y de reformas necesarias”, denunció a IPS el activista Juan Gutiérrez.

Más de 9.000 desapariciones han ocurrido desde 2013, bajo la administración de Peña Nieto, lo que “pone en duda la efectividad de las políticas de seguridad y prevención de la desaparición de personas”, aseguró el coordinador general de la no gubernamental I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

México ya tiene antecedentes internacionales al respecto, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó en noviembre de 2009 por violentar los derechos a la libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida del dirigente comunitario Rosendo Radilla, desaparecido en 1974.

La Corte instruyó al Estado mexicano a investigar adecuadamente el caso y a continuar con la búsqueda y localización de Radilla, lo que no ha sucedido hasta ahora.

En su reporte al Comité de la ONU, Amnistía Internacional indica que “las autoridades han incumplido en explicar cuántas de las víctimas han padecido secuestro o desaparición forzada y cuántas podrían estar perdidas debido a otras razones”.

Añade que las organizaciones de la sociedad civil no pueden escrutar las cifras y la impunidad permanece “rampante”.

Amnistía da cuenta que a nivel federal solo se produjeron seis persecuciones penales, todos ellos entre 2005 y 2009, por desapariciones delictivas previas a 2005.

En relación con los 43 estudiantes de Iguala, la PGR detuvo a más de 40 policías, presuntos narcotraficantes, al ahora  exalcalde de Iguala, José Abarca, y a su esposa, todos ellos acusados del ataque y la desaparición forzada, aunque sin incluir esa figura.

En su informe alternativo de diciembre de 2014, nueve organizaciones señalan que el caso Iguala refleja “el contexto actual de las desapariciones forzadas” y demuestra “la ineficacia del Estado mexicano para buscar a las personas e investigar los hechos”.

El 8 de enero, en un agregado a sus informe  al Comité de las Naciones Unidas,  cuatro organizaciones resaltan “la falta de capacidad” y “la tardía reacción” de las autoridades en este caso.

“La investigación no se condujo con la debida diligencia. El Estado mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes”, cita el texto, que también denuncia que el caso “comprueba que el marco jurídico es insuficiente y que las autoridades ignoran por completo la Convención”.

El 27 de noviembre, Peña Nieto presentó 10 medidas, que incluyen un proyecto de ley sobre tortura y desaparición forzada y la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.

“No se atacan las raíces del problema. México tiene que dar un giro en su política. La propuesta es marginal. Esperamos que la revisión del Comité origine cambios. México no ha sabido responder a esa crisis”, criticó Sáenz.

Para Gutiérrez, el anuncio se queda “en la dinámica de plantear elementos necesarios pero no suficientes. Hay que debatir la ley con las organizaciones y los familiares de desaparecidos”.

El Estado mexicano no ha respondido hasta ahora a las preguntas que el Comité le envió en septiembre con vistas a su examen de febrero.

AYOTZINAPA, EL NOMBRE DEL HORROR

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POR ROSSANA REGUILLO CRUZ

Tomado de Revsta Anfibia

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El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, hace casi un mes en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, sacudió a un país anestesiado por la violencia cotidiana. La masacre, dice la antropológa mexicana Rossana Reguillo, condensa el poder oscuro de la narco máquina, expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado y desnuda la soberbia de un gobierno nacional que se creyó capaz de gestionar el horror sin salpicarse.

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De entre los innumerables carteles, pancartas, dibujos que los manifestantes de Occupy Wall Street han venido utilizando, hay uno que me sigue pareciendo especialmente relevante para entender la atmósfera de la época convulsa que atravesamos. La portaba un joven menor de 20 años, en la primera toma del puente de Brooklyn allá por los intensos días de octubre de 2011. A paso lento y sin mezclarse con otros manifestantes, el rostro de ese joven me impresionó para siempre, mitad tristeza enorme, mitad enojo sin límite, su pancarta decía: If you are not angry, you are not paying attention.

