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A 38 años del Golpe de Estado en Argentina (1976-2014)

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Por Julio C. Gambina

 Ayer se cumplían 38 años del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 y vale la pena recuperar la memoria, incluso para hablar del presente, ya que algunos orígenes de problemas actuales, especialmente económicos, se remontan a aquellos acontecimientos.

Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y normalizar el orden capitalista afectado por la organización y movilización, principalmente de los trabajadores, que reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una “patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la dominación económica de los capitales más concentrados de adentro y de afuera.

Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su efecto por cuatro décadas aún se siente.

Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso entre trabajadores en general con los maestros.

Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.

La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca, a un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin seguridad social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.

En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos años de los aportes patronales.

Cambios en las relaciones sociales de producción

El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de producción, modificando la relación entre patrones y trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación de capitales y afirmación de la dominación y poder de los capitales más concentrados que actúan en la Argentina.

Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la liberalización de la economía, crudamente expresado en las leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia popular, especialmente de los trabajadores.

En materia de cambios estructurales también debe incluirse la reinserción global de la economía y la política de la Argentina en el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de la economía argentina en todas las ramas de la producción y los servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, fuertemente dependiente de las importaciones de insumos industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las cuentas externas de la Argentina.

¿Qué rumbo asumir al enfrentar esos cambios estructurales?

Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, incluso, más allá del orden capitalista.

En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda (de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en modificaciones esenciales a las relaciones sociales de producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.

Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la educación. No solo acompañamos a los maestros en sus reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos transformados en mercancías o servicios.

¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir una reorganización económica de la sociedad con el objetivo máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Tomado de Rebelión

¿Cuales son las lecciones que deja Nelson Mandela?

Mandela
Por Julio C. Gambina
La coherencia de la lucha contra el racismo y el apartheid, no doblegada por 27 años de cárcel y una vida previa de discriminación por la elite gobernante en Sudáfrica.
La obstinación de la resistencia al poder y la violencia ejercida con su persona y su pueblo.
La convicción de la lucha por la igualdad y la libertad.
Que la igualdad solo es posible desde la hegemonía popular.
Qué la UNIDAD de la Nación y el Pueblo solo se podía conquistar desde el ejercicio de la soberanía popular en la lucha cotidiana de millones; en el gobierno logrado; y que desde allí se disputaba y se disputa el poder, una asignatura aún pendiente en Sudáfrica.
Una lección importante luego de muerto y ante el elogio de los poderosos es que los Pueblos del mundo no debemos permitir que nos expropien el símbolo de MANDELA.
Mandela nos enseñó con el ejemplo de su inclaudicable lucha que toda consideración hacia el otro parte del auto-reconocimiento de los propios derechos y de la lucha por ellos.
La protesta y la crítica a la desigualdad del sistema colonial y el capitalismo constituyen el eje desde el que MANDELA construye su referencia para los pueblos del mundo.
Mandela es ejemplo para generaciones de luchadores por la emancipación social.
Mandela fue expresión de la construcción de una subjetividad consciente en la lucha por la emancipación.
La lección principal es su vida y su lucha.
Tomado de Rebelión

Expectativas y debates entre la deuda y la integración

Por Julio C. Gambina

Existen expectativas sobre varios asuntos de la economía en la coyuntura, entre ellos el próximo vencimiento y cancelación del BODEN 2012 por 2.300 millones de dólares, que cierra el proceso de endeudamiento público ideado para salir de la crítica situación del 2001/2002. El gobierno de Duhalde instrumentó la salida de aquella crisis en varios movimientos (políticos, económicos y sociales), con medidas económicas que incluyeron la devaluación con pesificación asimétrica, que benefició especialmente a grandes deudores del sistema financiero y compensó a los bancos y a los ahorristas (inversores). Todo con deuda pública y a costa del presupuesto, es decir, del conjunto de la sociedad, que de ese modo subsidió a esos beneficiarios, una minoría. Se reiteró la tradicional concepción de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Así, el costo de las medidas económicas se trasladaron en el tiempo (una década) con endeudamiento público, algo que había sido el reiterado mecanismo para el funcionamiento del capitalismo argentino en los años 90´, el decenio de la convertibilidad, la apertura liberalizadora, las privatizaciones y el ajuste estructural. La cesación de pagos de fines del 2001 facilitó la medida, ya que no había acuciantes compromisos de pagos en el corto plazo (por lo menos hasta que se definiera el arreglo, lo que empezó a suceder desde 2005) y viabilizó la emisión de los títulos que fueron venciendo en este periodo, y que cierra un ciclo el próximo jueves 2/8. Esa nueva deuda ha sido pagada y termina cancelándose a expensas de los trabajadores, que con el deterioro estructural de sus ingresos transfirieron rentas hacia las ganancias empresarias, lo que explica la disímil evolución del ingreso de patrones y trabajadores.

