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LA(DES)INTEGRACIÓN REGIONAL

Un objetivo de la geopolítica imperial

AndreesMoraRPor Andrés Mora Ramírez, investigador, analista y docente de la Universidad de Costa Rica

Tomado de Firmas Selectas de Prensa Latina

La llamada nueva derecha, con apoyo en los partidos mediático y judicial, se beneficia de un nuevo momento en que la geopolítica imperial de EE. UU., del que son aliados, re-prioriza la región con miras a reconstituir un eje neoliberal en Suramérica.

Enfrentada a sus horas más difíciles, la integración regional nuestroamericana fue, durante los primeros tres lustros del siglo XXI, obra de creación heroica de los gobiernos que identificamos como progresistas y nacional-populares, en tanto abrio un espacio inédito de innovación en las formas y valores que orientan las relaciones comerciales, tecnológicas, sociales, educativas y culturales en América Latina y, al mismo tiempo, sirvió como escudo político ante maniobras desestabilizadoras e intentos de golpes de Estado.

Como lo explica el analista cubano Francisco López Segrera en su libro América Latina: crisis del pos-neoliberalismo y ascenso de la nueva derecha -publicado recientemente en el sitio web de CLACSO-, el ascenso de la nueva derecha en Argentina (2015) y en Brasil (2016) -lo mismo que el cambio en la correlación de fuerzas en Venezuela tras las elecciones legislativas del 2015- constituyen el mayor peligro para la integración regional, en un panorama económico global en el cual la lenta recuperación de la crisis capitalista iniciada en 2008, y la baja en los precios del petróleo y las materias primas, constriñen el margen de maniobra de los gobiernos latinoamericanos.

Así, nos encontraríamos en medio de lo que López Segrega define como “la coyuntura esperada por EE.UU. para romper su aislamiento en América Latina y el Caribe y restablecer su hegemonía en la región”.

“Esto se hace obvio, señala, con la visita del presidente Obama a Argentina y su apoyo al proyecto neoliberal del gobierno de Macri, mientras contempló impasible el golpe de Brasil. La victoria de Macri en Argentina y el golpe en Brasil crean condiciones para quebrar el poderoso eje de integración entre ambos gobiernos y reconstituir un eje neoliberal en América del Sur, como ocurrió durante los gobiernos de Cardoso y Menem” (pp. 109-110).

En ese contexto, el intelectual cubano considera que la llamada nueva derecha, con apoyo de los partidos mediático y judicial, se beneficia de “un momento histórico en que la geopolítica imperial de EE.UU., del que son aliados, ha re-priorizado la región, al ver la inestabilidad de sus fuentes de petróleo en el próximo Oriente, por la imperiosa necesidad que tiene de las materias primas de nuestra región, y debido a que Rusia, China y la Unión Europea le disputan y arrebatan cada vez partes mayores de sus espacios económicos en la región” (p. 79).

Con la Alianza del Pacífico como punta de lanza de una ofensiva que va ganando influencia en la región (Costa Rica, Panamá y Uruguay avanzan en su incorporación formal al bloque fundado por México, Colombia, Chile y Perú; mientras que El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Haití, Trinidad y Tobago, Ecuador, Paraguay y Argentina participan en calidad de observadores); y con  el Mercosur (ampliado con la membresía de Venezuela) como primera víctima de su estrategia geopolítica, el imperialismo estadounidense y sus aliados han sacado partido de los cambios en el mapa político suramericano.

Algunos de estos como resultado de la expresión del pueblo en las urnas, y otros como descarnada consecuencia del golpismo de nuevo patrón para desmontar el proyecto de integración múltiple y diversa que -desde la derrota del ALCA en Mar del Plata en 2005- se logró articular en torno a un conjunto de nuevas organizaciones como el ALBA, Petrocaribe, la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

¿Podrán lograr su cometido los imperialistas de allá y de acá? ¿Acabarán, sin mayor resistencia, con la obra de quince años de integración latinoamericana, que supo recuperar lo mejor del pensamiento bolivariano y martiano y trató de llevarlo a la práctica en las relaciones entre nuestros pueblos?

¿Tendremos capacidad de respuesta, en las actuales condiciones que enfrentan los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador -polo generador de las transformaciones de este siglo XXI- para salvar esa otra integración por la que tanto se trabajó estos años?
En el ajedrez geopolítico de América Latina, hoy, aunque no estamos derrotados, la partida no parece a nuestro favor.

ÉXITO CON SOMBRAS DE AMÉRICA LATINA EN REDUCCIÓN DEL HAMBRE

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Por Marianela Jarroud IPS

Distribución de alimentos en una localidad del estado mexicano de Tabasco, parte de uno de los muchos programas que se establecieron en América Latina los últimos 15 años para reducir el hambre/

América Latina y el Caribe es la primera región del mundo en alcanzar las dos metas internacionales de reducción del hambre, pero más de 34 millones de sus habitantes están ajenos a este éxito, por una situación muy desigual según el territorio.

“Esta es la región que mejor interpretó el problema del hambre, y es la región donde se ha puesto más énfasis a las políticas de atención a grupos vulnerables. Los resultados son acordes a esos énfasis”, afirmó en diálogo con IPS el representante regional de la FAO, Raúl Benítez.

El Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe, dado a conocer este jueves 28 en Santiago de Chile, en la sede regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), estableció que la prevalencia del hambre afecta a 5,5 por ciento de su población, es decir, a 34,3 millones de personas.

Estas cifras significan que la región ya cumplió con la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que padecían hambre, incluida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en 2000 y que vencen este año. Igualmente permiten completar lo acordado en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, realizada en 1996.

Según el Panorama, actualmente vive en condición de pobreza 28 por ciento de la población de la región latinoamericana, estimada en unos 605 millones de personas, frente a 44 por ciento en 2002. Pero en contraste, la indigencia volvió a incrementarse desde hace dos años.

En cuanto a la erradicación del hambre, el informe indica que América del Sur obtuvo el mayor grado de avance entre los trienios 1990-1992 y  2012-2016, pero también es ahí donde hay aún mayor número de personas subalimentadas, en un área cuya población equivale a 65,9 por ciento del total regional.

América Central también logró en ese periodo reducir el hambre desde 12,6 millones a 11,4 millones de personas. Sin embargo algo negativo es que la caída se estancó  desde 2013.

El área más rezagada es la del Caribe, donde actualmente 7,5 millones de personas sufren hambre.

Esto se debe en gran parte a la situación de Haití, el país donde vive  75 por ciento de la población subalimentada del Caribe y enfrenta la situación más crítica de todo el subcontinente, señala el informe.

“Los problemas de Haití son muy profundos, históricos, de siglos, relacionados con el colonialismo, la distribución de tierras”, afirmó la representante regional adjunta de la FAO, Eve Crowley, durante el lanzamiento del informe.

“El problema reciente de la inestabilidad política es un factor muy importante que ha tenido impactos negativos en el crecimiento económico. Los problemas históricos llevan tiempo para resolverlos”, añadió.

Como contraste de esta realidad, más de 30 millones de personas han superado el hambre en América Latina y el Caribe en los últimos 20 años, generando “un valioso repertorio de políticas públicas que pueden servir como base para otros contextos y regiones”.

Raúl Benítez, representante regional de la FAO, en su despacho en la sede del organismo en Santiago de Chile. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

De acuerdo a la FAO, las mejoras en la seguridad alimentaria y nutricional en la región se sustentan, en buena medida, en la positiva situación macroeconómica durante la última década y el compromiso político de los países de América Latina y el Caribe con la erradicación del hambre.

La expresión más reciente, precisó Benítez a IPS, es la aprobación del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre para 2025 de la Comunidad  de Estados Latinoamericanos y Caribeños(Celac), el principal órgano de concertación económica y política de la región.

El plan, pionero a nivel mundial, propone la erradicación definitiva del hambre hacia 2025, una meta que supone varios desafíos, como la mitigación de los efectos del cambio climático que afecta principalmente a la agricultura familiar campesina y a los grupos más vulnerables, que viven en ecosistemas más complejos, más frágiles, afirmó Benítez.

La tarea entonces es la adaptación al cambio climático para dar sostenibilidad a los sistemas alimentarios.

Los desafíos también suponen sortear con éxito la etapa de estancamiento o desaceleración económica que afecta no solo a la región.

“Los peligros de retroceder siempre están latentes”, advirtió el representante de la FAO.  “Tenemos que hacer conciencia de que esto sigue afectando a millones de mujeres, de hombres, millones de niños y niñas de la región que son próximos, son hermanos”, añadió.