Cuando la ola de indignación empezó a crecer en México a raíz del ataque a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado, recordé con nitidez aquella pancarta: si no estás enojado, es que no estás prestando atención. Ese 26/9, por la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. Allí, la esposa del alcalde José Luis Abarca daría su informe de gobierno. La policía reprimió a los estudiantes. Hubo bala, muertos, heridos y desaparecidos. Los policías municipales detenidos dijeron que los más de 40 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por ellos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Dijeron también los Guerreros Unidos habían prendido fuego a los estudiantes y los habían enterrado en varias fosas.

Una de las hipótesis es que los señores del narco en colaboración con las autoridades locales, policías y un presidente municipal –que milita en las filas del Partido de la Revolución Democrática– hoy en fuga y vinculado a los Guerreros Unidos, no están dispuestos a tolerar otro grupo armado en la región, es decir el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), una guerrilla que dicen, recluta sus cuadros en las Normales. Así, dice la hipótesis, el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas es un “mensaje” del narco-estado a la guerrilla.

El saldo de “Ayotzinapa”, no hay un mejor modo de nombrar hoy el horror, es de: 6 muertos (uno de ellos, desollado), 5 heridos de gravedad (dos al borde de la muerte) y la desaparición forzada de 43 estudiantes; un presidente municipal en fuga, un gobernador al filo de la navaja, un palacio de gobierno en llamas, una presidencia terriblemente cuestionada ya no solo por los mexicanos, sino además por la comunidad internacional y algunos de esos elefantiásicos organismos –como la ONU- que se han pronunciado con fuerza sobre el “caso” y el saldo sigue creciendo y creciendo, sin control, sin que aparezca un gesto o algo que medianamente se vislumbre como estrategia de contención, ya no digamos de voluntad política de esclarecer y aplicar la justicia.

Este brutal acontecimiento parece haber sacudido de raíz la indiferente convivencia con la muerte violenta que se ha paseado en estos territorios con carta de ciudadanía. Un huracán de rabia y desconcierto recorre la geografía de sur a norte, mareas humanas formadas principalmente por jóvenes estudiantes han caminado las calles de decenas de ciudades del país y, en muchos casos, tanto algunos corresponsales extranjeros como muchos ciudadanos, abren los ojos sin aliento, como si estuvieran frente a hechos que parecen inéditos, pero no, no lo son. Aunque inédita sea la cruda y aterradora evidencia del grado de descomposición en las estructuras del Estado, que no puede ya esconder en ningún boletín de prensa, en ninguna declaración, pose, o lamentación que la narco política capitalista controla buena parte del paisaje nacional.

Pero quizás lo más relevante de Ayotzinapa –el nombre del horror– es que ha obligado a México a prestar atención.

Se prestó poca atención a las fosas clandestinas que fueron convirtiéndose en noticia cotidiana, 69 cuerpos en una, 15 en otra, 11 en una más; como si se tratara de accidentes geográficos, esas heridas en la tierra, pasaron a formar parte de un vocabulario que instauró el horror como normalidad. Los daños colaterales: en esas fosas hay cadáveres, muertos, calcinados, no personas. Y el espanto aumenta cuando sabemos que muchos de ellos no serán jamás identificados, porque en este país que no presta atención, no hay protocolos para reconocimiento de ADN, adecuados, porque aunque hay una guerra, los gobiernos en turno no la reconocen, por sus costos políticos. Desde el 2007 y sólo en tres estados, Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, 460 cuerpos han sido “recuperados” de estas fosas, vertederos secretos de ese poder oscuro, que “levanta” (secuestra) personas, enemigos o no, a plena luz del día y con ese mismo poder, los desaparece.

Hemos llegado a tanto que el Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam, salió a decir, casi aliviado, que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas “descubiertas” en Iguala (la ciudad donde se produjo el último ataque a los normalistas y donde fueron detenidos por la policía municipal un número no determinado de estudiantes, entre los que se encuentran los 43 desaparecidos), no correspondían a los de los normalistas, puf, ¿alivio? Quiénes son entonces esas 28 personas, desde cuándo están ahí, por qué. Las preguntas se atragantan.