Hay quienes relativizan el papel de la deuda pública. Dicen que ahora tiene menos peso con relación al producto que en los periodos anteriores, algo que es cierto, pero insuficiente para considerar la condicionalidad estructural de la deuda. De hecho, los recursos para cancelar el BODEN 2012 salen de una autorización para utilizar reservas internacionales del BCRA. Esas reservas se anuncian en torno de los 46.300 millones de dólares, claro que a ese monto debe restarse, entre otros aspectos, las letras emitidas por el tesoro nacional por usar reservas para cancelar deuda pública. Son unos 33.000 millones de dólares que vencen en 2016 y 2022. Las reservas son entonces las que registra el BCRA, si y solo si, el Estado Nacional obtiene a futuro los recursos que hoy adeuda al BCRA. La deuda se está pagando con deuda, que se cancelará con recursos fiscales que tendrá que obtener el Estado. ¿De quién, de dónde? De la sociedad en su conjunto, obvio, y verificando que lo principal de la recaudación actual proviene de impuestos al consumo (como el IVA), aquellos que afectan a los sectores de menores ingresos. Para completar la información que relativiza las reservas, debemos adicionar unos 16.700 millones de dólares por adelantos transitorios por un año (renovables) facilitados por el BCRA al tesoro nacional. Entre ambos conceptos de deuda del tesoro, títulos y adelantos, suman más que las reservas registradas. Un problema, sin duda, a contramano de quienes subestiman el peso de la deuda en la coyuntura, sin contar claro, las demandas del Club de París o los Fondos Buitres que no ingresaron al canje y que cada tanto ejercen presión con relativa complicidad de la justicia de EEUU.

Energía e integración

También genera expectativa en la coyuntura la reglamentación de la Ley de hidrocarburos y la presencia de una Comisión presidida por el viceministro de economía, Axel Kicillof. Las funciones serán las de intervenir en el mercado petrolero, en el seguimiento y control de las inversiones petroleras y en la determinación de variables claves del negocio petrolero, entre ellos la ganancia. Recordemos que YPF solo representa 1/3 del negocio, y que el resto está en manos de transnacionales y grupos concentrados. Se trata de un tema estratégico, no solo para el manejo soberano del petróleo, sino ante la crisis energética mundial en curso y la disputa mundial por las fuentes de hidrocarburos.

No es menor al respecto la reciente asociación entre la petrolera venezolana, Pdvsa, e YPF. Los acuerdos suscriptos entre ambas empresas permitirán desarrollos conjuntos, claro que necesitados de la tecnología estadounidense, en manos de monopolios transnacionales dominadores del negocio petrolero mundial, tal el caso de Chevron. ¿Es posible pensar en desarrollos tecnológicos compartidos, incluso involucrando a otras petroleras estatales de la región? Resulta imprescindible pensar en investigación y desarrollo alternativos, fuera de la lógica mercantil que empujan las transnacionales y el poder económico. La formulación de una estrategia compartida de soberanía energética aparece imprescindible. En su momento, desde Caracas se sugirió la conformación de un política bautizada “Petroamérica” y que ahora parecen haberse creado las condiciones para su extensión desde el acuerdo entre una veintena de países del Caribe y América Central a Sudamérica.

Lo señalado debe enmarcarse en la circunstancia que supone el ingreso formal de Venezuela al Mercosur, justo cuando desde Caracas se ratifica la “denuncia” a la pertenencia de Venezuela al CIADI, el ámbito del Banco Mundial que tiene en su seno las mayores demandas de trasnacionales contra la Argentina y otros países de la región. Existen expectativas que la actitud de Caracas, en el camino que ya asumieron Bolivia y Ecuador, empuje a los socios del MERCOSUR en el mismo camino, especialmente cuando Brasil nunca se incorporó ni suscribió el protocolo de adhesión al CIADI. Muchos temas puede empujar Venezuela en su ingreso formal al Mercosur, quizá y solo para destacar mencionemos al del Banco del Sur; las tratativas sobre nueva moneda regional, cuyos antecedentes remiten al Sistema de Pagos en Monedas locales suscripto entre Brasil y Argentina desde el 2008, incluso con su escaso desarrollo (es una iniciativa que pretende extenderse al conjunto del Mercosur); y un mayor vínculo con el SUCRE, la moneda para el intercambio comercial con monedas locales implementado por los países del ALBA.

Son temas coherentes con el insistente planteo desde el BCRA, o las autoridades económicas de la Argentina por des-dolarizar la economía local. Es cierto que el Mercosur está atravesado por múltiples conflictos entre sus miembros, y ahora específicamente entre Argentina y Uruguay a propósito del dragado del Río de la Plata; y recurrentemente entre protecciones y conflictos entre las partes; pero el ingreso de Venezuela renueva expectativas de potenciar la integración regional y claro, siempre existe el interrogante sobre quien influenciara más a quien ¿Si el rumbo por el socialismo que se promueve desde al revolución bolivariana o la impronta capitalista que anima el club de los fundadores del Mercosur?

Existe un nuevo tiempo en el debate por la integración, sin claridad ni definiciones precisas de articulación productiva y económica, pero no es menor que EEUU ya no defina en soledad el curso de acción a seguir, aún cuando mantiene regímenes amigables y sumisos a sus dictados. La agenda de la integración alternativa acompaña la demanda de transformaciones locales en cada país, y constituyen el programa a sustentar en el camino de la construcción de sujetos para profundizar el cambio político que define la coyuntura en nuestramérica.

¿Quién vence a quién?

Las expectativas comentadas, sean por la cancelación de la deuda (aplaudida por acreedores), como las apuestas a la integración (petróleo y Venezuela en el Mercsur) son expresión de la confrontación existente en cada uno de nuestros países y en el destino común, compartido.

El interrogante del subtítulo remite a la formulación de Lenin en los difíciles momentos de la confrontación entre revolución y contra revolución, y que nos sirve a nosotros para pensar el momento actual de constitución de sujetos que asuman un programa transformador para el cambio en momentos de crisis capitalista.

Es que la crisis convoca al combate. Por eso es pertinente consultar e indagar sobre cómo nos preparamos para salir airosos. No hablo de la competencia olímpica, está claro, sino de la recurrente lucha socio política, aquella que nominábamos como lucha de clases.

Tomado del blog del autor

Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario