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A 38 años del Golpe de Estado en Argentina (1976-2014)

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Por Julio C. Gambina

 Ayer se cumplían 38 años del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 y vale la pena recuperar la memoria, incluso para hablar del presente, ya que algunos orígenes de problemas actuales, especialmente económicos, se remontan a aquellos acontecimientos.

Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y normalizar el orden capitalista afectado por la organización y movilización, principalmente de los trabajadores, que reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una “patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la dominación económica de los capitales más concentrados de adentro y de afuera.

Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su efecto por cuatro décadas aún se siente.

Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso entre trabajadores en general con los maestros.

Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.

La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca, a un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin seguridad social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.

En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos años de los aportes patronales.

Cambios en las relaciones sociales de producción

El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de producción, modificando la relación entre patrones y trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación de capitales y afirmación de la dominación y poder de los capitales más concentrados que actúan en la Argentina.

Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la liberalización de la economía, crudamente expresado en las leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia popular, especialmente de los trabajadores.

En materia de cambios estructurales también debe incluirse la reinserción global de la economía y la política de la Argentina en el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de la economía argentina en todas las ramas de la producción y los servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, fuertemente dependiente de las importaciones de insumos industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las cuentas externas de la Argentina.

¿Qué rumbo asumir al enfrentar esos cambios estructurales?

Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, incluso, más allá del orden capitalista.

En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda (de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en modificaciones esenciales a las relaciones sociales de producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.

Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la educación. No solo acompañamos a los maestros en sus reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos transformados en mercancías o servicios.

¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir una reorganización económica de la sociedad con el objetivo máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Tomado de Rebelión

EE.UU. es un país con gran experiencia en la exportación de golpes de Estado

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Tomado de RT.actualidad.com

Estados Unidos apoya selectivamente el derecho de las naciones a la autodeterminación. Negando la decisión de la población de Crimea de reunificarse con Rusia, Washington respalda el golpe de Estado en Kíev. Y no hay nada nuevo en esa actitud.

La situación actual en Ucrania tiene algo en común con la de Colombia, según James Petras, analista político y profesor emérito de la Universidad de Binghamton, Nueva York.

La parte común es el papel desempeñado por EE.UU. en lo que está pasando en ambos países, sugiere en su artículo publicado en la página web del Centro de Investigación sobre la Globalización, con sede en Montreal.


“Los dos caminos a la construcción del imperio del siglo XXI a través de intermediarios se manifiestan en la toma violenta del poder en Ucrania por una junta apoyada por EE.UU. y en los resultados electorales de Álvaro Uribe  en Colombia”, dijo Petras.

“Imposibilitando procesos democráticos y reformas populares pacíficas y derrocando a gobiernos independientes elegidos democráticamente, Washington hace que las guerras y los levantamientos violentos sean inevitables”, agregó.

EE.UU. ha tenido una larga historia de injerencia en los asuntos de Colombia, empezando por alentar la separación de Panamá a principios del siglo XX.

En aquel entonces EE.UU. fue capaz de negociar condiciones favorables para la creación del canal de Panamá. El ejemplo más reciente fue en 2013, cuando ‘The Washington Post’ reveló que la CIA ayudaba activamente al Gobierno colombiano a rastrear y matar a líderes guerrilleros.

Llamando a Rusia a no  intervenir, Washington ha mostrado activamente su apoyo, primero, a los manifestantes en Kiev y luego al Gobierno golpista

La participación de EE.UU. en los acontecimientos en Ucrania no se limitó a la distribución de refrigerios entre los manifestantes o a los gestos de amistad y apoyo.

“Hemos invertido más de 5.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a alcanzar estos y otros objetivos que garanticen una Ucrania segura, próspera y democrática”, dijo en diciembre de 2013 Victoria Nuland, la subsecretaria  de Estado para Europa y Eurasia, en una declaración que provocó varias críticas.

“Occidente financió la desestabilización en Ucrania, un lío a las puertas de Rusia”, opina el escritor y activista estadounidense Daniel Patrick Welch.

El profesor del Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown Daoud Jairallah tiene muchos más ejemplos de cómo EE.UU. se entromete en los asuntos internos de otros países. “Oriente Medio es un ejemplo”, dijo a RT.

“Lo que se conoce como Primavera Árabe es un método de autodestrucción, en el que los objetivos políticos se consiguen a medida que se destruyan a sí mismas las sociedades”, comentó el profesor.

Se cree que una gran cantidad de golpes de Estado tras la Segunda Guerra Mundial han sido apoyados por EE.UU., como los de Irán en 1953, Guatemala en 1954, el Congo en 1960, Vietnam del Sur en 1963, Brasil en 1964 y Chile en 1973. América Latina siempre se ha considerado un objetivo primordial de EE.UU.

“No hubo golpe de Estado en los [últimos] 150 años de historia de América Latina, en el que el Gobierno de EE.UU. no metiera la mano”, afirmó el difunto presidente venezolano Hugo Chávez en una de las entrevistas que concedió a –RT..

Un chiste popular que refleja esa situación dice así: “¿Por qué nunca se producirá un golpe de Estado en EE.UU.? Porque no hay embajada estadounidense en Washington

 

 

 

Chile 40 años después

HASTA EL CÓNDOR LLORÓ

Por Mercedes López San Miguel

Actos de todos los sectores, homenajes a asesinados y desaparecidos, programas alusivos de radio y televisión que se repitieron todo el día, publicaciones especiales y hasta pedidos de perdón por parte de los altos tribunales reflejaron el repudio a la dictadura y un salto en la memoria

Escriben: Atilio Boron, Ariel Dorfman, Oscar González, Martín Granovsky y Miguel Rojas

Cobertura de Página/12

Victoria y desestabilización

Por Atilio A. Boron *

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular –coalición formada por los partidos Comunista, Socialista y Radical y otras tres pequeñas agrupaciones políticas–, obtenía la primera minoría en las elecciones presidenciales chilenas. Allende representaba la línea más radical del socialismo chileno y durante la década del 60 había demostrado en los hechos su profunda solidaridad y amistad con el pueblo y el gobierno cubanos, a punto tal que cuando se crea la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, para defender a la cada vez más acosada Revolución Cubana y ofrecer una cobertura a la campaña del Che en Bolivia, la presidencia de esta institución recayó en las manos del por entonces senador chileno. Tres candidatos se presentaron a las elecciones del 4 de septiembre: aparte de Allende concurría el candidato de la derecha tradicional, el ex presidente Jorge Alessandri; y el de la desfalleciente y fracasada Revolución en Libertad, impulsada por la democracia cristiana, Radomiro Tomic. Al final de la jornada, el recuento arrojó estos guarismos: Allende (UP), 1.076.616 votos; Alessandri (Partido Nacional), 1.036.278; y Tomic (DC), 824.849. La legislación electoral de Chile establecía que si el candidato triunfador no obtenía la mayoría absoluta de los votos, el Congreso Pleno debía elegir al nuevo presidente entre los dos más votados. A nadie se le escapaba la enorme significación histórica que asumiría la consolidación de la victoria de Allende: sería el primer presidente marxista de la historia, que llegaba al poder en un país de Occidente en el marco de las instituciones de la democracia burguesa y en representación de una coalición de izquierda radical. El impacto en la derecha latinoamericana y mundial de la victoria de Allende fue enorme y tremendas presiones desestabilizadoras se desataron desde la misma noche de su victoria.

El Congreso fijó para el día 24 de octubre de 1970 la fecha de la sesión que confirmaría el triunfo de Allende. Pero un día antes un comando de la derecha hiere mortalmente, en un atentado terrorista, al general constitucionalista René Schneider, quien habría de morir pocos días después. Schneider había manifestado que las fuerzas armadas chilenas debían respetar el veredicto de las urnas y lo pagó con su vida. La CIA, que venía siguiendo los sucesos de Chile muy de cerca desde comienzos de los sesenta, fue la que, en colaboración con un grupo de la extrema derecha chilena, planeó y ejecutó ese luctuoso operativo. Pese a la conmoción del momento, el Congreso procedió a ratificar el triunfo de Allende por 153 votos contra 35 para Alessandri.

Vale la pena recordar estos antecedentes ahora que se acaban de cumplir 43 años de la magnífica gesta del pueblo chileno y de Salvador Allende. Y recordar también que, según documentación desclasificada de la CIA, el 15 de septiembre de 1970, pocos días después de las elecciones, el presidente Richard Nixon convocó a su despacho a Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional; a Richard Helms, director de la CIA, y a William Colby, su director adjunto, y al fiscal general John Mitchell a una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca para elaborar la política a seguir en relación con las malas nuevas procedentes desde Chile. En sus notas, Colby escribió que “Nixon estaba furioso” porque estaba convencido de que una presidencia de Allende potenciaría la diseminación de la revolución comunista pregonada por Fidel Castro no sólo a Chile sino al resto de América latina. En esa reunión, Nixon propuso impedir que Allende fuese ratificado por el Congreso a cualquier precio. Estas fueron sus instrucciones: “Una chance en diez, tal vez, pero salven a Chile. Vale la pena el gasto. No preocuparse por los riesgos implicados en la operación. No involucrar a la embajada. Destinar 10 millones de dólares para comenzar, y más si es necesario hacer un trabajo de tiempo completo. Mandemos los mejores hombres que tengamos. De inmediato: hagan que la economía grite. Ni una tuerca ni un tornillo para Chile. En 48 horas quiero un plan de acción”.

El encargado de monitorear todo el proyecto fue Henry Kissinger y ya sabemos cómo terminaría esta conspiración tres años más tarde.

Si miramos el panorama actual de América latina y el Caribe veremos que la actuación de Washington poco o nada ha cambiado. Que como decía la poesía de Violeta Parra, “el león es sanguinario en toda generación”. La actuación del imperialismo en los países de Nuestra América, y especialmente en la vanguardia formada por Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, no difiere hoy lo que la CIA y las otras agencias del gobierno estadounidense aplicaran con salvajismo en el Chile de Allende: Schneider asesinado, Carlos Pratts asesinado en Buenos Aires, Orlando Letelier (ex canciller de Allende) asesinado a cientos de metros de la Casa Blanca, amén de los miles de detenidos, torturados y desaparecidos después del golpe militar de 1973. Sería ingenuo pensar que hoy, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el inverosímil Premio Nobel de la Paz convoque a sus asesores para elaborar estrategias políticas distintas en relación con las resistencias que se alzan en contra del imperialismo en Cuba como en Venezuela, en Bolivia como en Ecuador y, por añadidura, en toda América latina y el Caribe, región absolutamente prioritaria para preservar la integridad de la retaguardia imperial. En contra de los discursos colonizadores, racistas y autodescalificadores que pregonan la irrelevancia de esta parte del mundo, los trágicos sucesos de Chile ya demostraban hace más de cuarenta años nuestra crucial relevancia para la dominación global de Estados Unidos. Hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que por comparación a lo ocurrido en aquellas aciagas jornadas de 1970, la importancia de Nuestra América es muchísimo mayor, como lo es la virulencia terrorista del imperio en su empeño por retrotraer la situación de nuestros países a la existente antes del triunfo de la Revolución Cubana. De ahí la necesidad de tomar nota de las lecciones que nos deja el caso chileno y no bajar la guardia ni por un segundo ante tan perverso e incorregible enemigo, cualesquiera sean sus gestos, retóricas o personajes que lo representen. Nixon, Reagan, Bush (padre e hijo), Clinton y Obama son, en el fondo, lo mismo: marionetas que administran un imperio que vive del saqueo y el pillaje, amparado por un formidable aparato ideológico y comunicacional y un todavía más tremendo poder de fuego capaz de eliminar toda forma de vida en el planeta Tierra. Sería imperdonable que nos equivocáramos en la caracterización de su naturaleza y sus verdaderas intenciones.

Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

El día en que todo cambió

Por Ariel Dorfman *

Si estoy con vida, si cuarenta años más tarde puedo contar la historia del golpe del 11 de septiembre de 1973, es gracias a la ciega generosidad de mi amigo Claudio Jimeno.

Lo recuerdo ahora tal como lo vi entonces, cuando me despedí de él sin saber que se trataba de una despedida final, sin saber que en poco tiempo él estaría muerto y yo iba a sobrevivir, ninguno de los dos anticipando que los militares lo matarían a él en vez de ensañarse conmigo.

Nos conocimos en 1960, cuando los dos cursábamos el primer año de estudios en la Universidad de Chile. Incisivos sobresalientes y una mata de pelo negro erizado le habían merecido un apodo, Conejo, que luciría hasta el día de su muerte. Estaba de novio con Chabela Chadwick, una estudiante de química, y cuando yo comencé a salir con Angélica, mi futura mujer, los cuatro participábamos, junto a otros entusiastas condiscípulos, en un raudal de actividades: bailes y paseos a la playa y, sobre todo, sumándonos a manifestaciones de protesta. Porque lo que en última instancia más nos unía, más allá de compartir confidencias y esperanzas, era una feroz necesidad de batallar por la justicia social en un continente de extrema pobreza y desarrollo frustrado.

Como millones de otros chilenos, Claudio y yo éramos fervientes seguidores del socialista Salvador Allende, que proclamaba –en una época en que la guerrilla se alzaba con furia en toda América latina– que era posible una revolución en nuestro país sin recurrir a la violencia, que podíamos crear una sociedad más justa y soberana por medios democráticos y pacíficos. Nuestros sueños se hicieron realidad cuando, diez años más tarde, Allende ganó las elecciones presidenciales de 1970.

Los sueños y la realidad, sin embargo, no siempre van de la mano.

Ya a mediados de 1973, el gobierno de Allende estaba asediado por sus enemigos internos y externos y la creciente amenaza de un pronunciamiento militar. De manera que cuando Fernando Flores, el secretario general de Gobierno del Presidente, me pidió que sirviera como su asesor de prensa y cultura, no tuve la menor duda. Una de mis responsabilidades más urgentes era que debía hacer guardia una vez, cada cuatro noches, en La Moneda, para que pudiera comunicarme con Allende en caso de alguna emergencia. Las otras noches se rotaban entre tres otros asesores, uno de los cuales era Claudio Jimeno.

De manera que cuando me di cuenta de que me tocaba dormir en La Moneda la noche del lunes 10 de septiembre, nada más natural, entonces, que canjear ese turno con mi viejo amigo, pedirle si era posible hacerme cargo de su guardia del domingo 9 de septiembre. Me convenía ese domingo porque era la única ocasión que tenía para mostrarle a Rodrigo, mi hijo de seis años, la galería de retratos de los primeros mandatarios de Chile y para que experimentara, antes de que su madre viniera a buscarlo, ese momento mágico en que las luces del Palacio se prendían al crepúsculo.

Claudio asintió sin la menor vacilación. En esos tiempos azarosos, pasar aunque fuera una hora extra con el hijo al que no teníamos la certeza de ver al día siguiente constituía un regalo insuperable. De hecho, me agradeció el trueque, ya que le permitía gozar de un domingo tranquilo con Chabela y sus dos hijos.

Y entonces quiso la buena y la mala suerte que fuera Claudio Jimeno el que respondió el teléfono en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, recibiendo la noticia de que el golpe, liderado por el general Augusto Pinochet, había comenzado. Y fue Claudio el que llamó a Allende y Claudio el que luchó a su lado en La Moneda y Claudio el que terminó siendo apresado y luego torturado y finalmente muerto, convirtiéndose en uno de los primeros chilenos desaparecidos. Mientras que yo desperté al lado del amor de mi vida, de Angélica, y traté de llegar a La Moneda y no pude lograrlo y heme aquí, cuarenta años más tarde, conmemorando a mi amigo y lo que se perdió y lo que se aprendió, y recordando, porque Claudio no lo puede hacer, cómo mantuvimos viva la esperanza en medio de la oscuridad. Heme aquí, todavía sin poder visitar la tumba de Claudio porque los militares que lo mataron todavía no revelan dónde echaron su cuerpo vejado.

El destino de Claudio prefiguró el de su país.

Nos aguardaban décadas de represión y pavor, de pesadumbre y combate. Aun cuando terminamos derrotando a la dictadura, nuestra democracia restaurada se vio severamente restringida. La siniestra Constitución de Pinochet, aprobada en un referéndum fraudulento en 1980, sigue siendo hasta el día de hoy la ley suprema de la república, obstaculizando tantas reformas imprescindibles que el país reclama.

Si bien aquel 11 de septiembre de 1973 fue trágico para tantos chilenos, también tuvo consecuencias más allá de nuestras orillas remotas. El naufragio de la revolución chilena repercutió en forma significativa en Europa, donde llevó a una fundamental reorientación de la izquierda en varios países (notablemente España, Francia e Italia), la certeza de que no bastaba con una mayoría electoral exigua para llevar a cabo transformaciones sustanciales en la sociedad, sino que se necesitaba un consenso amplio y profundo. En los Estados Unidos, la intervención de la CIA en la caída de Allende fue uno de varios factores que condujeron a investigaciones del Congreso, estableciendo leyes limitando las intromisiones del Poder Ejecutivo norteamericano en los asuntos internos de otras repúblicas, abriendo una discusión que es en este momento más perentoria que nunca, en vista de que los presidentes norteamericanos siguen adjudicándose el derecho a inmiscuirse ilegalmente en cualquier rincón de la Tierra donde sus intereses podrían peligrar, es decir, matar y espiar en todo el mundo.

El legado más crucial, sin embargo, del 11 de septiembre chileno fueron las estrategias económicas implementadas por Pinochet. Mi país se convirtió, en efecto, en un laboratorio para un salvaje experimento neoliberal, una tierra donde la avaricia desmedida, la extrema desnacionalización de los recursos públicos y la supresión de los derechos de los trabajadores fueron impuestas con virulencia a un pueblo desamparado. Muchas de estas políticas fueron adoptadas más tarde por Margaret Thatcher y Ronald Reagan (así como por líderes en el resto del globo), acarreando una disparidad escandalosa en la distribución del ingreso y la riqueza y, podría argüirse, creando condiciones para las últimas crisis financieras que han sacudido al planeta. Por cierto, este modelo chileno de un libre mercado exorbitante y sin frenos no ha perdido hoy su atractivo. La drástica y desastrosa privatización del sistema previsional sufrida en Chile es enaltecida por derechistas de todas las estampas como una “solución” al “problema” de las pensiones de los jubilados. Y recientemente, The Wall Street Journal, en un editorial, sugería que “ojalá los egipcios tuvieran la buena suerte de que sus nuevos generales reinantes resultaran ser como Augusto Pinochet de Chile”.

Afortunadamente, Chile no exportó únicamente las peores experiencias surgidas de la asonada militar. También ha servido como un modelo de cómo un pueblo desarmado puede, a través de la no violencia y una ardua campaña de desobediencia civil, conquistar el miedo y liquidar a una dictadura. Los alentadores movimientos de resistencia y en favor de la democracia que han brotado en todos los continentes durante estos últimos años prueban que el futuro no tiene que ser despiadado, que el 11 de septiembre chileno no marcó el final de la búsqueda de libertad y justicia social por la que murió Claudio Jimeno, que tal vez su sacrificio no fue enteramente en vano.

Y, sin embargo, no me puedo consolar. Cuarenta años más tarde todavía recuerdo su sonrisa de conejo cuando me dijo adiós en La Moneda aquella noche del 10 de septiembre de 1973.

Al día siguiente, ese martes desbordante de terror en Santiago, muchas cosas cambiaron para siempre, cambios políticos y económicos que alteraron a Chile y, se podría aventurar, también al mundo. Pero cuando contemplamos el pasado, lo que necesitamos recordar es que finalmente la historia la hacen y padecen seres humanos reales, hombres y mujeres que quedan penosamente afectados. La historia consiste de muchos Claudios y muchos Jimenos de nuestra especie, uno más uno más uno.

Esa es la historia irreparable, la que nos duele y conduele: no puede Claudio despertar, como lo hago yo cada mañana, al canto interminable de los pájaros.

Claudio Jimeno, el amigo que murió en mi lugar cuarenta años atrás, nunca ha de ver a sus nietos crecer, nunca podrá sonreírse cuando lo llamen Abuelo Conejo.

* Escritor chileno. Su último libro es Entre sueños y traidores: un striptease del exilio.

Combatir en todas partes

Por Oscar R. González *

Ahora que se conmemoran los 40 años del golpe pinochetista quizás haya llegado la hora de recordar a un anónimo militante socialista argentino que fuera una de las víctimas de aquel episodio que truncó la vida del legendario Salvador Allende y su “vía chilena al socialismo”.

Oscar Bugallo, más conocido entonces como El Chileno, había llegado a militar con los jóvenes socialistas que mimeografiábamos Pueblo Rebelde y acompañábamos la lucha de algunas comisiones internas fabriles. Se había sumado para fortalecer la organización de ese pequeño destacamento que provenía del antiguo socialismo argentino con la voluntad de emular al Che y al Compañero Presidente.

De origen comunista, Oscar rápidamente se mimetizó con la modesta organización –y con el Frente de los Trabajadores, que patrocinaba– y asumió en ella el rol de capacitador, no sólo en materia política sino también de cierta autodefensa que era imprescindible para garantizar la presencia militante en aquella época difícil.

Tras un año de compartir la experiencia con aquel grupo que se pretendía afluente de una futura construcción alternativa revolucionaria para un país sometido a una recurrente dictadura cívico-militar, Oscar se fue a Chile para integrarse al Partido Socialista y a la CUT, dejándonos una carta de despedida que concluye premonitoriamente con una doble consigna: “Por el socialismo, a combatir en todas partes. A morir bajo cualquier bandera”.

El golpe del 11 de septiembre lo encontró abocado a organizar la resistencia en los cordones industriales de Santiago. Tiempo después, su compañera, Margie, recibió la funesta noticia de su muerte. Tras los reclamos, pudimos conseguir el envío del cadáver, que recibimos en un tétrico furgón de ferrocarril en la estación Retiro. Un día después, con banderas rojas y puños en alto, lo enterramos en el cementerio de la Chacarita.

Pasaron cuatro décadas intensas en la Argentina, en Chile y en el mundo. Cayeron muros, hubo amaneceres y crepúsculos políticos. Durante esa larga etapa, no supimos en detalle cómo había muerto nuestro compañero. Hasta que, hace unos días, su compañera obtuvo apenas un indicio que fue transformándose en versión y terminó siendo el testimonio de un socialista chileno que compartió militancia con Oscar, estuvo con él durante “aquel fatídico 11 de septiembre” y lo dejó tras una reunión de resistentes, pocos instantes antes de que llegara la partida militar que lo arrestaría y le daría muerte. Era el 8 de noviembre de 1973; Oscar tenía sólo 24 años.