No se prestó atención a la cifra escalofriante que indicaba que tan solo en 2012 habían fallecido 20.658 jóvenes por causas violentas. La muerte por agresión para hombres y mujeres alcanzó en ese año el 44.1%, 16.298 vidas jóvenes cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos a los que se sumaban otros, muchos datos terribles que se fueron acumulando desde 2006, deberían haber bastado para declarar un estado de emergencia nacional.  Pero no fue así. En estos días terribles, ha dicho Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo por el dolor que lo atravesó sin aviso, cuando su hijo fue ejecutado, que “el PRI creyó que podría administrar el infierno”. Nada más cierto.

Si la administración de Felipe Calderón (PAN) desató con absoluta irresponsabilidad el infierno, la administración de Enrique Peña Ñieto (PRI) apostó al silencio, al amordazamiento, a la soberbia imperdonable de creerse capaces de gestionar el horror, sin salpicarse. Quizás por la necesidad de no hacer el recuento cotidiano de los muertos y los desaparecidos, quizás por una necesidad de cerrar los ojos, muchas y muchos ciudadanos pensaron que la desaparición del tema de la violencia de las páginas de los principales diarios del país, de las televisoras y noticieros radiofónicos, significaban un avance en la “guerra contra el narco”. No hacer olas. Pero despertamos y la violencia y el poder oscuro de la narco máquina, esa articulación terrible entre los poderes propietarios (políticos, económicos, delincuenciales), seguía ahí. La evidente relación del presidente municipal de extracción perredista, José Luis Abarca Velázquez, con el crimen organizado, la participación de las policías municipales, la indiferencia del Ejército, cuando los estudiantes pidieron ayuda, nos han obligado a prestar atención.

Pasaron años y años, meses y días en los que era más cómodo no saber, ignorar, pasar la página; algunas y algunos, desde el periodismo de investigación, desde la academia, desde el activismo social, insistimos en que el crimen organizado solo puede crecer en medio de una sociedad desarticulada y atemorizada, con miedo a desobedecer el orden paralelo que abre ese poder. Nadie lo sabe a ciencia cierta todavía, pero quizás los estudiantes de la escuela normal rural, son parte de esa violencia disciplinante o ejemplarizante a la que acude este poder para seguir reinando en el terror.

Y es otra vez Sicilia el que pone la clave para descifrar por qué Ayotzinapa, el nombre del horror, nos obliga a poner atención. Dice el poeta que dejó de serlo: “Cierro los ojos y miro a mi hijo, ese muchacho noble. Con su angustia, aterrado, esperando que unos tipos lo vayan a matar. Ese instante me duele mucho, en el que uno que se parece a ti te arranca la vida. La memoria es terrible. Ya sucedió, pero sigue sucediendo. Ya pasó, pero no”. Y es cierto, Ayotzinapa, el nombre del horror, es un instante que sigue sucediendo. Julio César Mondragón, ese joven al que le desollaron el rostro y le vaciaron las cuencas de los ojos, es un instante que sigue sucediendo; como sigue sucediendo cada día, cada tarde, cada noche, la tristeza y el dolor infinitos de esas madres, como Letty, Lupita, o Margarita Santizo que fue a morirse sin encontrar a su hijo desaparecido y pidió ser velada frente a la Secretaría de Gobernación, en un último deseo, quizás, de hacerle saber a la autoridad, lo que significa ese instante que sigue sucediendo, en un país que no presta atención

Rossana Reguillo Cruz

Hija de una chiapaneca rica y un combatiente republicano de la Guerra Civil Española, Rossana Reguillo todo el tiempo fuma cigarrillos Benson&Hedges. Su madre le transmitió la fascinación por el relato, y la osadía que la caracteriza. De su padre heredó que la militancia por la justicia es una tarea que no acaba nunca. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, hoy hace crónica, investigación académica y también periodismo. 