“El hambre priva de educación, de salud, hasta de ciudadanía, pero priva principalmente la libertad y en esto nos priva a todos: priva al hambriento y también al satisfecho. No nos podemos permitir que exista una hermana, un hermano latinoamericano o caribeño padeciendo hambre en esta región”, enfatizó.

Benítez recordó que en América Latina y el Caribe el problema no es la falta de alimentos, sino que los más pobres no tienen los recursos para acceder a ellos.

“Es un problema de acceso, no de producción”, resaltó.

“El hambre es mucho más que un plato de comida sobre una mesa y sigue siendo un problema que nos aflige a todos. Lo hemos tomado como un problema regional y, por lo tanto, la solución también debe ser a nivel regional”, añadió.

Benítez puntualizó que “si bien todos los países vienen mejorando los porcentajes de personas que han podido superar el problema del hambre, hay algunos que lo pudieron hacer más rápido que otros”.

“Entonces, los países con más experiencia o los primos más ricos de la región, tienen que salir en auxilio de los otros países, para que estos aceleren el proceso de erradicación del hambre”, señaló.

Francisca Quiroga, experta en políticas públicas de la Universidad de Chile, planteó a IPS que la nueva etapa debe estar encabezada por un cambio de modelo, desde el actual extractivismo a uno capaz de establecer la calidad en las políticas y repensar las formas adecuadas de desarrollo.

“Muchas políticas sociales que implementaron los países de la región con miras al cumplimiento de los ODM, fueron focalizadas para erradicar índices o reducir las brechas a través de cifras, pero no se hicieron cargo de temas tan relevantes para la región, como la desigualdad”, afirmó.

Han surgido además, nuevas carencias, como el impacto del cambio climático o el acceso al desarrollo de los recursos naturales  o la mala calidad de los hábitos alimenticios, por lo que el nuevo modelo debe ser sustentable y sostenible, añadió la académica.

Justamente, a fines de año los ODM serán sustituidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde junto con el hambre aparecen otros desafíos alimentarios, como el peligroso avance de la obesidad, que amenaza con convertirse en un nuevo gran problema alimentario mundial, destacó Benítez.

“El problema de obesidad es algo que no podemos dejar de seguir analizando, porque impacta severamente en nuestras poblaciones”, dijo.

“Aún no es tan grave como el problema del hambre, pero amenaza con llegar a serlo”, concluyó.

CORREA: AMÉRICA LATINA NO PERMITIRÁ UNA INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN VENEZUELA

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“La absurda orden ejecutiva de EE.UU. contra Venezuela es solo una estrategia para lograr la intromisión”, dijo el Presidente ecuatoriano.

Tomado de TeleSurTv

http://www.telesurtv.net/news/Correa-America-Latina-no-permitira-una-intervencion-de-EE.UU.-en-Venezuela–20150418-0019.html

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó este sábado que América Latina “no permitirá una intervención de Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela”, en el marco de las constantes agresiones que ha denunciado el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

En su acostumbrado programa semanal Enlace Ciudadano, el jefe de Estado ecuatoriano reiteró el rechazo al documento emitido el pasado 9 de marzo por EE.UU., en el que la Casa Blanca calificó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

Al respecto, el Presidente calificó de absurda la orden ejecutiva contra Venezuela. “¿Quién se puede tragar ese cuento? Ni toda América Latina junta representaría un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Correa afirmó que tal orden “es solo una estrategia para lograr la intromisión en Venezuela (…) pero eso América Latina del siglo XXI jamás lo permitirá”.

Relaciones de EE.UU. y Cuba

Por otro lado, recordando la VII Cumbre de las Américas realizada el fin de semana pasado en Panamá; Correa saludó el acercamiento entre el presidente de Cuba, Raúl Castro y el mandatario estadounidense, Barack Obama.

“Estamos contentos por el acercamiento (…) Pero aún falta un largo camino por resolver, falta devolver Guantánamo, y sobre todo que se detengan las injerencias en nuestra región”, agregó.

También saludó la resistencia de Cuba, que “después de tantas décadas ahí sigue el pueblo cubano más libre y soberano que nunca”; y aseguró que Cuba aguantó por años lo que “cualquiera de nuestros países no aguantaría ni tres meses”.

En contexto

Rafael Correa participó el pasado fin de semana en la VII Cumbre de Américas realizada en Panamá. En el evento, aprovechó para ratificar su voluntad de consolidar un continente de paz que sepa defender su soberanía.

Del mismo modo, el mandatario expresó que las acciones del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Barack Obama son incoherentes, en su intento de lograr un verdadero acercamiento diplomático en América Latina.

HABLANDO DEL REY DE ROMA, ¿CUÁL ES EL PRESIDENTE QUE MÁS GANA EN EL MUNDO?


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Tomado de ActualidadRT

Por Claudia Contreras, @claucontreras

El presidente ruso Vladimir Putin le quitará 10% de su salario ya que la economía de su país se dirige a una profunda recesión. Pero, ¿cómo se compara su salario contra otros líderes mundiales? CNN Money hizo una comparativa de salarios al año entre presidentes y primer ministros de economías desarrolladas y emergentes. El presidente Obama lidera el ranking de salarios con US$400.000 al año. Es el doble de cuando el presidente George W. Bush fue presidente en 2001. Además, Obama tiene un gasto libre de impuestos de US$50.000.

El salario de Angela Merkel es de 216.000 euros al año (US$234.383). La canciller y sus ministros lograron un aumento de 2,2% en la primera quincena de marzo, según documentos oficiales. Mientras que el primer ministro británico gana £142.500 (US$214.782) al año. Eso incluye su salario como parlamentario que es de £67.060 (US$100.045).

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El presidente francés habría estado en los primeros lugares si no hubiera sufrido un recorte del 30% en 2012. Entonces, su salario sería de 255.600 euros al año (US$274.522), después de Obama. Ahora sólo gana US$194.251.

Putin dijo la semana pasada que iba a recortar su salario en 10%. Ahora gana 8,2 millones de rublos al año (US$136.000) como presidente ruso. El primer ministro de India, Narendra Modi, es de 1.900.000 rupias al año, un poco menos de US$30.000. Según un oficial de información chino, el salario del presidente Xi Jinping es de US$22.000. Esto es después de un 60% de aumento que recibió a principios de 2015.

¿Y los presidentes de Centroamérica?

En el caso de los mandarios de la región, los salarios rondan entre los US$4.000 y US$20.000.

oto perez molina El que lidera la lista de ingresos es el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina con un salario por encima de los US$18.000. El segundo en la lista es el presidente panameño Juan Carlos Varela con un salario de: US$4.000 y gastos de representación de US$3.000. Al mes recibe un total de US$7.000, según la planilla del Ministerio de la Presidencia de Panamá actualizada hasta febrero de 2015.

Le sigue Luis Guillermo Solís de Costa Rica que recibe US$9.353,22 de salario, más US$1.122 en gastos de representación. Cada mes, recibe US$10.475, según publicó el portal de noticias CRHoy.com en enero de este año.

Según la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal del año 2015 de El Salvador, el presidente Salvador Sánchez Cerén, tiene un sueldo de US$3.467,43, más gastos de representación por US$1.714,29. Cada mes, Sánchez Cerén recibe US$5.181,72. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene un sueldo mensual de 97.500 lempiras, US$4.642, según publicó el diario hondureño El Heraldo.

En el último lugar de la lista se ubicaría el nicaragüense Daniel Ortega con un salario de US$3.200, según una nota publicada por La Prensa de Nicaragua en 2012. Los datos más recientes de los ingresos de Ortega no están publicados por los institutos oficiales. El salario promedio de un maestro en Nicaragua es de US$196 mensuales

Tomado de Estrategia y Negocios, de Honduras

De la resistencia a la hegemonía

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Por Emir Sader

Es profesor de la Universidade de São Paulo (USP) y de la Universidade do Estado do Río de Janeiro (Uerj), es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Uerj y autor, entre otros de “A vingança da História”. Es el actual director de CLACSO.

La Jornada, de Mexico

 El paso de los indignados y los ocupa a Syriza y a Podemos es el paso de la resistencia a la disputa de hegemonía. Son las formas concretas que asumen la resistencia al neoliberalismo y el paso a la lucha por la construcción de alternativas.

El modelo neoliberal ha promovido un masivo processo de mercantilización de nuestras sociedades y del mismo Estado. Ha tratado de transformar los derechos en temas del mercado. Busca que todo tenga precio, todo se pueda vender y comprar.