* Socialistas para la Victoria. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Allende, el cambio y la codicia

Por Martín Granovsky

La reunión fue en Washington. Se realizó cuando el ataque de los Estados Unidos al gobierno de Salvador Allende estaba por conseguir el jaque mate. Por los Estados Unidos participaron siete funcionarios del Departamento de Estado, con su jefe William Rogers al frente. Por Chile otros siete. Encabezaba la delegación chilena el entonces embajador en Washington, el socialista Orlando Letelier, que terminaría como ministro de Defensa de Allende y en 1973 sufriría prisión y tortura antes de que una campaña internacional obtuviese su liberación y le permitiese viajar al exterior. También participó un joven diputado de la Unidad Popular, Luis Maira. El encuentro fue áspero y duro. Por si alguno tenía dudas, al final de dos días de discusiones bilaterales, Rogers y Kissinger mantuvieron una reunión a solas con Letelier. Como consejero de Seguridad Nacional, el cargo desde donde Washington articula la política exterior y la de inteligencia de la presidencia, Kissinger no tenía obligación funcional de encontrarse con los chilenos. Pero quiso hacerlo.

Rogers se quejó del trato de Allende a las empresas norteamericanas nacionalizadas. Y luego de Rogers, Kissinger habló sin vueltas: “América latina es una región de casi ninguna importancia… Chile no tiene ningún valor estratégico. Nosotros podemos recibir cobre de Perú, Zambia, Canadá. Ustedes no tienen nada que sea decisivo. Pero si hacen ese proyecto de camino al socialismo del que habla Allende, vamos a tener problemas serios en Francia e Italia, donde hay socialistas y comunistas divididos, que con este ejemplo podrían unirse. Y eso afecta sustancialmente el interés de Estados Unidos. No vamos a permitir que tengan éxito. Tengan eso en cuenta”.

Maira, que fue embajador del gobierno de la Concertación en la Argentina, suele contar el episodio para ilustrar hasta qué punto la situación chilena era clave para Washington en el tablero mundial de la Guerra Fría. Y también cuenta Maira que pocos meses después de esa reunión en Washington, él y otros sobrevivientes del golpe de Augusto Pinochet terminaron en el exilio. (Refugiado primero en Caracas y después en los Estados Unidos, Letelier fue asesinado por un comando pinochetista en Washington el 21 de septiembre de 1976.)

Un día, cenando en Buenos Aires con Ricardo Lagos y un grupo de argentinos, narró Maira: “Cuando llegamos a México nos dimos cuenta de que nos había derrocado una potencia a la que no conocíamos bien por dentro. En 1974 fundamos el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y nos pusimos a estudiar todo. Todo. Desde la Constitución de los Estados Unidos hasta su historia. Desde sus mecanismos de decisión hasta el papel del Congreso. No podíamos seguir ignorando en detalle una realidad tan decisiva”.

No solo los exiliados chilenos se hicieron cargo de analizar en profundidad qué había ocurrido en Chile y por qué. También la izquierda europea buscó entender el mensaje enviado por Washington sobre todo a Italia, donde el Partido Comunista había crecido hasta ser el más grande de Occidente y ya representaba a uno de cada tres votantes.

Enrico Berlinguer era el secretario general del PCI. En 1980, diez años después del triunfo de la Unidad Popular y siete años después del golpe, Berlinguer analizó el papel obligatoriamente bivalente de Allende. Primer papel: el Compañero Presidente debía ser “el supremo aval de la legalidad vigente”. Segundo papel: estaba obligado a convertirse en “el líder del movimiento popular para su profunda renovación”.

Según Berlinguer, esa contradicción que el propio Allende encarnaba en sí mismo “podía resolverse en la medida en que la Unidad Popular hubiese logrado mantener aislado al ‘enemigo principal’, por un lado, y por el otro fundir en la sociedad la alianza entre las masas inorgánicas, el proletariado y las capas medias, además de mantener en el Parlamento un entendimiento mínimo entre las fuerzas que habían elegido a Salvador Allende”. De ese modo, “la realización del programa habría dado origen al nacimiento de una mayoría social –antes que electoral–, o sea la formación de un bloque histórico que, en su proceso de desarrollo, fundaría la nueva legalidad, la nueva democracia chilena”.

Para Berlinguer, un gran mérito de Allende es que “murió ejerciendo su papel de magistrado supremo de una legalidad pisoteada por traidores, por fascistas”, y su ejemplo significó lo contrario de lo que el dirigente italiano llama “grandes cinismos”.

Y otra virtud del gobierno de la Unidad Popular que señalaba el secretario del PCI fue “haber abstraído por primera vez la noción de ‘justo provecho’ del contexto ético-religioso medieval, precapitalístico, en que nació, para instalarlo como principio jurídico internacional: con la ley de nacionalización del cobre chileno, que fija en el 12 por ciento anual los márgenes de provecho reconocido a las compañías que habían explotado las minas, sustrayendo de la indemnización debida a raíz de la nacionalización lo que ellas habían percibido más allá de ese plafond”. Leída desde hoy, parece una crítica a la agresión contra la humanidad por parte de un sistema financiero hipertrofiado.

El mundo es otro, pero dos desafíos parecen vigentes a cuarenta años del golpe en Chile y el suicidio de Allende, el 11 de septiembre de 1973: cómo lograr una gobernabilidad que permita cambiar las cosas y cómo colocar un límite a la codicia desenfrenada.

UNA VISION SOBRE LOS CAMBIOS QUE MARCO EN CHILE SU DICTADURA MAS FEROZ

Cuarenta años de exilios y desexilios

Miguel Rojas es un escritor y académico que se define como “un latinoamericano nacido en Chile”. Debió exiliarse en 1973. Aquí, recuerda a su país como Víctor Jara recordaba a Amanda, comenzando con una historia que “en cinco minutos quedó destrozada”. Sus impresiones.

Por Miguel Rojas *

El golpe nos mostró un Chile distinto. Un Chile en el que nunca hubiéramos creído si nos lo hubieran contado. Teníamos entonces una memoria democrática, aunque la veíamos amenazada: “Un golpe, sí, posible, pero no así”.

El avión lo alcancé un tiempo después, pero a tiempo. El 17 de noviembre salía de Chile rumbo a París, donde viví cerca de veinte años con pasaporte de las Naciones Unidas que, socarronamente, los exiliados llamábamos “bluyín”, por la tela de su encuadernación. Entonces volví. “Volver” fue el tango del exilio. Se equivocó Gardel, me dije cuando pisé la tierra del regreso, veinte años son muchos. Muchas cosas habían cambiado: el tono de la vida, la ciudad, el proyecto social… y paro de contar. ¿Cómo fue el antes y cómo y cuándo el después? El después está claro: comienza el 11 de septiembre de 1973. El antes es más complicado. Hay un antes, de antes de los mil días de la Unidad Popular y un antes durante.

Cuando se me plantea qué ha cambiado en Chile en estos cuarenta años, por cierto no puedo responder ni con objetividad ni con la experiencia de quien ha vivido desde entonces en el país y experimentado la historia en su día a día. Mi visión es subjetiva. Hablo desde impresiones que van del exilio al desexilio. Gran parte está basada en la memoria, sin olvidar que la memoria es engañosa. En realidad, memoria es lo que se decide recordar. Recuerdo a Chile como Víctor Jara recordaba a Amanda, comenzando con una historia que “en cinco minutos quedó destrozada”.

Así, voy a hilar recuerdos para compararlos con las impresiones del desexilio. Voy a hacer un tremendo esfuerzo para ser objetivo, pero que nadie me pida que sea neutral frente a la dictadura.

A mediados de la década de los sesenta me trasladé a Alemania, donde permanecí investigando y recorriendo Europa hasta comienzos del ’69. Volví con un proyecto cultural que se plasmó en la creación del Instituto de Arte latinoamericano, desde donde se creó el Museo de la Solidaridad. Probablemente a causa del paréntesis, visualizo dos imágenes de Chile, la de antes de la Unidad Popular y la de durante la Unidad Popular. El triunfo de la UP abrió, desde la izquierda, las puertas a la esperanza. Pero la lucha política se envenenó a causa de la “campaña del terror” que desencadenó la prensa opositora y los desbordes de determinados sectores de la izquierda. Vivimos situaciones que parecían escenificar la lucha de clases. Así lo entendió el propio Pinochet, que respondió a un periodista: “Aquí, señor, hemos suprimido la lucha de clases”.

Chile, antes de estos cuarenta años, era un país en el que había más pobreza, pero menos desigualdad. Un país en el que, pese a que siempre hubo una férrea estructura de clases, el cuerpo social no se encontraba escindido. En la Escuela de Derecho fui compañero de muchos futuros próceres políticos y económicos. Coincidimos en la Facultad con Ricardo Lagos y Anselmo Sule, figuras del radicalismo; con Osvaldo Letelier, socialista; Andrés Zaldívar, demócrata cristiano. Compañeros de graduación fueron Ricardo Claro, entonces muy lejos de ser un millonario con patrimonio de cuatro mil millones de dólares, y Margarita Labarca, que representaba la historia del Partido Comunista. Pese a las diferencias ideológicas, y sin perjuicio de discusiones y peleas en época de elecciones, todos vivíamos, cuando no en franca amistad, al menos en un civilizado compañerismo. Eso cambió ya en la época de la Unidad Popular; y, por cierto, en mucha mayor medida después del golpe, donde se escindió el cuerpo social y los opositores al régimen fueron perseguidos, asesinados y catalogados de antichilenos.

Ha cambiado la gente, se ha transformado la ciudad, pero sobre todo han cambiado los valores. Hemos transitado de una sociedad republicana con valores humanistas, a una sociedad de mercado con valores economicistas. Mi memoria urbana guarda la imagen de dos ciudades, Santiago y Valparaíso. En Santiago constaté el cambio. Desde un urbanismo de traza colonial, que tenía como centro la plaza, habíamos pasado a un urbanismo neoliberal que tiene sus centros en los malls. Han cambiado las calles y la toponimia no trae siempre buenos recuerdos. Hasta hace poco transitábamos por una avenida que conmemoraba el golpe. Han desaparecidos los cafés que animaban la vida nocturna. No soportaron el toque de queda. Ya no está El Bosco, café emblemático para la bohemia intelectual, en el que inclusive paraban los entierros de los habitués para ofrecerle al muerto su última copa. ¿Y Valparaíso? Ciudad hecha de escaleras y sueños, un balcón en el mar, con las chicas de piernas más lindas de Chile, de tanto subir y bajar graderías. Pancho, como le decían a la ciudad por la Iglesia San Francisco, faro de los navegantes. Era entonces, sin duda, el puerto con más magia del Pacífico Sur. Ciudad noctívaga con restaurantes que abrían a la una de la mañana y un bar mítico, el Roland, con un Libro de Recuerdos firmado por los más grandes escritores que habían acompañado a Neruda a escanciar la noche. Valparaíso, una ciudad llena de colores, había perdido el color. Constato con alegría que ahora parece recuperarlo. Cuando menciono el proyecto social, me refiero a dos servicios que son las grandes plataformas de la democracia: la educación y la salud. Sobre la educación ya los estudiantes han hablado. Ha cambiado catastróficamente. No puedo dejar de pensar que en las condiciones actuales yo no habría tenido los medios para ir a la universidad. El proyecto de educación neoliberal ha rentabilizado todo. En Chile ya no hay universidades públicas, hay universidades estatales, que no son un servicio público; funcionan con los mismos criterios mercantiles de la educación privada.