Los niños que nacen en el suelo y acaban en Youtube

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La imagen de Irma López dando a luz a su bebé sobre un prado (https://www.youtube.com/results?search_query=parto%20en%20oaxaca&sm=3 )

Varias ONG mexicanas llevan a la CIDH casos de mujeres que tuvieron a sus hijos en condiciones inhumanas por falta de atención médica

Por Inés Santaeulalia, México

Tomado de el País de España

Frente a un hospital fue el primer aviso. México amaneció un sábado del pasado octubre con la fotografía del recién nacido sobre la hierba aún unido a su madre por el cordón umbilical. Redes sociales, diarios y televisiones de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Los médicos que atendieron a Irma, una indígena mazateca del estado mexicano de Oaxaca, se negaron a ingresarla y la mujer se vio obligada a parir sola en la calle. En los últimos seis meses otras siete mujeres han tenido a sus hijos en malas condiciones pese a encontrarse en centros médicos de este Estado al sur del país.

El patrón suele repetirse. Se trata de mujeres indígenas de comunidades apartadas que llegan a hospitales o centros de salud de noche o al alba. Las respuestas del personal médico son diversas: que no hay camas, que no hay médicos o que se vayan a casa porque el nacimiento no es inminente. Hay niños que han llegado al mundo en el suelo de la sala de espera, en el baño del hospital o en un coche a la entrada de urgencias. Parecen historias de otro siglo, pero hay un hecho que recuerda que estamos en 2014: en casi todos los casos había un teléfono móvil cerca. Ese afán actual por grabarlo o fotografiarlo todo ha servido como motor de denuncia, aunque el resultado sea exponer al público un momento que debería haber sido íntimo. Una búsqueda en el portal de vídeo Youtube (parto en oaxaca) es la prueba.

Varias ONG interpelarán este jueves a una delegación del Gobierno mexicano en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. Regina Tamés, directora de la organización GIRE (Grupo de Información en reproducción elegida), será una de las ponentes. “Tendrán que escucharnos y responder. Utilizaremos el caso de Irma, cuya imagen dio la vuelta al mundo, para visibilizar el resto”, ha dicho Tamés a EL PAÍS. El escándalo llega a un organismo internacional después del goteo de casos que se recogen al menos una vez al mes en la prensa. De hecho, han tenido que conocerse nueve partos en la calle para que se empiece a ver movimientos políticos. Este mes, con dos nuevos casos, el Senado mexicano ha exigido al Gobierno de Oaxaca un informe sobre las políticas públicas y los programas para garantizar a las mujeres indígenas servicios de salud apropiados.

Oaxaca es la tercera región más pobre del país y tiene un 30% de población indígena. La mayoría vive en comunidades muy dispersas a lo largo de los casi 100.000 kilómetros cuadrados que ocupa la región. “En Oaxaca hay zonas muy marginadas y de difícil acceso”, dice por teléfono el doctor Genaro Villalobos, secretario del sindicato independiente de la salud (Sityps). Explica que los problemas en la atención son resultado de “la violación de derechos laborales” de los trabajadores y de la escasez de personal médico.

Según datos de su sindicato, de los 20.000 profesionales de la salud que hay en el Estado, 7.000 tienen un tipo de contrato por el que solo perciben la mitad de un sueldo completo. “La gente se acaba deprimiendo y no presta una buena atención”, dice. El sueldo base de un médico en la zona son 12.000 pesos (algo más de 900 dólares). Los que cobran la mitad a veces se ven obligados a trabajar doble jornada en centros diferentes.

A las malas condiciones laborales se suma la escasez de personal. Varios de los hospitales a los que llegaron las mujeres embarazadas por la noche estaban cerrados. “La autoridad ha limitado mucho el personal en los hospitales, la excusa es que no hay dinero para cubrir las plantillas completas. Pero si no hay médicos en los turnos nocturnos obligan a las mujeres a aliviarse fuera del hospital”, razona el doctor.