Ha atacado a la esfera pública, que es la de los derechos de los ciudadanos, buscando imponer la centralidad de la esfera mercantil, la esfera de los consumidores, de las mercancías. La centralidad del mercado ha significado hacer mercancías lo que eran derechos, debilitando el rol de ciudadanos en favor del consumidor. Se compra educación, salud, cultura, que dejan de ser derechos. El imperio del dinero es el responsable por la profundización de las desigualdades en el mundo contemporáneo.

En América Latina la lucha antineoliberal ha comenzado por la resistencia frente a la avalancha ideológica, económica, social y política. Habría que contener esa ofensiva defendiendo los derechos de la gente, el rol del Estado, la protección del mercado interno, el empleo, los salarios.

Así se ha hecho especialmente en los año 90, hasta que empezaron a surgir gobiernos que se proponían superar ese modelo, gobiernos posneoliberales. ¿Qué es lo que ha caracterizado a esos gobiernos, que han logrado hacer que en varios países de la región –la más desigual del mundo– haya disminuido la desigualdad, la pobreza y la miseria, aun en medio de la profunda y prolongada crisis que el neoliberalismo ha generado en escala mundial?

Países como Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Ecuador tienen en común, antes de todo, la centralidad de las políticas sociales. Aún cuando son necesarios ajustes de las cuentas públicas, para controlar la inflación, por ejemplo, esto no es el centro de las políticas de esos gobiernos, que implementan la centralidad, la prioridad de las políticas sociales. Han desarrollado modelos de desarrollo económico con distribución de renta, ensanchando el mercado interno de consumo popular. Son políticas de diversas características, pero ninguna ha distribuido tanta renta como la extensión de los empleos formales de trabajo. Pero como mucha gente está fuera de esa condición, políticas como las de Bolsa familia, en Brasil, se han extendido y jugado un rol complementario importante en el rescate social de gran parte de la población.

Asimismo, han rescatado el rol activo del Estado como inductor del crecimiento económico, garante de los derechos sociales recuperados y actor político internacional. Porque el tercer aspecto de los gobiernos posneoliberales ha sido la prioridad de los procesos de integración regional y los intercambios sur-sur en lugar de los tratados de libre comercio con Estados Unidos.

A partir de esos tres puntos las fuerzas antineoliberales han logrado pasar de la resistencia a la construcción de alternativas, de la oposición a la construcción de fuerzas hegemónicas de superación del modelo neoliberal.

El proceso que vive Europa, con la victoria electoral de Syriza en Grecia, con el fortalecimiento de Podemos en España, parece hacer, a su manera, un camino similar al de la resistencia a la construcción de alternativas concretas al neoliberalismo, disputando la hegemonía a escala nacional en cada país.

 

América Latina y el Caribe se hallan en una encrucijada climática

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Turbinas en WindWatt Nevis Limited. En la mayoría de los países del Caribe, la abundancia de fuentes renovables crea oportunidades para apostar por las fuentes locales de energía, en vez de depender del gas y del petróleo importados. Crédito: Desmond Brown/IPS.

 Por Susan McDade, subdirectora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe. www.latinamerica.undp.org @UNDPLAC  IPS

Los gobernantes que se reunirán el 23 de este mes en la Cumbre sobre el Clima, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se verán frente a una oportunidad única para movilizar voluntades políticas y propiciar soluciones al cambio climático.

También tendrán que atender otro desafío relacionado, como mejorar el acceso a la energía sostenible, un instrumento clave para garantizar y obtener logros en materia social, económica y ambiental.

“Las ciudades también deben estar en el centro de la solución. Esto es particularmente importante en América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más urbanizada del planeta”.

Eso es más importante que nunca para América Latina y el Caribe. Esta región es responsable de una relativamente baja proporción de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, 12 por ciento según cifras de la ONU.

Pero, en contrapartida, será una de las más severamente afectadas por el aumento de la temperatura global, señala el Informe del Banco Mundial.

En el Caribe, en particular, la fuerte dependencia de los combustibles fósiles importados atenta contra la estabilidad de la balanza de pagos y aumenta la vulnerabilidad de ecosistemas clave que sostienen importantes sectores productivos, como el turismo.

Además, la región afronta nuevos desafíos. La demanda de energía podría duplicarse para 2030, al tiempo que aumenta el ingreso por habitante y los países se industrializan y se urbanizan.

La matriz energética es limpia, con 60 por ciento de la electricidad generada a partir de fuentes hidroeléctricas. Sin embargo, la participación de los combustibles fósiles aumentó sustancialmente en los últimos 10 años, principalmente por el gas natural.

Es hora de que los gobiernos y el sector privado inviertan en alternativas de energía sostenible, no solo para incentivar el crecimiento mientras se reducen los gases contaminantes, sino también para asegurar el acceso a fuentes limpias para las alrededor de 24 millones de personas que siguen a oscuras.

Es importante señalar que 68 millones de latinoamericanos siguen usando leña para cocinar, lo que genera problemas de salud graves, en especial a mujeres, niñas y niños pequeños, lo que arraiga los ciclos de pobreza y contribuye a la degradación ambiental y la deforestación.

Las ciudades también deben estar en el centro de la solución. Esto es particularmente importante en América Latina y el Caribe, que es la región en desarrollo más urbanizada del planeta.

La urbanización trepó de 68 por ciento, en 1980, a 80 por ciento, en 2012. Para 2050, se prevé que 90 por ciento de la población viva en las ciudades. Esto plantea una serie de desafíos diferentes, en especial en relación al transporte y a los servicios públicos.

La cuestión es si la región explotará su vasto potencial en materia de recursos renovables para cubrir la demanda o se volcará a los combustibles fósiles.

En este contexto, las políticas energéticas que se concentran no solo en el crecimiento económico, sino también en los beneficios sociales y ambientales a largo plazo serán esenciales para construir el futuro.

Por lo tanto, además de disminuir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), la región debe favorecer las alternativas renovables. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe es una “superpotencia de la biodiversidad”, como se llama un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por un lado, el vasto capital natural puede verse seriamente afectado por el cambio climático. La variabilidad climática también desestabiliza a los sistemas agrícolas y a la producción de alimentos, que son clave para incentivar el crecimiento económico en la región.

Pero por otro lado, si se maneja con cuidado, puede, de hecho, ayudar en la adaptación al cambio climático y aumentar la resiliencia.

Además, en la mayoría de los países, la abundancia de recursos renovables crea una oportunidad para aumentar la dependencia en las fuentes domésticas de energía, en vez de depender del gas y el petróleo importados, disminuyendo así la vulnerabilidad a las crisis cambiarias relacionadas con los cambios de precio en los mercados mundiales.

En este contexto, los países ya comenzaron a promover políticas innovadoras. Varios países de la región producen biocombustibles de forma sostenible. Un ejemplo es el programa de Brasil para producir etanol para automóviles que se considera uno de los más efectivos del mundo.

Invertir en el acceso a la energía es una acción transformadora, pues se iluminan escuelas, funcionan los centros de salud y las bombas de agua y saneamiento, se obtiene un aire más limpio y se acelera el procesamiento de alimentos, además de crear más oportunidades para generar ingresos.

 También significa liberar a las mujeres y a las niñas de tareas que insumen mucho tiempo, como buscar agua, golpear granos y acarrear agua, dejándoles tiempo para su educación y realizar trabajos remunerados.

El PNUD trabaja con países de América Latina y el Caribe para mejorar el acceso a la energía sostenible y disminuir la dependencia en los combustibles fósiles.

En Nicaragua, por ejemplo, casi 50.000 personas de ocho comunidades rurales recibieron electricidad tras la inauguración de un nuevo microsistema de energía hidráulica de 300 kilovatios, en 2012.

La iniciativa se logró mediante la asociación de autoridades locales y nacionales, el PNUD y los gobiernos de Suiza y Noruega, y mejoró la vida de la población y transformó el sector energético.

Además de promover una nueva ley para incentivar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, aparecieron microempresas y se crearon puestos de trabajo, tanto para hombres como para mujeres.

El acceso universal a servicios modernos de energía se puede lograr para 2030, y América Latina y el Caribe están avanzando en esa dirección. Esto alentará el desarrollo y transformará la vida de las personas.

En una comunidad nicaragüense que ya no está a oscuras, Maribel Ubeda, con tres hijos, contó que ellos son los que más se benefician de la electricidad recién adquirida. “Ahora tienen Internet y descubren el mundo más allá de nuestra comunidad”, afirmó.