El tema de la salud para mí se revela en una anécdota que me dice todo. A fines de los ’80 recibí una llamada urgente que me comunicaba que mi madre había tenido un derrame cerebral y que ningún hospital la recibía si no se firmaba un cheque en blanco. Conseguí un amigo que lo hiciera y partí en el primer avión. Encontré a mi madre llena de tubos. A su lado escuché a un enfermo que decía a su esposa: “Has vendido el auto para pagar la clínica, no vayas a vender la casa, porque tú y los niños van a quedar en la calle y yo me voy a morir de todas maneras”.

* Escritor, historiador, filósofo. Publicado en Le Monde Diplomatique, edición chilena.

Chile hace catarsis cuarenta años después

PRACTICAMENTE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD SE EXPRESARON SOBRE EL GOLPE DEL ’73

Documentales transmitidos a toda hora, visitas guiadas por espacios de la memoria, pronunciamientos de políticos en torno del perdón, quejas por la Constitución heredada del pinochetismo: el golpe en la memoria colectiva de Chile. En la foto Bachelet participa de un homenaje a los detenidos desaparecidos en Villa Grimaldi

Por Mercedes López San Miguel

Desde Santiago

Como si fuera una catarsis colectiva no hubo quien no tuviera ánimo de decir algo sobre el drama que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973. Documentales transmitidos por canales y radios a toda hora; visitas guiadas por espacios de la memoria, pronunciamientos de políticos en torno del perdón, quejas por la Constitución heredada del pinochetismo, carabineros desoyendo y desmontando una muestra con lienzos y murales de la organizaciones de derechos humanos que reclamaban, como hace 40 años, que se castigue a los responsables del terrorismo de Estado. Los carteles por el aniversario se mezclaron con imágenes de campaña. Porque habrá elecciones en noviembre y las dos mujeres y principales candidatas, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, fueron hijas de generales de la fuerza aérea, pero con un pasado antagónico.

La casa número 38 ubicada en una callecita empedrada de nombre Londres, cerca del Palacio de La Moneda, se convirtió entre 1973 y 1974 en un centro de detención y tortura en donde fueron asesinados 98 secuestrados de la dictadura de Augusto Pinochet. En la fachada un gran cartel señala “40 años de luchas y resistencia” acerca del lugar de tormento, en el que se usó la descarga eléctrica para interrogar en una sala del segundo piso y quebrar más rápido la voluntad de los detenidos. Ayer, en la víspera del aniversario del día que cambió la historia de este país, la casa despojada de objetos era visitada por numerosas personas. La organización Londres 38 puso a circular un video por las redes sociales en el que se muestra cómo en la madrugada del domingo pasado un grupo de carabineros sacó los lienzos colgados en los puentes del río Mapocho que llevaban la consigna: “¿Dónde están los desa-parecidos?”. El guía y militante de los derechos humanos Felipe Aguilera se indignó ante esta enviada por la remoción de la muestra, en la que trabajó durante semanas. “Los carabineros pasaron por encima de la autorización de los municipios y actuaron por fuera del estado de derecho. Enviamos una carta al gobierno pidiendo la restitución de los lienzos.”

A unas cuadras de ese espacio de la memoria, los transeúntes de la zona céntrica de la ciudad se mostraban proclives a recordar el derrocamiento de Salvador Allende como una fecha fatídica. Yeri Chávez, empleada en una empresa de acero, señaló que ella tenía 12 años, pero la imagen del bombardeo al edificio de La Moneda quedará grabada en su memoria. “Nunca más debiera ocurrir semejante abuso del poder en manos de un dictador. Ahora estamos libres de decir lo que queramos, existe libertad de expresión. Lo que pasó fue trágico.” Un hombre de 55 años, mientras daba algunas pitadas al cigarrillo, dijo que entre el ’80 y el ’90 todo dolía. “Estamos en camino de lograr la paz con nosotros mismos. Me acuerdo de que me contaban que mataban a las personas y las tiraban en basurales. Personalmente me dolió a mí cuando desaparecieron a estudiantes de la universidad”, dijo el ingeniero Jaime Flores.

Como uno de los lastres del pinochetismo, existen vacíos en los procesos judiciales. La socióloga Marta Lagos señaló que esto se vincula con el modelo chileno de reconciliación. “La transición fue posible porque no se exigió la verdad el día uno. La verdad estuvo congelada, en espera.” En la cercanía de la conmemoración del 11 de septiembre, el presidente conservador Sebastián Piñera afirmó que la Justicia no estuvo a la altura de las obligaciones y desafíos. “El Poder Judicial pudo haber hecho más, porque por mandato constitucional le correspondía cautelar los derechos de las personas y proteger las vidas. Por ejemplo, acogiendo los recursos de amparo que rechazó de forma masiva.” Sin embargo, a él se le cuestiona no haber hecho lo suficiente en la materia. Amnistía Internacional entregó ayer en el palacio presidencial un petitorio firmado por más de 25 mil personas para reclamar al gobierno chileno que elimine todas las barreras que protegen a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. “No es aceptable que 40 años después del golpe militar continúen existiendo dificultades para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en Chile. La ley de Amnistía sigue protegiendo a los violadores con inmunidad procesal, continúa habiendo largos retrasos en las actuaciones judiciales y las condenas no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos”, señaló la organización.

Según cifras oficiales, el número de personas desaparecidas o asesinadas en Chile entre 1973 y 1990 superó las 3000 y cerca de 40.000 personas sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o la tortura. El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978, exime de responsabilidad penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien algunas sentencias han eludido la aplicación de la norma, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

Aunque Piñera votó por el No a la continuidad de Pinochet en el referéndum del 5 de octubre de 1988 y él no se identifica con el ala pinochetista de la Alianza de derecha (UDI-Renovación Nacional), sí apoyó a la candidata Evelyn Ma-tthei, quien hasta hace poco se de-sempeñaba como su ministra de Trabajo. Matthei pertenece al partido más conservador de Chile, UDI, que alberga a simpatizantes del dictador, como ella. Evelyn y Michelle fueron hijas de generales de la fuerza aérea, con vidas cruzadas. Alberto Bachelet murió en 1974 por un ataque cardíaco, derivado de las torturas que sufrió por ser leal a Allende, mientras que Fernando Matthei, padre de Evelyn, integró la Junta Militar que gobernó Chile de 1973 a 1990 y se sospecha que tiene responsabilidad en la muerte de Bachelet.

También atravesado por la historia y con poco más de 40 años, el ex socialista y hoy candidato independiente Marco Enríquez Ominami es hijo del cofundador y secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez. El candidato del Partido Progresista instó a Matthei a que rectifique. “Hemos querido invitar, sin odio y sin rencor, a que la candidata de los dos partidos que sostuvieron la dictadura militar, a que pida perdón. Es importante en esta elección, empujemos los pisos éticos.”

Y es que Matthei señaló que respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el derrocamiento de Allende, ella no tenía nada de por qué disculparse. “Yo tenía 20 años para el golpe, no tengo nada por lo que pedir perdón”, sostuvo tajantemente Matthei. Aludió así a las declaraciones del senador de la UDI, Hernán Larraín, quien hace unos días hizo un mea culpa por lo ocurrido con posterioridad al 11 de septiembre.

Sin escaparle al debate político, la ex mandataria y aspirante de Nueva Mayoría dio un discurso en el Museo de la Memoria el lunes –un espacio que se gestó durante su gobierno–, en paralelo al acto oficial que encabezó Piñera. “No existe reconciliación que se construya ante la ausencia de verdad, justicia o un duelo”, dijo Bachelet, la mejor posicionada para ganar las elecciones del 22 de noviembre, ante la mirada de referentes de familiares de víctimas de la dictadura, como Ana González, cuyo esposo, dos de sus hijos y su nuera fueron secuestrados por la policía secreta de Pinochet.

Chile ha vivido una catarsis de la que nadie quedó afuera.

EL RECUERDO DESDE BUENOS AIRES

El nombre

Todas y todos aquellos muchachas y muchachos que me abrieron paso aquella tarde clamaban por Salvador Allende.

Por Eva Giberti

La gente se agolpaba en las calles del centro. Salvador Allende acababa de caer y su suicidio anunciaba una era de horrores, violaciones de derechos y paisajes amurallados en los centros de detención. Era muy difícil acercarse a la avenida Entre Ríos y yo tenía que llegar a Combate de los Pozos. Me habían citado porque el Comando de Sanidad que un grupo del ERP había copado dos días antes estaba a cargo de un capitán que tenía algo que informarme. Mi hijo, partícipe del copamiento, figuraba como desaparecido. Yo sabía que era una mentira: había visto en televisión cómo en el momento de subir en el vehículo donde se lo llevaban se daba vuelta buscando la cámara de tevé para evidenciar que lo detenían vivo y entero. No podía estar repentinamente desaparecido.

El automóvil que me conducía a Combate de los Pozos no podía abrirse paso en una contramano de Callao. Las manifestaciones juveniles al grito de “¡Allende compañero!” ocupaban las dos manos. Eran estudiantes y miembros de aquella denominada gloriosa JP formada por chicas y muchachos que ostentaban una causa por la que se habrían de jugar la vida. Militantes de su causa, habitantes de terrenos donde se tocaba el timbre casa por casa para explicar qué significaba la revolución social y los derechos de los trabajadores. Eran los que se habían ido a trabajar a las fábricas para militar. Los que fueron desaparecidos porque no tenían buenos modales para reclamar por la justicia social. Los que luego tropezaron con las armas que nunca debieron empuñar. Pero entonces no lo sabían.

El auto no lograba avanzar. Se acercaba la hora de mi cita con ese capitán Bilbao que habría de decirme: “Le informo que su hijo será fusilado”. Yo no lo sabía. Sólo estaba claro que debía acercarme al Comando de Sanidad en Combate de los Pozos. Y la gente bloqueaba la avenida. Decidí: Saqué la cabeza por la ventanilla y les grité: “¡Soy la madre de Hernán y tengo que llegar al Comando de Sanidad! ¡Abran paso!”.

Yo no sabía si el nombre de mi hijo les diría algo. Les dijo. Corrieron la voz entre el apretujamiento de las banderas y la gritería: “¡Es la madre del Flaco… Abranse… Dejen paso…!”. Paulatinamente el taxi empezó a avanzar mientras yo me movía entre grupos juveniles que aplaudían y despejaban el camino.

A esa altura de mi vida profesional estaba habituada a los aplausos, al aplaudir del público después de una conferencia y al salir de un claustro universitario rodeada por los asistentes que solicitaba entrevistas. Pero con mi nombre y por mis dichos. En esta oportunidad, era la madre de alguien, identificada por la filiación, ausente la identidad profesional.