El Gobierno de Oaxaca, ante el aluvión de críticas, ha anunciado una inversión de 7,2 millones de pesos (550.000 dólares) para la apertura de 50 salas de parto en el Estado. La primera se inauguró en Huajuapan de León el pasado mes de febrero, apenas una semana después de que Nancy Salgado, de 21 años, tuviera a su bebé fuera del hospital del lugar porque, según testigos, en la ventanilla de admisiones le dijeron que no tenían camas posibles. Una vez que el vídeo del nacimiento del pequeño se colgó en Youtube, las autoridades sanitarias del Estado cesaron al director del centro.

En otros casos, la desatención ni siquiera fue considerada una falta. En el hospital en el que Irma López y Cristina López, indígena mazateca que parió en el exterior en julio de 2013, el personal médico fue exonerado por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, que concluyó que “no hay negligencia porque son eventos fortuitos que salen de la competencia”.

Pero no se trata solo de Oaxaca. La organización GIRE expondrá este jueves ante la CIDH que desde el caso de Irma, el pasado octubre, hay constancia de 16 partos en situaciones inhumanas por falta de atención médica en todo el país. El documento que presentarán ante la Comisión cuestiona que “el Estado se limita a destituir a los directores y médicos en lugar de implementar medidas de no repetición de los hechos”. Medidas que impidan que haya más mujeres que vean nacer a los suyos como lo hicieron Ruth, Irma, Nancy, Oricel, Cinthia, Yeimi, Juana, Cristina y Laura en Oaxaca.

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Amisgos: esta es la historia de Irma López –la punta del iceberg–, contada en su momento por la misma autora del anterior artículo, para el mismo medio. En la foto de arriba, un bebé que nació en el metro del DF, hace unos días:

Una indígena mexicana da a luz frente a un hospital al no recibir atención médica

Las autoridades de Oaxaca reconocen escasez de personal en el centro de salud

Los médicos solo actuaron cuando el bebé ya había nacido en un prado

La imagen de Irma López Aurelio, una mujer indígena dando a luz a su bebé sobre un prado y completamente sola, ha sacudido a los mexicanos. La joven de 28 años acudió la madrugada del 2 de octubre al centro de salud de San Felipe Jalapa de Díaz, en el Estado sureño de Oaxaca, con dolores de parto. Los médicos la valoraron pero, pese a lo avanzado del proceso, nadie la ingresó ni la atendió. La mujer se vio obligada a salir del hospital para tener a su hijo sin ayuda.

El personal del centro de salud solo actuó una vez que supo, a través de alguno de los viandantes que atestiguaron la escena, que el niño había nacido y que yacía sobre la hierba, todavía unido a su madre por el cordón umbilical. El pequeño pesó 2,400 kilogramos y tanto él como su madre se encuentran en buen estado, informó el secretario estatal de Salud, Germán Tenorio, que reconoció ante los medios que en el centro hay escasez de personal médico nocturno y anunció que se investigarán los hechos.

La presidenta municipal de la localidad, Silvia Flores Peña, denunció que esta no es la primera vez que pasa algo parecido. Hace un mes y medio otra mujer indígena tuvo que tener a su hijo frente al hospital, que está en paros parciales, porque en el mismo centro de salud se negaron a abrirle la puerta. Entonces, pese a que las autoridades sí conocieron el caso, la noticia no trascendió ni se hizo nada al respecto.

Esta vez, la imagen de Irma López, subida a la red social Facebook por Eloy Pacheco López y multiplicada a través de Internet, ha dejado al desnudo la situación a la que se enfrentan miles de indígenas en el país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha enviado a Oaxaca a una delegación para investigar las “presuntas violaciones de derechos humanos” cometidas contra la mujer, informa en un comunicado.

La fotografía, además de la indignación que ha levantando por el maltrato hacia la mujer, también es origen de un debate sobre si su publicación podría atentar contra la privacidad de López. Diversos diarios de la capital mexicana reproducen la imagen este sábado en sus portadas.