 

Violencia y Terror: El camino de Ucrania y Colombia hacia la construcción del Imperio

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Por James Petras

Petras en uno de sus mas recientes artículos que publican varios medios digitales internacionales, hace un crudo análisis de las similitudes entre el camino político que esta tomando Ucrania y la situación que ha vivido Colombia, especialmente durante los últimos 15 anos.

 El articulo adquiere la mayor relevancia, sobre todo para una opinión publica colombiana que en su mayoría solo se entera de lo que ocurre en su país y en el resto del mundo a través de lo que leen o escuchan en los grandes medios de comunicación, los cuales haciendo honor a su condición de prepagos,  actúan como simples megáfonos y amplificadores de la propaganda y falsedades que salen de las oficinas de prensa del régimen.

 Sobre la situación en Ucrania, por ejemplo, lo que escucharan en los medios locales es que lo que esta viviendo ese país (a diferencia de Venezuela, porque no pierden la oportunidad de estigmatizar a Venezuela) es una verdadera transición democrática. Sobre Colombia y las recientes elecciones, a lo sumo escucharan que hubo unos candidatos avivatos que se hicieron elegir con votos alterados o comprados, pero no escucharan una sola mención de que el sistema electoral es un verdadero pozo séptico, ni que la “democracia” en general es realmente un montaje electoral politiquero diseñado para garantizar la perpetuidad en el poder de las mismas mafias políticas y clanes familiares.

Lean a continuación el artículo de James Petras:

 Violencia y Terror – El camino de Ucrania y Colombia hacia la construcción del Imperio

 James Petras – Marzo 19, 2014  

Introducción

 Los dos caminos hacia la construcción del imperio del siglo 21st mediante testaferros son ilustrados a través de la toma violenta del poder en Ucrania por una junta respaldada por EEUU y los réditos electorales del Señor de la guerra colombiana Alvaro Uribe Velez, también apoyado por EEUU. A continuación describiremos la ‘mecánica’ de la intervención estadounidense en la política interna de estos dos países y sus profundos efectos externos – y cuyo propósito es cómo expandir el poder imperial en todo el continente.

 Intervención política y regímenes testaferros: Ucrania

 La conversión de Ucrania en un estado vasallo de EEUU y la Unión Europea (UE) ha sido un proceso prolongado y de gran escala que involucró financiamiento a largo plazo, adoctrinamiento y reclutamiento de fuerzas locales, organización y capacitación de políticos y pandilleros y; sobre todo, una capacidad para combinar la acción directa con la política electoral.

La toma del poder es un juego que tiene altos intereses para el imperio: (1) Ucrania en manos de sus clientes, proporciona a la OTAN un bastión militar en el corazón de la Federación de Rusia; (2) los recursos agrícolas e industriales de Ucrania proporcionan una fuente de enorme riqueza para los inversionistas occidentales; y (3) Ucrania es una región estratégica que les permite penetrar las altas esferas políticas de la región, e incluso más allá.

 Washington invirtió más de 5 billones de dólares en la construcción de un estado cliente, sobre todo en ‘Ucrania occidental’, y especialmente en los alrededores de Kiev, centrándose en ‘grupos de la sociedad civil’ y en partidos y líderes políticos manipulables. En 2004, la primera “inversión” política de EE.UU. dirigida a lograr un cambio de régimen culminó en lo que se denominó la ‘revolución naranja ‘ la cual instaló un efímero régimen pro-EEUU/UE. Sin embargo, este régimen se degeneró rápidamente en medio de grandes escándalos de corrupción, mala gestión y saqueo del tesoro nacional y de recursos públicos por parte de la oligarquía, lo cual condujo al encarcelamiento del ex-vicepresidente y a la desaparición del régimen. Nuevas elecciones produjeron un nuevo régimen, el cual intentó fortalecer las relaciones con la UE y Rusia mediante acuerdos económicos pero conservando muchas de las repudiables características (corrupción endémica) del régimen anterior. Los EEUU y la UE, luego de haber sido derrotados en elecciones democráticas, relanzaron sus ‘organizaciones de acción directa’ con una nueva agenda radical. Neofascistas se tomaron el poder y establecieron una junta dictatorial como resultado de manifestaciones violentas, vandalismo, asaltos armados y otras acciones criminales. La composición de la nueva junta post-golpe de estado mostro los dos bandos que representan las organizaciones políticas respaldadas por EEUU: (1) políticos neoliberales para la gestión de la política económica y fortalecer los lazos con la OTAN, y (2) los nacionalistas neo fascistas/violentos, encargados de imponer orden mediante una estrategia de mano dura, y de aplastar a ‘autonomistas’ de Crimea  pro Rusia, a grupos étnicos rusos y a otras minorías, especialmente en los sectores industrializados del sur y oriente.

 Cualquiera que sea el resultado del golpe de estado,  la junta de gobierno impuesta es totalmente subordinada  y dependiente de la voluntad de Washington: por mas declaraciones de que lo que ocurrió fue la ‘independencia ‘ de Ucrania. La junta impuesta procedió a despedir a los funcionarios electos y nombrados que estaban afiliados a los partidos políticos del régimen democrático anterior y a perseguir a sus partidarios. Su propósito es asegurar que las subsiguientes elecciones manipuladas parezcan legitimas, las cuales servirán para elegir básicamente dos grupos de clientes del imperio: los neoliberales, (autodenominados “moderados“) y los neofascistas bautizados como “nacionalistas“.

 El camino de Ucrania hacia un poder imperialista mediante un régimen colaborador ilustra varios  instrumentos que se usan en la construcción del imperio: (1) uso de fondos del estado imperial, canalizados a través de organizaciones no gubernamentales, grupos políticos frontales y el fortalecimiento de una ‘base de masas’ dentro de la sociedad civil; (2) financiación de una acción masiva directa que lleve a un golpe de estado (‘cambio de régimen’); (3) imposición de políticas neoliberales por parte del régimen cliente; (4) financiamiento imperial para la reorganización y reagrupamiento de los grupos de acción masiva directa después de la desaparición del primer régimen cliente; (5) transición de la protesta pacífica a la acción violenta directa como gran telón de fondo para que los sectores extremistas (neofascistas) organicen la toma del poder y la eliminación de la oposición; (6) organización de una ‘campaña mediática internacional ‘ para afianzar la nueva junta de gobierno y al mismo tiempo satanizar a la oposición nacional e internacional (Rusia); y (7) poder político centralizado en manos de la junta de gobierno, convocando a  unas “elecciones manipuladas” que asegurarán  la victoria de uno u otro de los candidatos pro imperialistas escogidos por la misma junta de gobierno.

En resumen, los constructores de imperios operan en varios niveles: violento y electoral; social y político; y con políticos amigos en ejercicio y rivales cuidadosamente seleccionados y comprometidos a cumplir con un objetivo estratégico: la toma del poder estatal y la conversión de las elites gobernantes en incondicionales vasallos del imperio.

 Democracia de ‘los escuadrones de la muerte’ en Colombia: Elemento fundamental del Imperio para avanzar en América Latina

 Frente a la reducción de la influencia estadounidense en América Latina, Colombia se constituye en un bastión clave para los intereses imperiales de Estados Unidos en la región: (1) Colombia firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos; (2) puso a disposición siete bases militares y ha permitido la participación de EEUU en varios operativos contra la insurgencia; y (3) colaboró en la creación a gran escala de escuadrones de la muerte paramilitares, lo cuales están entrenados para incursionar la frontera y desarrollar operativos en contra de Venezuela, el archienemigo de Washington.

 La oligarquía gobernante y los militares de Colombia han logrado contener la ola masiva de agitación democrática de movimientos sociales y populares,  y las victorias electorales que dieron origen a estados post-neoliberales en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

 Mientras América Latina se ha movido hacia la conformación de ‘organizaciones regionales’ que excluyen a EEUU, Colombia ha fortalecido sus lazos con el imperio a través de acuerdos bilaterales. Mientras que América Latina redujo su dependencia de los mercados estadounidenses, Colombia amplió sus lazos comerciales. Mientras que América Latina redujo sus lazos militares con el Pentágono, Colombia los fortaleció. Mientras que América Latina se ha enfocado en una mayor inclusión social mediante el aumento de impuestos a las empresas multinacionales extranjeras, Colombia bajó los impuestos corporativos. Mientras que América Latina expande la titulación de tierras a sus poblaciones rurales, Colombia ha desplazado más de 4 millones de campesinos como parte de la estrategia contrainsurgente de EEUU denominada ‘tierra arrasada’.