Recorrí aquellas calles hasta la avenida donde todo se aliviaba porque las manifestaciones doblaban con otro rumbo. Seguí hasta Combate de los Pozos y allí fue otra la historia. No viene al caso.

Un momento, una instancia, un acontecer casual, la decisión de los otros nos atraviesa la vida. Desde ese entonces conocí la diferencia entre ser una misma y ser la madre de alguien que reconstruye nuestra propia identidad mediante el nombre de quien se supone haber sido filiado por la biología, el apellido y la descendencia. Los hijos pueden ser quienes crean el lugar de un nombre asociado a una historia distante del origen familiar para convertirse en el nombre sociopolítico que genera memorias y compromisos.

Todas y todos aquellos muchachas y muchachos que me abrieron paso aquella tarde clamaban por Salvador Allende. Fueron el Coro de las tragedias griegas que anticipaban la tragedia. Que cantaban presagiando la profanación de la vida que primero Chile y luego nosotros habríamos de transitar. En las efemérides de aquel final del presidente chileno, con nuestras calles abarrotadas con consignas y con las alamedas chilenas en llanto, la memoria asociada a los tiempos venideros, placientes y esperanzados para nuestra América, la minúscula anécdota de un taxi embretado entre la multitud es un homenaje a un luchador llamado Salvador Allende.

Tomados de Página/12

Un acaudalado empresario es el próximo presidente de Paraguay

En un resultado que devuelve al conservador Partido Colorado el poder que ejerció durante seis décadas tras el fracaso del proyecto de izquierda liderado por el destituido presidente Fernando Lugo, ayer fue elegido el empresario Horacio Cartes como próximo presidente de Paraguay

Cartes, un millonario de 56 años que inició su carrera política hace apenas cuatro años, obtuvo el 45,8 por ciento de los votos frente a un 36,9 por ciento de su rival del oficialista Partido Liberal, Efraín Alegre, informó el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Vale recordar que Cartes fue señalado por Fernando Lugo como el articulador de la conspiración para desalojarlo de su cargo, para lo cual hizo un pacto con el entonces vicepresidente de la República, Federico Franco, miembro del Partido Liberal, a cambio de que el parlamento lo designara jefe de Estado.

“Me tiemblan las piernas por la enorme y hermosa responsabilidad de ser presidente de todos los paraguayos”, dijo Cartes en un discurso frente a la sede de su movimiento, con una bandera paraguaya en los hombros. “Quiero honrar, primero a quienes nos votaron, y decirles a los que no nos han votado que pondré todo mi esfuerzo en ganarme la confianza de ellos”.

Su victoria marca el regreso al poder de la agrupación derechista que gobernó Paraguay desde 1947, incluidos los 35 años de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) hasta que fue desplazado por una alianza de centroizquierda liderada por Lugo, fraudulentamente destituido el año pasado mediante un juicio político sumario que colocó en su lugar a su vicepresidente, el dirigente del Partido Liberal Federico Franco, y dejó al país aislado en términos diplomáticos, precisamente hasta las elecciones de este domingo.

Cuando Cartes asuma la presidencia el venidero 15 de agosto para un período de cinco años, el país tendrá un gobierno muy diferente a los que predominan en la región, mayormente populares e identificados con ideas de izquierda o centroizquierda.

“La gran derrota es la del Partido Liberal, que se debe estar preguntando por qué acompañaron la aventura del juicio político. Los liberales por sí solos no vencen al Partido Colorado y hoy le faltaron los votos de la izquierda”, dijo el analista político Alfredo Boccia.

El Partido Colorado habría arrebatado también a los liberales la gobernación del departamento más populoso del país y tendrían mayoría en las cámaras del Congreso, según los sondeos a la salida de las urnas.

Propietario de la mayor fábrica de cigarrillos del país, de un banco y una empresa de bebidas, entre otros negocios, Cartes es uno de los hombres más ricos de Paraguay, y sus rivales políticos lo han acusado de tener vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de dinero, algo que él niega.

El candidato electo se ha comprometido a incorporar capital privado y mejorar la eficiencia del Estado, históricamente ligado a escándalos de corrupción bajo la administración de su partido. Pero lo primero que debe hacer es iniciar gestiones para reinsertar al país en los foros en los que fue suspendido tras el juicio político a Lugo. En especial en el Mercosur, que Paraguay integra junto con Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, algo vital para el desarrollo de su pequeña economía.

Ya Cartes dijo ayer domingo que su equipo había iniciado contactos con países de la región y que veía una buena predisposición de parte de sus vecinos para el pronto levantamiento de la sanción.

En lo interno, su mayor desafío sería extender la bonanza económica concentrada en el sector agropecuario, con políticas que ayuden a aliviar la pobreza que afecta a más del 40 por ciento de la población.

La economía paraguaya ha venido creciendo sostenidamente los últimos años, apoyada principalmente en la expansión del sector agropecuario.

“Para mí la prioridad del nuevo gobierno tiene que ser la educación, también la economía, y que roben menos”, dijo a Reuters una maestra de 30 años después de votar en un barrio de clase media de la capital, Asunción.

Redactado con despachos de la británica Reuters y de otras agencias

Fallida “revolución de color” en Venezuela

Por Renán Vega Cantor. Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Reconocido especialista de América Latina