El caso de mujeres que dan a luz sin atención médica no es un hecho aislado ni solo sucede en zonas rurales de México. Este año dos madres tuvieron a sus hijos en el metro del Distrito Federal al no llegar a tiempo al hospital público que atiende a personas sin seguro social, situado a kilómetros de distancia de sus domicilios.

 

México: La expropiación petrolera y su involución histórica

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Por Martín Esparza Flores

Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricidad

Bastarían 75 años para que las razones históricas y los orígenes de la expropiación petrolera de 1938 sean sepultadas por las políticas neoliberales, que ahora en su intención privatizadora impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan, sin el consentimiento del pueblo de México, regresar sus viejos privilegios a las compañías extranjeras, mismas que en las primeras décadas del siglo pasado mantuvieron en condiciones de semiesclavitud a los trabajadores petroleros del país y a los que el entonces presidente Lázaro Cárdenas apoyó en su organización sindical y en la conquistas de sus legítimos derechos, al restituir con su patriótico deber las riquezas del subsuelo en beneficio de la nación.

Ciudad de México (México) | 17 de marzo de 2013

 La inexplicable involución histórica que se intenta concretar sería la culminación de una política de desmantelamiento de las empresas públicas que se ha venido ejecutando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora busca abrir de par en par las puertas de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en Petróleos Mexicanos (Pemex), al argumentar de manera artificiosa, como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, inviabilidad financiera, cuando han sido las desatinadas políticas fiscales que le han impuesto una desorbitada carga impositiva las causantes de su quebranto financiero.

Pemex, dicen, requiere de multimillonarias inversiones para echar a andar sus proyectos de exploración y perforación en los potenciales yacimientos del Golfo de México, para la construcción de nuevas refinerías y para renovar su tecnología, pero los gobiernos neoliberales se niegan a modificar el sistema de recaudación para que se frene la evasión fiscal de las grandes empresas, y con ello evitar que las millonarias ganancias de la entidad sean la caja chica de los déficits fiscales sino la palanca de su propio desarrollo.

Es prioritario refrescarles la memoria a aquellos que ahora buscan de nueva cuenta, como si se tratara del gobierno de Porfirio Díaz, entregar la mesa puesta a las mismas empresas que hace 1 siglo desangraron al país al robarle, a cambio de migajas, sus riquezas del subsuelo y explotar de manera inhumana a sus trabajadores.

Razón por la cual el 1 de junio de 1936 el presidente Cárdenas promovió y apoyó el Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías extranjeras la firma de un contrato colectivo que les permitiera tener mejores condiciones de trabajo, pues los trabajadores estaban expuestos a la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremosos, insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, y como había ocurrido con los mineros en Cananea, Sonora, eran discriminados en sus salarios pues, aunque eran obligados a trabajar mayores jornadas de trabajo, ganaban menos que los extranjeros.

Las empresas extranjeras –donde sobresalían entonces las de capital británico y estadounidense fueron emplazadas a huelga pues, falazmente, argumentaban ante el gobierno mexicano ser insolventes para sufragar los 26 millones de pesos, y a cuyo pago a favor de sus trabajadores habían sido conminadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; los ensoberbecidos empresarios se atrevieron incluso a poner en duda la palabra y la calidad moral del presidente Cárdenas, quien en un acto de conciliación los invitó a resarcir la deuda laboral que tenían con sus obreros.

Como parte del honroso nacionalismo de nuestra historia quedó consignado lo sucedido en la junta del 7 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó ante los capitalistas extranjeros el pago de los 26 millones como una garantía para levantar la huelga; uno de los dueños de una de las compañías preguntó: “¿Y quién lo garantiza?”. “El presidente de la República”, contestó, con voz firme, el general Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño respondió, insolente: “¿Usted y quién más?”. En ese momento Lázaro Cárdenas dio por terminadas las pláticas.