La sumisión inquebrantable “excepcional” de Colombia a los intereses imperialistas de Estados Unidos está arraigada en varios programas de gran escala y largo plazo desarrollados en Washington. En 2000, el Presidente Clinton comprometió a los Estados Unidos en un programa de contrainsurgencia de 6 billones de dólares (Plan Colombia) el cual incrementó la capacidad represiva y brutal de la élite Colombiana para hacer frente a los movimientos populares de campesinos y trabajadores.  Además de suministrar armas y entrenamiento, fuerzas especiales e ideólogos de EEUU llegaron a Colombia con el fin de desarrollar operaciones militares y paramilitares terroristas – cuyo objetivo principal es penetrar y diezmar a la oposición política y a los movimientos sociales, y asesinar activistas y líderes sociales. Con el respaldo de EEUU, Álvaro Uribe Velez,  destacado narcotraficante y quien es la personificación del vasallo imperial más despiadado, se convirtió en el presidente de la ‘democracia de los escuadrones de la muerte.’

 El presidente Uribe militarizó aún más la sociedad colombiana, atacó severamente a los movimientos de la sociedad civil y aplastó cualquier posibilidad de un resurgimiento popular democrático, tal como estaba ocurriendo en el resto de América Latina. Miles de activistas, sindicalistas, activistas de derechos humanos y campesinos fueron asesinados, torturados y encarcelados.

El ‘sistema colombiano ‘ combina el uso sistemático del paramilitarismo (escuadrones de la muerte) para atacar a sindicatos locales y regionales y a la oposición campesina, con la tecnificación e incremento del pie de fuerza militar (más de 300.000 soldados) para combatir a la insurgencia popular y ‘limpiar el campo’ de los simpatizantes rebeldes.  El multimillonario e inmenso negocio de tráfico de drogas y de lavado de dinero constituyeron el ‘pegamento financiero ‘ que consolidó las relaciones entre los oligarcas, políticos, banqueros y asesores de contrainsurgencia estadounidenses – creando un estado policía aterrorizador y de alta tecnología en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil – países con presencia de importantes movimientos populares.

 La misma maquinaria de terror estatal que ha diezmado sistemáticamente a los movimientos sociales que exigen una verdadera democracia, ha protegido, promovido y participado en ‘elecciones manipuladas’  lo cual le imprime a Colombia el sello de ser una “democracia de los escuadrones de la muerte.

 Las elecciones se celebran bajo un inmenso despliegue militar, del cual hacen parte escuadrones de la muerte y narcotraficantes que se desplazan a ciudades y pueblos a intimidar, aterrorizar y corromper al electorado. La única manera segura de protestar en esta atmósfera represiva es la abstención. Los resultados electorales son siempre conocidos con anticipación: los oligarcas nunca pierden en las democracias de escuadrones de la muerte, son los vasallos más fieles del imperio.

 Los efectos acumulativos de la larga y sangrienta década y media de aniquilación de la sociedad civil colombiana por parte de los presidentes Uribe y su sucesor Santos, se evidencian en la eliminación o debilitamiento de cualquier forma de oposición democrática. Washington ha alcanzado su ideal: un estado vasallo estable; un estamento militar fortalecido y obediente; una oligarquía estrechamente relacionada con las elites corporativas norteamericanas; y un sistema ‘electoral’ estrictamente controlado que no permite la elección de un verdadero opositor.

 Las elecciones de marzo de 2014 en Colombia ilustran con toda claridad el éxito de la intervención estratégica de Estados Unidos en colaboración con la oligarquía local: la gran mayoría del electorado (dos tercios) se abstuvieron, lo cual demuestra que el proceso electoral no tiene legitimidad para los votantes. Entre los que ‘votaron,’ 10% sufragaron votos nulos o votaron en blanco. La votación abstencionista y de votos nulos fue especialmente alta en regiones rurales y áreas de clase obrera que han sido objeto del terrorismo de estado.

 Debido a la intensa represión, los votantes vieron que ningún partido genuino de oposición tenía alguna posibilidad y por eso se negaron a legitimar el proceso. El 30% que votó son en su mayoría habitantes de ciudades, de clases medias y altas, y residentes de algunas zonas rurales completamente controladas por narcoterroristas y militares donde ‘votar’ pudo haber sido ‘obligatorio’. De un total de 32 millones de electores, 18 millones se abstuvieron y otros 2,3 millones sufragaron tarjetones nulos. Las dos coaliciones dominantes de la oligarquía, lideradas por el Presidente Santos y el ex Presidente Uribe, recibieron sólo 2.2 millones y 2.05 millones de votos respectivamente, una fracción pequeña comparada con el total de votantes. En esta farsa electoral, los candidatos de partidos de centro-izquierda y de izquierda obtuvieron resultados pírricos. El sistema electoral colombiano pone un velo de propaganda a un estado vasallo peligroso y altamente militarizado, cuya misión es desempeñar un papel estratégico en los planes estadounidenses para la “reconquista” de América Latina.

Dos décadas de terror sistemático, financiado por un programa de militarización de 6 billones de dólares, ha garantizado que Washington no tenga ninguna oposición sustancial ni en el congreso ni en el palacio presidencial en Bogotá. Este es el ‘olor amargo, teñido de pólvora’ del éxito que alardean las autoridades de Estados Unidos: la violencia es la comadrona del estado vasallo. Colombia se ha convertido en el bastión para el desarrollo de un bloque comercial y una alianza militar centrados en EEUU cuyo propósito es debilitar alianzas regionales Bolivarianas promovidas por Venezuela, como la ALBA y Petro Caribe; así como atentar contra la seguridad nacional de Venezuela. El gobierno de Colombia seguirá tratando de influir en los regímenes de derecha y de centro-izquierda del vecindario empujándolos a abrazar al imperio en contra de Venezuela.

 Conclusión

 La organización de subversión a gran escala en Ucrania y Colombia, así como la financiación de organizaciones paramilitares y de la sociedad civil (ONGs) le ha permitido a Washington: (1) construir aliados estratégicos, (2) fortalecer lazos con oligarcas, políticos obedientes y con matones paramilitares, y (3) aplicar terrorismo político para la toma del poder estatal. Los planificadores imperiales han creado así “Estados modelo” — desprovistos de opositores consecuentes y abiertos a elecciones manipuladas entre políticos rivales vasallos.

 Golpes de estado y juntas de gobierno, orquestados por testaferros  políticos,  y estados altamente militarizados gobernados por ‘ ejecutivos de escuadrones de la muerte ‘ son legitimados por sistemas electorales diseñados para ampliar y fortalecer el poder imperial.

 Haciendo imposible la existencia de verdaderos procesos democráticos y el logro de reformas populares por la vía pacifica, y mediante el derrocamiento de gobiernos  independientes y elegidos democráticamente, Washington está haciendo que las guerras y los levantamientos violentos sean inevitables.

Tomado del blog la Colombia invisible

 

América Latina, de la revolución política a la revolución social

latan america+latina+unida

Por René Behoteguy Chávez

Tomado de Rebelión

No cabe duda que en los últimos 15 años Latinoamérica se ha convertido en la región del planeta que más ilusión despierta en quienes no creemos en el “final de la historia” y seguimos apostando por un mundo de justicia y libertad, donde las riquezas que generan los trabajadores y las trabajadoras sean administradas para el uso y disfrute de esos mismos trabajadores y trabajadoras y no para la acumulación de una pequeña oligarquía financiera que se ha apropiado del mundo.

A partir de la caída del llamado campo socialista y la desintegración de la URSS, la última década del Siglo XX estuvo marcada por la absoluta desorientación de una izquierda que había perdido el referente y que optó, o por el camino de la conversión al dogma liberal y el pacto con la derecha para obtener migajas de poder, o por el dogmatismo y el ostracismo alejado del sentir de los sectores empobrecidos. Ante esta debilidad manifiesta en el campo popular, los sectores de poder en América Latina, bajo el amparo de Estados Unidos, acometieron la imposición a ultranza de una versión extrema del sistema capitalista basado en políticas neoliberales con sustento en las teorías de Milton Friedman y que se traducen en el conocido como “Consenso de Washington” nacido en 1989 y, a través del cual, los organismos multilaterales van a imponer estas recetas de no intervención estatal, desregulación de las condiciones de trabajo a favor del empresariado y progresiva privatización de la economía y la vida social al conjunto del continente.

La aplicación de estas recetas de libre mercado van a extenderse por toda Latinoamérica a excepción de Cuba, con resultados catastróficos, destruyendo las de por si débiles industrias locales, incrementando la desigualdad social y la concentración de la riqueza, generando la prácticamente total desaparición por empobrecimiento de la llamada “clase media”, precarizando el empleo con la consiguiente exclusión social y laboral de las grandes mayorías y generando un circulo vicioso de corrupción entre los políticos y funcionarios gubernamentales que aplicaban las privatizaciones y políticas favorables a las empresas multinacionales y estas últimas que por mecanismos poco transparentes se hicieron con la propiedad de prácticamente todas las riquezas del continente.

Pero los años 90 no fueron una taza de leche para los neoliberales. La reacción y creciente resistencia de los movimientos sociales a lo largo y ancho del continente, desde los Zapatistas en México, pasando por los Sin Tierra brasileños, el Caracazo venezolano o las luchas de indígenas y campesinos en Bolivia o Ecuador fueron configurando un contrapoder que sería capaz de poner en jaque a los regímenes neoliberales y, a través de la combinación de movilización popular contundente y construcción de instrumentos políticos para la participación en procesos electorales, modificar sustancialmente el escenario político del continente en la primera década del siglo XXI.

La revolución política latinoamericana: alcances y limitaciones

Lo que viene sucediendo en América Latina a partir de las elecciones de 1999 en que Hugo Chávez accede a la presidencia en Venezuela es una verdadera revolución política de alto impacto en la estructura del poder político en la región. Sirva de ejemplo mencionar que cuando en 1996 se celebró la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, más de la mitad de los jefes de estado asistentes habían estudiado en Estados Unidos; esta es solo una muestra del perfil de la clase política de América Latina. Estados Unidos había logrado con éxito maquillar su imagen y sustituir a los gorilas que gobernaban el patio trasero para ellos en los 70, por un conjunto de tecnócratas liberales con la misma obediencia ciega al imperio pero con imagen más amable. La gran mayoría de los presidentes, ministros o parlamentarios de la región eran hombres, viejos, blancos y ricos en un continente donde lo que prevalece es exactamente lo contrario. En los hechos, la “democracia liberal latinoamericana” se configuraba como un verdadero apartheid; los sectores populares, obreros e indígenas no tenían voz alguna en un escenario político en el que solamente estaban representadas las élites oligárquicas herederas del sistema colonial y que, por tanto, legislaban y gobernaban en función de sus intereses excluyendo las demandas del 99% de la población.

Hoy, 15 años después del primer discurso de Chávez como presidente de Venezuela, la estructura política continental ha cambiado sustancialmente, buena parte de los gobernantes latinoamericanos proviene de las luchas sociales y movimientos populares, en Bolivia un dirigente campesino aymara, en Venezuela un sindicalista del transporte, en Ecuador un economista sin vinculación con el poder económico tradicional, en Uruguay, Nicaragua y El Salvador ex guerrilleros con trayectoria de lucha en las principales fuerzas insurgentes que combatieron a las dictaduras. Pero no solamente eso, nuestros parlamentos se han llenado con las voces del pueblo: trabajadoras del hogar, obreros, hombres y mujeres indígenas, militantes feministas, intelectuales antes vetados por el sistema, estudiantes, dirigentes vecinales y una vasta representación de la mayoría social antes excluida.

Por eso resulta tan incongruente e indignante el discurso reiterado hasta el hartazgo por la derecha internacional y los medios de comunicación que detenta en cuanto al supuesto “peligro” que corre la democracia en el continente. Justamente en un momento histórico en que, por el contrario, la política se ha democratizado enormemente alcanzando a las grandes mayorías con niveles de participación social y popular envidiables para cualquier territorio del planeta.

Esta irrupción de las clases subalternas y oprimidas en el pasado, hoy disputándole a la oligarquía continental espacios de poder y toma de decisiones, tiene los alcances de una verdadera revolución política de gran calado que además, en su discurso y práctica, con matices y diferentes intensidades, ha roto claramente con el consenso de Washington, enterrando el ALCA (libre comercio con Estados Unidos), marcando un posicionamiento antiimperialista y enfrentado al paradigma neoliberal.

No obstante, esta revolución política comienza a mostrarse insuficiente a las necesidades de la mayoría social, porque si bien hoy por hoy podemos decir que, al menos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o El Salvador las clases populares detentan el poder político, no podemos decir lo mismo del poder económico que es finalmente el que importa. Y es que, a pesar de los avances reales en el control estatal de los sectores estratégicos, es evidente que la propiedad de los medios de producción y la riqueza sigue estando en las manos de los mismos de siempre. Esta paradoja de que una clase detente el poder político y otra el poder económico difícilmente es sostenible en el tiempo y llevará necesariamente a un punto de quiebre, que al parecer en Venezuela está muy cerca. En este escenario probablemente lo que suceda sea una de dos cosas: O que la oligarquía tradicional apoyada y financiada por Estados Unidos, a través de la combinación del boicot económico y la violencia desestabilizadora logre desgastar hasta derrotar a las fuerzas populares. O, por el contrario, que estas últimas lograrán trascender la revolución política hasta profundizarla en una verdadera revolución social.

“Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social”

Viendo lo que hoy sucede en Venezuela me surge una pregunta. El boicot económico de la burguesía importadora parasitaria que acapara y desabastece a la población con fines claramente desestabilizadores, al tiempo que se beneficia de los subsidios del gobierno bolivariano a las importaciones: ¿Sería posible si dicha burguesía no tuviera en sus manos la importación y distribución de los bienes de consumo fundamentales? Por otra parte, ¿sin el poder económico que todavía detentan podrían mantener el pulso golpista en la calle como lo hacen actualmente?

El tema de fondo es que más allá de las políticas sociales inclusivas que han practicado los gobiernos de izquierda latinoamericanos en los últimos tiempos, sin negar además el efecto positivo en la soberanía respecto a las multinacionales del norte y distribución más equitativa de la riqueza de las nacionalizaciones de importantes recursos naturales. El verdadero salto y lo único que puede garantizar los procesos que se viven en el continente es que, progresivamente se den pasos decididos hacia el cambio de la propiedad de los medios de producción o sea hacia una verdadera revolución social.

Se trata en tanto de generar medidas objetivas que, pongan en manos de la clase trabajadora el control de la economía y esto implica al menos lo siguiente:

·  Diversificación económica con base en la economía social comunitaria: Una de las mayores debilidades de los procesos latinoamericanos es que no se ha roto con el problema histórico de la extrema dependencia de la exportación de materias primas. Gran parte del engranaje de políticas sociales en Venezuela o Bolivia dependen de la renta generada por los hidrocarburos. Si bien la reconducción de los ingresos estatales por el gas y el petróleo hacia la educación o la sanidad han redundado en disminución efectiva de la pobreza, el mantener modelos extractivitas dificulta la sostenibilidad futura de dichas políticas sociales al hacerlas dependientes de los precios internacionales de las materias primas, en mercados que no controlamos. En este sentido a futuro debería priorizarse la inversión productiva fundamentalmente agropecuaria, pero no sobre la base de la propiedad individual sino desde el horizonte de propiedad colectiva planteado por ejemplo con claridad en la Constitución boliviana en el marco de la economía comunitaria. Esto permitiría que sean las comunidades indígenas y campesinas quienes se conviertan en sujetos económicos que sustituyan a los especuladores e importadores garantizando un crecimiento económico con base ancha y soberanía alimentaria. 

· Expropiación de los latifundios y su reorientación a la agroindustria comunitaria: Para que esto sea efectivo debe encararse más allá del discurso un proceso amplio de expropiación de los latifundistas y redistribución de la tierra a unidades productivas comunitarios o cooperativas, dando protagonismo en el proceso a los movimientos sociales de base agraria como el Frente Nacional Ezequiel Zamora en Venezuela, la CSUTCB, Conamaq o CIDOB en Bolivia, o la ATC en Nicaragua. 

· Nacionalización de la industria, la banca y control obrero de las grandes empresas: Si bien la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía ha avanzado fundamentalmente en Venezuela, Ecuador o Bolivia, hay dos aspectos importantes que profundizar. El primero está referido a la necesidad de que, progresivamente, todas las grandes empresas tanto productivas como importadoras, dejen de estar en manos de propietarios privados y pasen a ser de propiedad y beneficio del conjunto de la sociedad. El segundo es fundamental y complementa al primero y tiene que ver con el control de los mismos trabajadores y trabajadoras sobre la producción en sus centros de trabajo. De igual manera, la independencia económica y el fomento tanto a la economía comunitaria como a las industrias estatales con control obrero, solamente será posible si se construye una banca pública fuerte nacionalizando los capitales privados y sustituyendo así a los especuladores financieros.