Lo que se viene presentando en términos políticos en Venezuela desde
mucho antes del 14 de abril -cuando se celebraron las elecciones
presidenciales- forma parte de una estrategia calculada por la llamada
“oposición” y sus voceros mediáticos a nivel mundial y, sin ninguna
duda, es el resultado de un guión establecido en las usinas
intelectuales del imperialismo que se conoce con el eufemismo de la
“revolución de colores”, una típica estrategia Made in USA.
LAS “REVOLUCIONES” DE COLORES
El primer caso de una pretendida revolución de color (en verdad una
contrarrevolución) se presentó en 1989 en la antigua Checoslovaquia
cuando los disidentes y opositores sustituyeron el gobierno existente
mediante una maniobra que denominaron la “revolución de terciopelo”.
Los personajes que dirigieron el hecho rápidamente mostraron su
verdadero rostro y convirtieron a la República Checa en un país
incondicional a los intereses de Washington y al capitalismo, lo que
han rubricado con la implantación de un modelo abiertamente neoliberal
y privatizador, con su participación militar en las guerras
imperialistas en el oriente medio, con su racismo contra los gitanos y
su respaldo a la política anticubana de Estados Unidos y la Unión
Europea que se sustenta en la pretendida defensa de los “derechos
humanos”.
Con posterioridad a este caso se han presentado en forma otras
“revoluciones coloridas”. Entre las exitosas se pueden mencionar la
Revolución Bulldócer del 2000 en Serbia (un nombre poco vistoso que al
parecer se originó por el papel que desempeñaron los choferes que
manejan este tipo de vehículo), la Revolución Rosa en Georgia en el
2003, la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004 y la Revolución de
los Tulipanes en Kirguistán en el 2005. Entre las fracasadas están la
Revolución Blanca en Bielorrusia, la Revolución Verde en Irán y la
Revolución del Twiter en Moldavia.
Todos estos acontecimientos tienen muchas cosas en común. Se presentan
después del fin de la Guerra Fría y, en gran medida, en el espacio
postsoviético, con la finalidad de implantar regímenes títeres e
incondicionales a los Estados Unidos y a esa entelequia que se
autodenomina como “occidente”. Esos movimientos se suelen pintar a sí
mismos como democráticos, liberales y enemigos de la dictadura y el
totalitarismo, lo cual resulta significativo porque siempre se generan
en lugares en los cuales, por variadas razones, no se ha podido
implantar de manera clara y directa el proyecto neoliberal o se
encuentran gobernantes incómodos y poco obedientes a los designios de
los Estados Unidos y del sistema financiero internacional. De igual
forma, una particularidad notable de las tales “revoluciones de
colores” es que en ellas no intervienen en forma directa las fuerzas
armadas, como en los golpes clásicos, ni fuerzas militares de tipo
convencional, con lo que queda la impresión que los gobiernos son
derrocados por la lucha heroica de jóvenes desarmados que enfrentan
con voluntad y coraje a un régimen opresivo.
Esas “revoluciones de colores” son impulsadas por jóvenes
aparentemente despolitizados que se muestran inconformes con un
gobierno determinado y reciben el inmediato respaldo de la prensa
autodenominada libre e independiente (entre la cual sobresale la CNN),
la cual se encarga de amplificar sus demandas y de denunciar al
gobierno escogido para ser derrocado. Se inicia entonces una campaña
mediática, planificada y constante, que presenta a los
“revolucionarios” como expresión de un nuevo tipo de movimientos
sociales y de inéditas formas de protesta, que no buscan el
derrocamiento violento de un gobierno sino su sustitución
aparentemente pacífica por la vía electoral, y los muestra como
pluralistas, pacíficos y respetuosos de los métodos democráticos,
mientras al mismo tiempo cataloga como dictatorial y autoritario al
gobierno que se pretende sustituir.
Antes de que se inicien las “revoluciones”, la mano visible de Estados
Unidos opera a través de varios instrumentos, entre los que se
encuentran la financiación a dirigentes y movimientos universitarios,
la creación de ONG de fachada, que reciben cuantiosos fondos de la
USAID y de la CIA, y la entrada en escena de otras ONG
internacionales, entre las que sobresalen las del especulador George
Soros.
Los símbolos utilizados son similares, sobresaliendo una mano
empuñada, y suelen ser del color que se le da a la “revolución” y los
portan los jóvenes, por lo general de clase media, que se comunican
por teléfono celular, usan el twiter y se expresan a través de las
redes sociales. Estos jóvenes empiezan a actuar antes de una elección
presidencial, y de antemano se sabe que su finalidad es declararla
ilegal y fraudulenta, si no triunfa su candidato favorito. La “prensa
libre” del mundo se hace eco de esas denuncias y desde semanas antes
de las elecciones pone en duda la legalidad de los resultados. El día
de las elecciones se crea un ambiente de pánico y miedo entre los
electores, se sabotean los sistemas electrónicos y se difunden toda
clase de mentiras y calumnias contra los enemigos de la “democracia” y
la “libertad”, tal y como la entienden los opositores de la “sociedad
civil”, por supuesto incondicionales a los  mandatos de los Estados Unidos.
En la noche de las elecciones, en las que resultan perdedores los
“revolucionarios” de colores, se denuncia el fraude, se convocan
estudiantes y jóvenes en el centro de la ciudad capital y se inicia la
protesta para que se cambie el resultado electoral o se vuelvan a
realizar los comicios. Estas manifestaciones han sido preparadas con
antelación y organizadas por las embajadas de los Estados Unidos, por
la USAID y por las ONG “democráticas”. Cuando se efectúan las
protestas, en forma automática la prensa mundial reproduce la noticia
del supuesto fraude, algo que casi nunca se confirma, y la mentada
“comunidad internacional” (un seudónimo de Estados Unidos y sus
lacayos) afirma que no reconocerá dichas elecciones y presiona para
que se cambie el veredicto o se realicen nuevamente, y cuando eso
sucede salen victoriosos los “revolucionarios”, como sucedió en
Ucrania en 2004.
Las “revoluciones de colores” en realidad son una orquestada maniobra
de desestabilización política que tiene un guion preestablecido, que
no por casualidad cuenta con un texto de cabecera que fue redactado
por el estadounidense Gene Sharp de la Albert Einstein Institution y
que se titula deLa dictadura a la democracia, que constituye un manual
del Perfecto Golpe de Estado. El triunfo de una “revolución colorida”
depende de la debilidad interna del gobierno atacado o de su
incapacidad de entender lo que está en juego y de no proceder con
firmeza para rechazar las maniobras desestabilizadoras. Su objetivo,
como se evidencia en los países en donde han triunfado, es el de
implantar un orden por completo favorable y proclive a los Estados
Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN.
Como resultado, los nuevos gobernantes rápidamente muestran su
verdadera cara antidemocrática y antipopular e incurren en peores
niveles de corrupción de los que denunciaban, aplican a rajatabla los
dogmas neoliberales y abren las puertas de sus países a las
multinacionales de los países imperialistas. Con esto queda claro que
no constituyen ninguna revolución, sino que simplemente se han
apropiado de esa palabra, quitándole su sentido radical, para
presentarse como los portavoces de un sentimiento de descontento y
rechazo ante un determinado gobierno. Dicen basarse en la no violencia
y en la desobediencia pacífica, algo que nada tiene que ver con sus
verdaderos intereses, como se demuestra cuando están en el gobierno,
en donde ponen en marcha medidas antipopulares respaldadas en la
violencia bruta, como se ha demostrado en casos como el de Georgia o
Serbia.
LA REVOLUCION VINOTINTO (¿?) EN VENEZUELA
Todo este guión ya conocido y repetido en múltiples ocasiones por
Estados Unidos y sus perros falderos es el que se ha intentado
implantar en Venezuela desde hace varias semanas. Esto se complementa
con todos los métodos de subversión y saboteo impulsados por los
Estados Unidos desde cuando Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998,
porque van quince años de una prolongada acción contrarrevolucionaria
contra el pueblo venezolano. Lo que sucede es que ante el fracaso del
golpe de estado clásico en el 2002, las sucesivas derrotas de la
“oposición” en las elecciones y ante la desaparición física del líder
del proceso bolivariano, Estados Unidos, junto con la burguesía
venezolana, ideó como plan estratégico del momento efectuar una
revolución de color, y puso en marcha el guión previamente conocido en
otras latitudes.
No es casual que a comienzos de este año hubiera aparecido un grupo de
estudiantes que se declaró en huelga de hambre y que reclamó la
presencia física del presidente Hugo Chávez, que estaba enfermo en
Cuba. Al mismo tiempo, CNN y todos los miembros de falsimedia
empezaron a difundir el rumor que las elecciones iban a ser
fraudulentas y la oposición manifestó que no aceptaría los resultados,
si su candidato perdía.
Aunque el intento no ha sido exitoso si les fue favorable la coyuntura
electoral, en la cual disminuyeron los votos chavistas y aumentaron
los del candidato pro estadounidense y el resultado final fue más
estrecho de lo pensado. Este hecho facilitó la labor golpista y
desestabliizadora que se puso en marcha desde el momento en que se
supo oficialmente del triunfo de Nicolás Maduro. Durante la jornada
electoral, además, fueron saboteadas las comunicaciones virtuales y
electrónicas de los principales dirigentes de Venezuela y se intentó
bloquear al Consejo Nacional Electoral. En forma simultánea, la CNN y
los canales privados de gran parte del mundo desinformaban y mentían y
daban de antemano, sin ningún dato, confiable como ganador al
candidato de la derecha.
Como estaba cantado, luego de que se dieron a conocer los resultados
oficiales, Capriles los desconoció, presentó unas supuestas pruebas
del fraude, se negó a aceptar la autoridad del Consejo Nacional
Electoral y pidió un conteo manual del cien por ciento, es decir, el
regreso al viejo sistema electoral. Como para que no quedara duda
llamó a sus seguidores a manifestarse en la calle en repudio al
pretendido fraude. Al mismo tiempo, CNN y la casi totalidad de la
prensa internacional empezó a hablar del resultado incierto, que no se
sabía quién había ganado, de la polarización reinante y del triunfo
por ligero margen de Henrique Capriles. En Colombia, por ejemplo, los
medios de incomunicación que nos contaminan con su brutalidad, han
recurrido a todos los instrumentos del engaño y la mentira para
deslegitimar el triunfo de Nicolás Maduro. Llama la atención en ese
sentido que el Canal Capital en Bogotá –dirigido por un reconocido
periodista- le haya prestado toda la noche del domingo a una
politóloga de la Universidad de los Andes, de dudosa idoneidad, para
que junto con unos mercachifles de la propaganda antibolivariana
llegaran a decir, incluso antes de que se conociera el primer boletín
del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que Henrique Capriles
había ganado. Esa fue la misma infamia del cubrimiento de CNN y
compañía a nivel mundial.
Hasta la noche del 14 de abril, Capriles y sus partidarios se habían
presentado como demócratas, pluralistas, defensores del Estado de
derecho y mil embustes por el estilo, siguiendo las directrices de las
“revoluciones de colores”, pero desde el mismo momento en que se
conoció el veredicto electoral todos ellos se quitaron la máscara y
empezaron a actuar como lo que son, unos fascistas, como lo pusieron
de presente hace exactamente once años durante el fallido golpe de
Estado del 2002. Y como en esa ocasión procedieron con los mismos
métodos: atacaron a los pobres, evidenciaron su racismo y su rechazo
al pueblo chavista, destruyeron hospitales y centros de salud
atendidos por médicos cubanos, quemaron varias sedes del Partido
Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), golpearon a cientos de
personas que celebraban el triunfo de Nicolás Maduro, intentaron
quemar viva a una persona, y han matado hasta el momento que se
escriben estas líneas a siete personas.
Todos estos procedimientos criminales, apoyados por todo el poder
mediático internacional, no son contrarios al verdadero sentido de los
mal llamados “revolucionarios de colores”, sino su verdadera esencia,
a la vez que expresan la catadura del imperialismo estadounidense. Ese
proceder tenía como finalidad generar el caos, para dar la impresión
que en Venezuela no había gobierno, reinaba la inestabilidad y estaban
creadas las condiciones para pasar a otra fase, de golpismo abierto.
Afortunadamente la reacción tanto del CNE como de Nicolás Maduro
–luego de que este tuviera un desafortunado discurso en la noche del
14 de abril- fue rápida y efectiva y entendió que un factor clave para
no dejar prosperar una “revolución de colores” es el tiempo y la
firmeza. Actuar con decisión y rápido, sin dudas de ninguna clase. En
este caso eso fue lo que se hizo, porque el lunes 15 el CNE proclamó
oficialmente a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y se negó a aceptar un conteo manual de votos, maniobra con la que Capriles y los Estados Unidos buscaban el tiempo necesario para sembrar no sólo la duda sino para actuar a sus anchas y realizar sus maniobras de saboteo y terrorismo que tanto les gustan.
Fue esta actuación rápido lo que desesperó a Capriles y lo llevó a
incitar al odio y a la violencia, con el resultado trágico que se
conoce. Y por esa misma razón, Estados Unidos, su ministerio de
colonias, la moribunda e insepulta OEA, y, como no podía faltar, el
Reino de España –los mismos que respaldaron el golpe del 2002- han
sido los únicos que se han atrevido a poner en duda la legitimidad del
nuevo gobierno y su triunfo legal. Como esta vez el guión de las
Revoluciones coloridas no salió como en las películas de Hollywood, en
la que los que se presentan como los buenos vencen a sus malvados
enemigos, Estados Unidos respira por la herida al decir por boca de
uno de sus funcionarios de quinta categoría que la proclamación de
Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por parte del Consejo
Nacional Electoral, “fue un acto imprudente” y refleja “una crisis
institucional”, según las palabras de Kevin Withaker, Subsecretario
asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Claro, lo que ellos querían era tiempo, para montar una cabeza de playa
aparentemente legal, basándose en el conteo manual de los votos y en
la incertidumbre y vacío legal que eso hubiera provocado, para
consumar su “revolución de colores”
Por esta vez fracasó la revolución vino tinto (color de la camiseta de
la selección venezolana de fútbol), pero el gobierno de Maduro y la
conducción del proceso bolivariano deben aprender de esta dura
experiencia y de los errores cometidos (entre ellos una desastrosa
campaña electoral) para enderezar el proceso e impedir el triunfo de
la contrarrevolución. Eso ya no sólo le interesa a Venezuela sino a
los revolucionarios de América y del mundo que comprendemos que es
necesario un proceso de rectificación para afrontar los diversos
problemas económicos, productivos, sociales y políticos que enfrenta
la patria de Bolívar y de Chávez, que es la misma de todos los que
entendemos lo que significa una derrota al estilo de las que se vivió
en Nicaragua en 1990.

Tomado de Rebelión

Para cortarle alas al golpismo

Por Raúl Zibechi

Esta semana quedó en evidencia la estrategia de la tensión y el caos que promueven las agencias estadounidenses para desestabilizar gobiernos. Si tomamos en cuenta las experiencias más recientes, incluyendo la primavera árabe, podemos concluir que los golpes de Estado son apenas uno de varios caminos posibles para desalojar gobiernos molestos. Ni el Pentágono ni la Casa Blanca apuestan por una sola estrategia para conseguir sus fines, sino que ponen en marcha un abanico de acciones convergentes y complementarias.

La crisis económica global y la necesaria contención de los gastos militares (al parecer el Comando Sur vio su presupuesto reducido en 26 por ciento, pero puede haber partidas ocultas) otorgan prioridad al poder suave, o sea mecanismos no tan ostensibles como los tanques y los bombardeos de palacios de gobierno. Los medios de comunicación, la acción legal y la semilegal, incluyendo las masas en las calles, que siempre sirven para legitimar proyectos innombrables, son algunas de las herramientas en uso.

En el caso de Venezuela y la escalada desestabilizadora que se escenificó horas después de la publicación de los resultados electorales, emergen un conjunto de mensajes que el tiempo permitirá develar completamente, pero que muestran la aparición de nuevas y más refinadas estrategias. Para mostrar no sólo los aspectos negativos de la coyuntura, habría que mencionar que la casi unanimidad de los miembros de la Unasur mostraron su apoyo a Nicolás Maduro, incluyendo un rápido reconocimiento por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Sólo el Paraguay de Federico Franco, a quien le queda poco tiempo en el cargo, se alineó con Estados Unidos en la región sudamericana. Esto es relevante porque muestra el aislamiento de Washington y la creciente autonomización de gobiernos como el de Colombia. Parece evidente que la estrategia desestabilizadora no conviene a nadie en esta parte del mundo, muy en particular a un gobierno que busca la paz con la guerrilla con la oposición del mejor aliado del guerrerista George W. Bush, el ex presidente Álvaro Uribe.

La consolidación de las instituciones y alianzas regionales, tanto la Unasur como el Mercosur, está mostrando ser una eficaz barrera contra la injerencia del norte en la región sudamericana. Sin embargo, así como constatamos que algunos gobiernos no siguen mecánicamente la política de Estados Unidos (Ollanta Humala y Sebastián Piñera tampoco se sumaron a Washington), es muy probable que estemos ante una relativa autonomización de las derechas de esos mismos centros de poder.