Fue así que el 18 de marzo se concretó la expropiación petrolera, que dio la pauta a un hecho también digno de recordarse: el apoyo de todo el pueblo de México, que acudió días después a las puertas del Palacio de Bellas Artes a cooperar con dinero, gallinas, cerdos o lo que tuviera a su alcance para saldar la deuda del país con las voraces, pero entonces derrotadas, firmas extrajeras.

Pero recordemos cuáles fueron las empresas que formaron parte de la expropiación de 1938:

Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (London Trust Oil-Shell); Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco, la segunda empresa petrolera a nivel mundial) con sus tres subsidiarias, Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; The Waters Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora ExxonMobil, la más grande empresa petrolera del orbe); Californian Standard Oil Company of México; Compañía Petrolera Agwi, SA; Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Pennzoil); Stanford y Compañía Sucrs; Richmond Petroleum Company of Mexico (ahora BP, Plc, fusionada con Arco, Castrol, entre otras); Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial, SA; Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation (sigue siendo Sinclair Oil Corporation); Consolidated Oil Companies of Mexico, SA; Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf).

Paradójico es que sean los empresarios extranjeros que en 1938 dejaron a las plantas petroleras sin refacciones, sin materias primas y sin técnicos calificados (con el fin de sabotear a la industria) los mismos que ahora estén en poder de recuperarlas en condiciones aún más favorables para ellos. Sea pertinente también recordar que el primer intento privatizador de Pemex se dio durante el gobierno de Miguel Alemán al otorgarse 17 contratos de perforación o contratos de riesgos a empresas estadounidenses. Años más tarde, fue el presidente Adolfo López Mateos quien reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dejar clara la prohibición de realizar concesiones o contratos a empresas.

Correspondió a Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex, negociar el finiquito anticipado de los contratos existentes para recuperar el dominio de la nación sobre el petróleo, situación que cambió drásticamente durante el gobierno de Salinas de Gortari, en 1989, cuando se dieron las reformas a las leyes y los reglamentos en la materia para comenzar la sustitución del control directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica, con la participación de empresas nacionales y extranjeras. Pemex quedó dividida en cuatro subsidiarias y un corporativo para, supuestamente, maximizar el valor financiero del crudo. Un sexenio después, el expresidente Zedillo empeñó Pemex a cambio de un crédito de 20 mil millones de dólares para salir de la crisis conocida como el error de diciembre de 1994, que provocaría a nivel mundial el “efecto tequila”.

Silenciosamente, la privatización de Petróleos Mexicanos es ya una lamentable realidad: la Auditoría Superior de la Federación reportó en 2007 que al menos 22 empresas extranjeras tenían participación de negocios con la paraestatal. Además, con la reforma energética de 2008 se abrió la opción de diseñar los contratos incentivados mediante los cuales Pemex contrata por concurso a empresas privadas para que extraigan petróleo de sus yacimientos y les paga en efectivo el 75 por ciento de lo que invierten más un pago en dólares por cada barril producido.

En este esquema ya legalizado, son las petroleras internacionales como Royal Dutch Shell, BP, Plc, ExxonMobil, Chevron Corporation, Statoil y Petrobras, las únicas con las soluciones integrales para explotar campos petroleros complejos, y aunque suelen mostrarse interesadas en los contratos incentivados de Pemex, su negocio es producir y comercializar petróleo, no ser contratistas.

Como se deduce fácilmente, la reforma energética que ahora se plantea buscará flexibilizar aún más los canales de participación extranjera bajo dudosos modelos de coinversión, al poner a Pemex en manos de las voraces firmas extranjeras a las que puso en su sitio el general Cárdenas, pero a las que los políticos neoliberales de hoy les permitirán venir por la revancha en agravio del patrimonio de todos los mexicanos.

Por eso, las organizaciones sociales y civiles del país hemos convocado a la movilización este 18 de marzo, a las 17:00 horas, para que marchemos juntos del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Porque estamos convencidos de que hoy, como ayer, la movilización de los obreros, campesinos y el pueblo debe ser por la defensa del patrimonio nacional, en rechazo de la pretendida involución histórica de los gobiernos neoliberales.

Fuente Contralínea (Mexico)