Poder popular y democracia directa:  Además de combatir a los sectores oligárquicos tradicionales, debilitando el poder económico que detenten y, a través del cual, intentan recomponer su poder político, es importante evitar el nacimiento de burocracias políticas que, en base a su manejo y cercanía con el Estado tiendan a convertirse en una nueva élite dominante. Porque el objetivo de una revolución social como la que se plantea, no es cambiar de élites sino finalmente que estas desaparezcan. El único remedio contra la burocratización de los procesos es que los espacios de decisión tengan una presencia mayoritaria y protagónica de los movimientos sociales organizados, que las decisiones fundamentales se tomen de abajo hacia arriba con absoluto respeto a las dinámicas culturales y organizativas de cada comunidad y que finalmente los gobiernos no sean más que una expresión de las estrategias y aspiraciones planteadas por el pueblo organizado.

Finalmente se hace fundamental para la sostenibilidad de los procesos, fortalecer los vínculos de solidaridad entre pueblos, haciendo de la CELAC, la Unasur o el Alba verdaderos instrumentos de complementariedad económica y cohesión social continental que tiendan a disminuir hasta desaparecer la dependencia del continente respecto a la economía norteamericana. Para ello y para frenar las agresiones imperialistas, debe apoyarse de manera solidaria la lucha de resistencia de los pueblos del continente. En particular es clave tratar de romper el eje pronorteamericano que constituyen los gobiernos de México, Honduras, Colombia, Perú y Chile a favor del fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas antiimperialistas de dichos países. Debemos tomar en cuenta que la derecha auspiciada por Estados Unidos, está utilizando su poder económico para recuperar los espacios de poder político que ha perdido, la única respuesta eficaz desde el movimiento popular es emprender el camino de arrebatarles también el poder económico y eso se llama revolución social.

 

América Latina marcha firme hacia mayor equidad

Los programas de transferencia de ingresos, que ya existen con diversas modalidades en muchos países latinoamericanos, resultan un arma más efectiva contra la pobreza y la desigualdad social que el crecimiento económico por sí solo, aseguran en su estudio dos economistas argentinos.

Con distintos nombres y alcance, estos planes sociales se implementaban en 2010 en 18 países, abarcando entonces a 19 por ciento de los alrededor de 600 millones de habitantes de la región, logrando “una disminución sustancial de la pobreza extrema y una notable caída de la desigualdad”, según el trabajo publicado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la estatal Universidad Nacional de La Plata.

América Latina continúa siendo la región del mundo con mayor desigualdad entre ricos y pobres.

Elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, el informe “Políticas sociales para la reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y el Caribe” hace un recuento de las modalidades regionales de transferencia de ingresos a los más pobres y recomienda ampliar estos programas para erradicar la indigencia.

Gasparini y Cruces, director y subdirector del Cedlas respectivamente, consideran que los programas no contributivos “fueron la principal innovación” de las políticas sociales en la última década en la región.

“Las transferencias monetarias son instrumentos muy útiles como parte de una estrategia global de reducción de la pobreza y las desigualdades”, dijo Gasparini a IPS. “Son relativamente fáciles de implementar, administrar y monitorear, y tienen un impacto directo sobre el nivel de vida de los beneficiarios”, subrayó.

Gasparini también destacó las ventajas de los condicionamientos de estos planes para “incentivar ciertos comportamientos, como una mayor asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la escuela o a controles más frecuentes de salud”. Si bien “no son la solución a problemas distributivos profundos, su relevancia no debería minimizarse”, agregó.

Según el estudio publicado en marzo, aun en un escenario de crecimiento económico sostenido, programas como Asignación Universal por Hijo, en Argentina, y Beca Familia, en Brasil, “tienen un papel fundamental para lograr mejoras distributivas”.

“La región no puede depender solo del crecimiento económico, incluso si se da con pleno empleo, pues hace falta la protección social”, señala la investigación.

Con matices, los diversos planes apuntan a transferir mensualmente recursos monetarios del Estado a familias pobres o a retirados que se desempeñaron en la economía informal y, por tanto, carecen de pensiones. Entre los primeros, la mayoría exigen a cambio la asistencia a la escuela y controles sanitarios a los menores de 18 años.

El Bono de Desarrollo Humano, de Ecuador, es el que tiene mayor alcance, ya que llega a 44 por ciento de la población total de ese país. Pero Beca Familia es el más grande en términos absolutos, pues protege a 52 millones de los 198 millones de habitantes de Brasil.

A ellos se agregan Oportunidades, de México, Bono Juancito Pinto, de Bolivia, Chile Solidario, Familias en Acción, de Colombia, Avancemos, de Costa Rica, Red Solidaria, de El Salvador, Mi Familia Progresa, de Guatemala, Programa de Asignación Familiar, de Honduras, Red Oportunidades, de Panamá, Tekoporâ/ProPaís II, de Paraguay, Juntos, de Perú, Solidaridad, de República Dominicana, Plan Equidad y Asignaciones Familiares, de Uruguay, y similares en Nicaragua y Venezuela.

El plan que parece tener peores resultados es Oportunidades, por el avance de la pobreza en México, que afectaba hasta fines del año pasado a 53,3 millones de sus 118 millones de habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.Ante ello, el gobierno revisa sus reglas de operación.

“La debilidad de origen es la concepción de que el problema de la pobreza es de falta de capacidades de la población y que lo que hay que apoyar y financiar es su aumento”, criticó Clara Jusidman, presidenta honoraria de la organización no gubernamental Incide Social.

“Es típicamente un programa que ve el problema del lado de la oferta, y los que tienen deficiencias para insertarse en el mercado laboral y en el curso del desarrollo son las personas”, dijo a IPS.

Oportunidades, creado a fines de los años 90 y que adoptó su formato actual en 2002, cuenta en 2013 con un presupuesto superior a los 5.000 millones de dólares y aspirar a cubrir a 5,8 millones de familias. El beneficio está condicionado a que niños, niñas y adolescentes permanezcan en la escuela y asistan a centros de salud.

Para Jusidman, “el plan produjo violaciones de derechos y exclusión de personas y también hay paternalismo estatal, pues se convierte a los beneficiarios en subordinados a la espera de ver qué dicen los gobiernos y los funcionarios”.

Gasparini y Cruces recuerdan que en los años 90, paradójicamente, el crecimiento económico en la región estuvo asociado a una mayor desigualdad. En cambio, desde fines de esa década y más decididamente a partir del pasado decenio, los planes de transferencia de ingresos contribuyeron a un avance acelerado de la reducción de la pobreza y muy especialmente de la indigencia.

Así, quienes vivían con menos de 2,5 dólares por día sumaban 27,8 por ciento de la población latinoamericana en 1992, se redujeron a 24,9 por ciento en 2003, a 16,3 por ciento en 2009 y a 14,2 por ciento en 2010, señala el estudio. Por eso recomienda ampliar la cobertura para potenciar el impacto en un plazo más corto.

“En varios países la base (de población beneficiada) todavía es muy chica y en otros el monto es exiguo. Hay margen para ampliar esos programas”, comentó Gasparini. No obstante, consideró innecesario pensar en programas universales. “No tiene sentido abarcar a la población no vulnerable”, apuntó.

El estudio observa que, con un crecimiento más lento, la lucha contra la pobreza será un proceso más largo. Por ejemplo, si se crece a un promedio de dos por ciento anual por persona, 5,5 por ciento de la población viviría en la indigencia en 2025, mientras que, si la expansión es de cuatro por ciento, casi tres por ciento permanecería en esa situación extrema para ese mismo año.

En cambio, con un “esfuerzo fiscal adicional de 0,5 por ciento” del producto interno bruto (PIB) para estos programas sociales, la región lograría la misma reducción de la pobreza extrema 10 años antes, en 2015.

En base a datos de 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región gastaba en promedio 0,4 por ciento del PIB en las transferencias. Los autores estiman que algunos países podrían incrementar ese esfuerzo, según las recomendaciones, y otros tendrían que tomar créditos externos.

Los países que requieren mayores transferencias son aquellos que mantienen un alto porcentaje de la población en la informalidad y, por lo tanto, sin cobertura de salud ni previsional. En esa situación se encuentran Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Ecuador, detallan. Allí la protección social es insuficiente.