Quiero decir que las derechas hacen sus propias lecturas de la realidad global y hacen también su propio juego. Sobre todo cuando las tendencias hacia un mundo multipolar se intensifican. Cinco de las 10 principales economías del mundo ya no utilizan el dólar en sus intercambios con China (Russia Today, 14 de abril de 2013). Entre ellas, Rusia, India y Brasil, pero también Japón, importante aliado de Estados Unidos. Australia, otra aliada de Washington, es el último país en dejar de lado el dólar en su comercio con China. India y Japón también comenzaron a efectuar transacciones en sus respectivas monedas nacionales.

La nueva realidad global golpea de tal modo al centro imperial que hasta sus gastos militares cayeron, por primera vez en 20 años. Estados Unidos tiene una participación menor a 40 por ciento de los gastos militares globales, que sólo en 2012 cayeron 6 por ciento, en tanto el gasto militar de los miembros de la OTAN en Europa se contrajo 10 por ciento (SIPRI, 15 de abril de 2013). En contraste, los gastos militares de los emergentes crecen de modo continuo, aunque están muy lejos del presupuesto de defensa del Pentágono.

Sin embargo, operan otras fuerzas menos visibles pero tan o más desestabilizadoras que las que conocemos de larga data. Me refiero al modelo extractivo o extractivismo. Con el modelo extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia, asegura Diego Montón, miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (Argentina) y nuevo coordinador continental de la CLOC-Vía Campesina ( Página 12, 17 de abril de 2013).

El extractivismo es mucho más que un modelo productivo y de acumulación de capital. En rigor, forma parte del complejo especulativo-financiero que hoy domina el mundo. En nuestros países tiene efectos depredadores: está creando un nuevo bloque de poder, corruptor políticamente, polarizador y excluyente socialmente y depredador del medio ambiente.

En lo político, el modelo extractivo necesita un conjunto de gestores que alimenta con sus inmensas ganancias (soya, minería a cielo abierto y varios monocultivos), que velan por sus intereses (universidades, gobiernos nacionales o locales, medios e intelectuales). Exagerando apenas, el extractivismo juega un papel desintegrador similar al del narcotráfico, porque destruye el tejido social, expulsa a los campesinos de sus tierras, infla ciudades hasta límites insoportables y mata a la gente, en particular a los más pobres, que no tienen acceso a un sistema sanitario de calidad.

En todos los países de nuestra región, paraísos extractivos del capital especulativo global o de los intereses expansionistas de países emergentes como China, una larga década de extractivismo no ha hecho sino fortalecer a las derechas. No me refiero sólo a los partidos o políticos conservadores, sino a una derecha difusa, social y cultural, que promueve el individualismo, un consumismo atroz y depredador de los vínculos sociales, comportamientos casi fascistas hacia los pobres, o sea contra los jóvenes de las barriadas populares, en particular las gentes del color de la tierra.

Denunciar el golpismo es imprescindible. Defenderse del Pentágono es urgente. Incrementar la militancia es clave (no sólo las declaraciones y los desplegados). Pero el modelo extractivo sigue criando y creando camadas de jóvenes conservadores que buscan líderes ultraderechistas.

Tomado de La Jornada

La nueva estrategia “blanda” de desestabilización política.

 

Aquí tenemos al “inefable” Gene Sharp, quien ha desarrollado y apoyado unos 198 métodos para derrocar revoluciones. Están incluidos en su libro De la dictadura a la democracia, y van desde elegir un símbolo, numero o imagen que represente el movimiento, escribir pancartas de protesta, hasta no responder a ninguna provocación, utilizar la tecnología para extender el mensaje, limpiar las calles al pasar por ella una manifestación…!Qué clase de tipo!…..

Un saludo y una recomendación de Atilio Borón

¡Hola todas y todos! Como recordarán, hace días que a propósito de la estrategia de Capriles y sus mandantes en Venezuela (la Casa Blanca y el aparato político, militar e ideológico del imperio) dije que el derrotado candidato de la derecha estaba siguiendo al pie de la letra el manual del golpismo elaborado por la CIA y sus asesores. El más importante de ellos es el profesor, autor de varios textos sobre la materia, que la opinión gentil y amable de la academia lo hace aparecer como el “filósofo de la no-violencia”. En realidad es exactamente lo contrario, sólo que no es un apologista de la violencia brutal sino en la medida justa y cuando es necesaria. Sharp promueve otro tipo de violencia, conocido como “el poder blando”, pero que puede tan agresiva como la otra. La escalada violenta sufrida por Venezuela y lo que podría ocurrir a partir de hoy en la Argentina, habida cuenta del “cacerolazo” planificado para el día de la fecha (y que no se puede entender si no es en el marco de una estrategia desestabilizadora a más amplio alcance) aconsejan estudiar muy seriamente las propuestas de Sharp y sus amigos. Para comenzar, comparto un artículo escrito por Thierry Meyssan en el 2005 y que lamentablemente no tuvo la repercusión que merecía. Los acontecimientos posteriores de América Latina se encargaron de demostrar que los consejos de Sharp no cayeron en saco roto: “Mel” Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay ejemplifican el nuevo tipo de golpe de estado que ahora promueve Estados Unidos. Hay gente y organizaciones sociales y políticas en nuestros países que aplican meticulosamente las técnicas golpistas de Sharp, a quien los agentes del imperio tienen como uno de sus más importantes estrategas en esta nueva forma de lucha “soft”, sibilina y disimulada, con la cual Estados Unidos procura reconquistar posiciones en América Latina y el Caribe. A continuación, el artículo de Meyssan.

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GOLPES DE ESTADO CON SUAVIDAD Y DISIMULO

EL “SOFT POWER” COMO TÉCNICA GOLPISTA

La Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA

Por Thierry Meyssan

La no violencia como técnica de acción política puede ser utilizada con cualquier fin. En los años 80, la OTAN se interesó por su posible uso para organizar la resistencia en Europa después de una invasión del Ejército Rojo. Hace quince años que la CIA la utiliza para derrocar gobiernos recalcitrantes sin provocar la indignación internacional. Para ello dispone de una vitrina ideológica: la Albert Einstein Institution del filósofo Gene Sharp. La Red Voltaire revela la sorprendente actividad de esta oficina, de Lituania a Serbia pasando por Venezuela y Ucrania.

RED VOLTAIRE | PARÍS (FRANCIA) | 10 DE FEBRERO DE 2005

http://www.voltairenet.org/article123805.html

Desconocido para el público, Gene Sharp elaboró una teoría sobre la no violencia como arma política. Por cuenta de la OTAN y más tarde de la CIA, formó a los líderes de los golpes de Estado suave de los últimos quince años.

Desde los años 50, Gene Sharp estudió la teoría de la desobediencia civil de Henry D. Thoreau y Mohandas K. Gandhi. Para estos autores, la obediencia y la desobediencia son cuestiones morales o religiosas antes que políticas. Ambos oponen una ley superior a un orden civil.
Sin embargo, la práctica de sus convicciones tuvo consecuencias políticas, de manera que lo que consideraban como un fin en sí puede ser percibido como un medio. La desobediencia civil puede ser considerada entonces como una técnica de acción política, incluso militar.

En 1983, Gene Sharp crea el Programa sobre las Sanciones No Violentas en el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Allí desarrolla investigaciones en ciencias sociales sobre el posible uso de la desobediencia civil por parte de la población de Europa occidental ante una hipotética invasión de las tropas del Pacto de Varsovia.

Simultáneamente, funda en Boston la Albert Einstein Institution con la doble misión de financiar sus investigaciones universitarias y de aplicar sus modelos a situaciones concretas. En 1985 publica una obra sobre Cómo Hacer que Europa sea Inconquistable [1] cuya edición europea incluye un prefacio de George F. Kennan, , padre de la Guerra Fría.

En 1987, la asociación cuenta con subvenciones del Instituto de Estados Unidos por la Paz (U:S: Institute for Peace) y organiza seminarios para adiestrar a los aliados en la defensa mediante la desobediencia civil ante un ocupante comunista. El general Georges Fricaud-Chagnaud introduce así el concepto de «disuasión civil» en la Fundación de Estudios de la Defensa Nacional [2].

El general Edward B. Atkeson, a la sazón destacado por el ejército estadounidense ante el director de la CIA [3] , integra entonces el Instituto al dispositivo de la red stay-behind de ingerencia estadounidense en los Estados aliados.

La focalización sobre el carácter moral de los medios de acción permite evacuar todo debate sobre la legitimidad de la acción. La no violencia, que se admite como buena en sí misma y se asimila a la democracia, da un aspecto presentable a acciones secretas intrínsecamente antidemocráticas.

Es en 1989 cuando se produce el despegue de la Albert Einstein Institution. Gene Sharp prodiga entonces sus consejos a movimientos anticomunistas. Participa en el establecimiento de la Alianza Democrática de Birmania -una coalición de notables anticomunistas que logra rápidamente entrar al gobierno militar-, y del Partido Progresista Democrático de Taiwán -que milita por la independencia de la isla ante la China comunista, mientras que Estados Unidos se opone oficialmente a ella.

También unifica los diferentes grupos tibetanos de oposición en torno al Dalai Lama. Trata, además, de formar dentro de la OLP un grupo de disidentes capaz de llevar a los nacionalistas palestinos a renunciar al terrorismo [4], les procura una formación secreta en la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, en contacto con el coronel Reuven Gal [5], director de Acción Sicológica dentro de las fuerzas armadas israelíes.

Al darse cuenta del potencial que representa la Albert Einstein Institution, la CIA destaca ante ella a un especialista en acción clandestina, el coronel Robert Helvey, decano por aquel entonces de la Escuela de Formación de Agregados Militares de Embajadas.

«Bob» introduce a Gene Sharp en Birmania para que dé una formación ideológica a la oposición sobre la premisa de una oposición no violenta a la junta militar más sanguinaria del mundo, o sea criticar su falta de visión sin poner el sistema en tela de juicio.
Helvey hace así una selección entre los «buenos» opositores y los «malos» en un momento crítico para Washington: la verdadera oposición, dirigida por la señora Suu Kyi, marca puntos constantemente y representa una amenaza para el régimen pro estadounidense.

«Bob» hace su trabajo con facilidad, sobre todo porque conoce personalmente a todos los protagonistas por haber sido él mismo agregado militar en Rangún de 1983 a 1985 y haber participado en la estructuración de la dictadura. Jugando un doble juego, el coronel Helvey dirige simultáneamente una acción de apoyo militar clásico a la resistencia Karen: al armar y controlar una guerrilla limitada, Washington desea, en efecto, conservar un medio de presión sobre la junta militar.

Siempre presente, a partir de entonces, allí donde estén en juego los intereses estadounidenses, Gene Sharp y su asistente Bruce Jenkins llegan a Pekín en junio de 1989, dos semanas antes de los sucesos de Tiananmen. Ambos serán rápidamente expulsados por las autoridades chinas.

En febrero de 1990, la Albert Einstein Institution organiza una Conferencia sobre las Sanciones No Violentas que reúne a 185 especialistas de 16 países alrededor de los coroneles Robert Helvey y Reuven Gal. Nace así el principio de una internacional de la lucha anticomunista que movilice las poblaciones en una acción no violenta.

El profesor Thomas Schelling [6], célebre economista y también consultante de la CIA, se une al Consejo Administrativo de la Institution. El presupuesto oficial de esta sigue siendo estable aunque en realidad dispone de abundante financiamiento proveniente del International Republican Institute (IRI), una de las cuatro ramas de la Nacional Endowment for Democracy (NED/CIA) [7].