“Bolivia, Nicaragua y Guatemala son los que requieren ayuda externa para programas que cubran a toda su población en la pobreza extrema”, precisó Gasparini. El resto tienen los recursos para financiar estos programas y aún ampliarlos, afirmó.

El director del Cedlas reconoció que el gasto promedio actual parece relativamente menor en comparación con otros subsidios económicos que benefician a las clases media y alta y consideró que, si bien existe cierta crítica a estos programas, “el apoyo social es amplio en la mayoría de los países y son muy pocos los candidatos (a cargos electivos) en la región que proponen abiertamente eliminarlos”.

Gasparini también remarcó que el apoyo a estos programas, empero, “no implica desconocer que pueden tener aspectos indeseados, como el de ralentizar el proceso de formalización de la economía u otros vinculados a la oferta laboral, sobre los cuales es necesario trabajar más seriamente”.

Con aporte de Emilio Godoy (Ciudad de México).

Tomado de IPS

América Latina y el Caribe, pasado y futuros

Por Marcos Roitman Rosenmann

La historia de América Latina asistió a tres siglos de dominio colonial de España. Brasil quedó en manos de Portugal y una parte de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, fue colonizada por Francia e Inglaterra. Lo dicho es un lugar común, una obviedad. Sin embargo, el pasado no deja de condicionar el futuro. Condición sine qua non para abordar las tareas del presente. En su regazo buscamos las explicaciones para enfrentarnos a los retos que imponen la historia y el momento político de coyuntura. Los proyectos sociales tienen una dimensión temporal, no están fuera de la realidad espacio-temporal que los acota y define. Pero el cordón umbilical que une la historia y da continuidad es capaz de generar realidades múltiples y disímiles. En nuestro caso, el Caribe siguió un derrotero que se aleja de la América española. Los imperios de la época, Francia, Holanda, Inglaterra y España, clavaron sus banderas bajo una guerra de posiciones. Piratas, corsarios, trata de esclavos y plantaciones fueron sus señas de identidad. Sus cicatrices las contemplamos en forma del Caribe anglófono, español y francés. Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití y la persistente colonia de Puerto Rico lo atestiguan. El mosaico cultural se entrelaza con sincretismo religioso y el mantenimiento de economías agroexportadoras. Café, tabaco, azúcar, frutas tropicales y hoy el turismo de cruceros y clases medias europeas. Inclusive la revolución de esclavos en Haití al mando de Dominique Toussaint-Louverture en 1791, gobernador de Saint Dominique, fue un llamado de atención para las clases criollas hispanas. Napoleón reprimió con fuerza el levantamiento haciendo acto de presencia, los descuartizamientos, empalados y degollados. Nada de unir emancipación con derechos políticos para las clases populares. Libertad, igualdad y fraternidad eran parte de la revolución burguesa. Hannah Arendt lo explica extensamente en su ensayo Sobre la revolución.

América continental mostró contradicciones en su devenir emancipador. La conquista y la colonia fueron empresas estatales. La corona controló todo el devenir durante 300 años. Imposición de la fe católica, colonización lingüística, monopolio de la tierra, propietaria de minas, recaudadora de impuestos y autoridades peninsulares delegadas. En la América española las luchas de independencia supusieron, al decir del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, revoluciones inconclusas. En ellas se evidenció la efervescencia de la Ilustración, la Revolución Industrial y el espíritu revolucionario inaugurado a finales del siglo XVIII con las revoluciones americana y francesa, 1776 y 1789, respectivamente. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, marginados del poder político tomaron el mando y bajo su batuta proclamaron las primeras juntas de gobierno y los cabildos abiertos. Así surgió el pensamiento antimperialista entre las élites criollas.

La idea de progreso, civilización occidental y superioridad étnica-racial inundó el mundo. Europa, con su razón cultural y las doctrinas políticas que le acompañaron, liberalismo, utilitarismo, federalismo, positivismo, monopolizó el saber y determinó cuáles eran las fuentes de un poder legítimo. El adoctrinamiento comenzó bajo las enseñanzas de Locke, Mills, Montesqueiu, Rousseau, Smith, Bentham o Tocqueville. El mundo tuvo un segundo renacimiento. El capitalismo impuso su racionalidad y se adueñó del relato histórico, tanto como del mundo poscolonial. No había vuelta atrás. El siglo XIX y buena parte del XX sucumbieron a los encantos del progreso. En la literatura, Julio Verne expresó con claridad el triunfo del progreso. No hubo proyecto político en que el progreso no fuese evocado como solución a los males del subdesarrollo. América Latina y África eran mundos por descubrir. Los viajes científicos se convirtieron en el nuevo sueño de Europa. Conocer las leyes de la naturaleza, escudriñar sus secretos para dominarla, aportaría pingües beneficios. América Latina era un continente de posibilidades, poseía todo lo que anhelaba el capitalismo. Materias primas, grandes extensiones de territorio inexploradas y por colonizar, y, sobre todo, aliados políticos. Oligarquías terratenientes capaces de subyugar y mantener bajo su poder omnímodo al pueblo, imponiendo condiciones de explotación rayanas en la esclavitud. Europa y sus gobiernos se beneficiaron hasta el extremo de hacer de los nuevos estados, semi colonias.

América Latina sucumbió. Sus riquezas naturales fueron expoliadas y sus pueblos explotados. Ni oro ni plata alentaban la codicia. Minerales sin tanta nobleza los desplazaron. Estaño, salitre, cobre y productos cosechados en plantaciones y latifundios. El monocultivo se extendió por todo el continente. Azúcar, tabaco, plátano, trigo, cacao, café, caucho o ganado. Los países se transformaron en reductos de una plutocracia criolla que entregó su dignidad en pos de las migajas. El apelativo de repúblicas bananeras sirvió como referente para englobar sus clases dominantes cipayas.

El pensamiento emancipador dejó constancia del expolio y dio pie a nuevos movimientos antioligárquicos. La Revolución Mexicana abrió una etapa cuyas reivindicaciones siguen teniendo vigencia. Reforma agraria, nacionalización de las riquezas básicas, derechos sindicales y reconocimiento de la ciudadanía política. La constitución de 1917 marca un hito en el continente. Sin su emergencia es imposible explicar la nacionalización del petróleo llevada a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas y los años de bonanza posteriores. Hoy, la lucha contra la privatización y entrega a las trasnacionales del sector, por el gobierno del PRI y Peña Nieto, tienen sus raíces en la mejor tradición mexicana y pensamiento emancipador.

Pero es la venta de los activos del petróleo, a manos de las trasnacionales, lo que trae a colación la existencia de múltiples futuros para América Latina. Un escenario posible es la pérdida de soberanía, entrega de las riquezas y los centros de biodiversidad al imperialismo. En este camino se encuentran México y Colombia. Otros siguen su trayectoria a más distancia. Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica o Guatemala. En sus propuestas anida el entreguismo, la sumisión y la pérdida de identidad. Por otro lado está Brasil, cuya propuesta estratégica es unir esfuerzos y extender la relación con empresas trasnacionales y el capital chino para la explotación, saqueo del Amazonas y la construcción de megaproyectos. Y en un tercer nivel se encuentran países encabezados por la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Ecuador o el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo proyecto camina en dirección contraria. Recuperar las riquezas nacionales, dedicar recursos a la educación, salud, vivienda social, disminuir la desigualdad y la pobreza y luchar contra un capitalismo en crisis que sólo puede acabar con el planeta. Sus propuestas se concretan en proyectos como Alba, Unasur o Celac. Según los vaivenes electorales, El Salvador, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana y Argentina transitan en una u otra dirección.

Los futuros contingentes parecen no tener un horizonte único. Las disyuntivas están claras. No podemos repetir los errores del pasado. Las economías latinoamericanas han sido y siguen siendo primario exportadoras con variantes. Muchos movimientos y experiencias apuntan a la necesidad de cambio. Desde las juntas de Buen Gobierno y los caracoles zapatistas, hasta el MST en Brasil y la Vía Campesina. Igual en la acción de gobiernos populares. O se apuesta por un cambio total o el capitalismo actual impondrá en América Latina su cara más siniestra. Hambre, esclavitud, muerte y destrucción de la vida. La responsabilidad consiste en denunciarlo y trabajar por cambiarlo. No importa desde dónde y cómo. Todas las formas de resistencia son válidas contra la sinrazón de los señores del dinero y el poder.

Tomado de La Jornada