Al mismo tiempo, los países bálticos proclaman su independencia. Al cabo de una prueba de fuerza con Mijail Gorbatchov, aceptan posponer la decisión por dos o tres años para dar tiempo a negociar los términos. Sin más espera, Gene Sharp y su equipo viajan a Suecia en octubre de 1990 y preparan allí a varios políticos lituanos para que organicen una resistencia popular al Ejército Rojo.

Meses más tarde, en mayo 1991, cuando estalla la crisis y Gorbatchov despliega sus fuerzas especiales, Gene Sharp sirve de consejero al partido separatista Sajudis (Grupo de Iniciativa por la Perestroika). Durante la crisis, Sharp se mantiene cerca de Vytautas Landsbergis.

En junio de 1992, el ministro de Defensa de la Lituania independiente, Audrius Butkevicius, organiza un simposio de homenaje a la acción decisiva de la Albert Einstein Institution durante el proceso de independencia de los países bálticos.

Cuando Estados Unidos comienza su rearme, en 1998 [8], la Albert Einstein Institution se convierte en un instrumento más de una estrategia expansionista. Provee ideología y técnica a Otpor («Resistencia»), un grupo de jóvenes opositores al presidente Slobodan Milosevic.

Simultáneamente interviene en la provincia de Kosovo para orientar al LDK de Ibrahim Rugova. Rugova resulta inútil para la política de Washington durante la guerra de Kosovo, pero Otpor aparece rápidamente como una alternativa para derrocar a Milosevic, a la sazón más popular que nunca después de haber resistido a la OTAN.

El coronel Helvey forma a los cuadros de Otpor durante seminarios organizados en el hotel Hilton de Budapest. Los dólares corren a mares con tal de acabar con el último gobierno comunista de Europa. El encargado de dirigir localmente la operación es el agente Paul B. McCarthy, discretamente instalado en el hotel Moskva de Belgrado hasta que Milosevic dimite en octubre del 2000.

En septiembre de 2002, Gene Sharp se encuentra en La Haya para adiestrar a los miembros del Iraqi National Council que se preparan para regresar a Irak en la estela del ejército estadounidense.

En septiembre de 2003 es también la Albert Einstein Institution quien aconseja a la oposición poner en tela de juicio el resultado de las elecciones y organizar manifestaciones hasta obtener la renuncia de Eduard Shevarnadze [9], durante la «revolución» de las rosas, en Georgia.

Cuando el golpe de Estado fomentado por la CIA  fracasa en Venezuela, en abril de 2002, el Departamento de Estado recurre también a la Albert Einstein Intitution. Esta aconseja a los dueños de empresas durante la organización del referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. Gene Sharp y su equipo guían a los dirigentes de Súmate durante las manifestaciones de agosto de 2004.

Siguiendo una técnica que ya se ha hecho clásica, estos últimos lanzan acusaciones de fraude electoral y exigen la salida del presidente. Logran sacar a la calle a la burguesía de Caracas, pero el apoyo popular al gobierno de Chávez es demasiado fuerte para permitir que sea derrocado. En definitiva, los observadores internacionales no pueden hacer otra cosa que reconocer la legalidad de la victoria de Hugo Chávez.

Gene Sharp fracasa en Bielorrusia y Zimbabwe al no haber podido reclutar y adoctrinar a tiempo la cantidad de manifestantes necesaria. Durante la «revolución» naranja, en noviembre de 2004 [10], volvemos a encontrar en Kiev al coronel Robert Helvey.

Finalmente, es de destacar que la Albert Einstein Institution ha comenzado a adiestrar agitadores iraníes.

Y ¿por qué «Albert Eistein»? Se trata de un nombre que sirve para evitar las sospechas. El primer libro de Gene Sharp sobre el estudio de los métodos de Gandhi, comienza por un prefacio firmado por Albert Einstein. Pero, la obra fue redactada en 1960, cinco años después de la muerte del sabio.

Por consiguiente, Albert Einstein no escribió el texto para la obra de Sharp. Este último no hizo que reproducir en su libro un artículo del científico sobre la no violencia.

Tomado del blog de Atilio Borón

PARAGUAY: “La derecha nos trata como si fuéramos satánicos”

ESPERANZA MARTINEZ LLEIDA EX MINISTRA DE SALUD DEL GOBIERNO DE FERNANDO LUGO

Orgullosa de haber llegado a un millón de paraguayos que nunca tuvieron acceso a un médico, la ex ministra se prepara como candidata para las elecciones de abril y explica la dureza con que “nos ataca la oligarquía”. Aquí analiza las consecuencias actuales del golpe al presidente Lugo y cuenta cómo se hizo la reforma del sistema sanitario.

Por Andrew Graham-Yooll

Desde Asunción, Paraguay

–Aquí todavía se discute si lo que sucedió en Paraguay el 22 de junio fue un golpe o no. No fue uno tradicional, como los de los militares. ¿Cómo se percibe en la sociedad paraguaya?

–La sociedad paraguaya está hoy polarizada y eso será evidente en las próximas elecciones de abril. Una parte conservadora de la población defiende lo que para mí fue claramente un golpe parlamentario contra la joven democracia paraguaya. Otro sector democrático está indignado y molesto y exige las aclaraciones correspondientes, especialmente sobre lo que se constituyó en lo más doloroso para la democracia, como la matanza de campesinos y policías en Curuguaty, en el momento de un desalojo de tierras. Fue el hecho que desencadenó el juicio político. Hasta la fecha, el gobierno golpista de Federico Franco, quien fue vicepresidente de Fernando Lugo, a pesar de ser esa tragedia el tema acusatorio más importante en contra del presidente Lugo, lleva una investigación imprecisa, poco clara, hasta pareciera tendenciosa. Se evita tocar aspectos que han sido colocados en investigaciones paralelas por la sociedad civil y que demuestran contradicciones en el informe de la fiscalía. Todo hace presumir que esto realmente fue un montaje para llegar a la destitución del presidente Lugo. Pero no hay que olvidar que Lugo enfrentó en 23 oportunidades acusaciones de parte del Parlamento en favor de un juicio político. A un año de su asunción, el Parlamento ya había empezado a tocar el juicio político como una alternativa política. Estaban buscando pretextos y condiciones políticas favorables para implementarlo. Los votos decisivos los tenía el Partido Colorado, quien hábilmente manipuló al Partido Liberal Radical Auténtico de acuerdo con sus conveniencias electorales. Esto venía desde hace mucho tiempo.

–¿Podría ponerle fecha a ese “mucho tiempo”?

–A partir del primer año de gobierno se empezó a hablar de juicio político en el Paraguay. Y en 23 ocasiones el Parlamento lo tocó oficialmente, y eso se puede constatar en las actas del Parlamento. El senador liberal Alfredo Luis Jaeggli Caballero dijo con honestidad por los medios que la conspiración era anterior inclusive y que el plan preveía darle el golpe a Lugo a los seis meses de su gobierno.

–¿Qué acción legal se podría haber tomado contra la decisión del Congreso? El Parlamento constituido en corte no se puede apelar, entiendo. ¿Se podría haber llevado la causa a una corte interamericana? Desde la nueva Constitución de 1992, ¿qué recursos internos tendría un gobierno objetado para insistir en su gestión?

–Se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia que fue rechazada. Este fallo, por las argumentaciones presentadas, trae consecuencias significativas en el orden jurídico y político de nuestro país, más allá de los efectos particulares en el caso de Fernando Lugo.

–¿Pero eso era porque se sentía que la Corte ya estaba alineada con la oposición, o se puede pensar que la Corte podría tomar una decisión independiente?

–La Justicia en Paraguay no es independiente. La Justicia paraguaya responde a los intereses de la oligarquía, no sólo en el caso del golpe, sino en los negocios, situaciones ligadas a la mafia, ligada a la irregularidad. La Justicia, con excepciones, no es ni pronta ni justa, ni barata ni independiente.

–Tiene que haber entonces mecanismos extraterritoriales que puedan entender en casos como éste.

–Hubo una respuesta internacional ante la situación de Paraguay porque fue muy parecida a lo que sucedió en Honduras. Hay que recordar que Ecuador tuvo también un intento de golpe, también Bolivia hace tres años, donde intervino Unasur. En la región, ya no son viables los golpes a través de los ejércitos, organizados y ligados a algún sector civil. Hoy los golpes son organizados de manera más sofisticada porque vienen con una mayor apariencia de legalidad. Son más difíciles de ser enfrentados por la ciudadanía porque la confunde esa aparente legalidad y se está mejorando sutilmente. Existe el riesgo de que otras democracias puedan en el futuro pasar por una situación similar. Los países de Unasur se han puesto firmes para que estas aventuras, o juicios express como se las ha llamado, no se vuelvan a repetir, que no sea un nuevo sistema de ruptura de los modelos democráticos en América latina. Se ha cambiado el rostro político de la región en las últimas décadas y hoy se defiende colectivamente sus intereses ante el imperio. Para nosotros es claro que esto es un tema político, no legal, y hay que pelearlo dentro y fuera del país.

–¿Cuáles fueron las últimas manifestaciones que les llegaron de Unasur? Parece haber una diversidad de interpretaciones de la posición de Unasur.

–Unasur dice que no bastan las elecciones para garantizar que el Paraguay haya vuelto al sistema democrático. Exige claridad en las investigaciones de los hechos de Curuguaty y garantías para unas elecciones transparentes. La OEA, al finalizar las elecciones de 2008, dejó al Tribunal de Justicia Electoral un memorándum de acciones que se deberían tomar para mejorar y garantizar la transparencia del proceso electoral y ninguna de esas medidas han sido tomadas a la fecha. El tribunal de justicia electoral fue el primero en reconocer al gobierno golpista, está integrado por los partidos golpistas que tienen presencia parlamentaria. En estos meses electorales no ha aplicado ninguna medida contra los dos partidos tradicionales que transgreden las leyes electorales haciendo propaganda política masiva y costosa. La ciudadanía democrática no tiene manera de controlar el proceso eleccionario y tiene temor al fraude electoral.

–Estamos hablando de los tradicionales partidos Colorado y Liberal, pero ¿cuáles más tienen esta presencia a la que usted se refiere?

–Son cinco partidos golpistas. El Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico, el partido Patria Querida, el Partido Democrático Progresista y el partido Unace (del general Lino Oviedo).

–¿Patria Querida no estuvo con ustedes en las elecciones hace cinco años?

–En el momento de las elecciones no estuvieron con nosotros, presentaron candidatura propia. La confusión puede venir con el Partido Democrático Progresista, al cual pertenece el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, actual aliado político del Partido Liberal y candidato a vicepresidente. El sí integraba la coalición de fuerzas que apoyaba al presidente Lugo. Fue su ministro por más de dos años y medio y fue destituido por el presidente Lugo. Luego se convirtió en uno de sus principales opositores.

–La fragmentación de la ciudadanía permitió una especie de piedra libre para una montonada de versiones de desprestigio sobre la gestión y la persona de Lugo.

–Hubo un contrato social después de la caída de la dictadura (1989). Con la nueva Constitución de 1992 las fuerzas políticas habían aceptado el juego de la democracia y las elecciones como un mecanismo de recambio que simplemente cambiaba personas dentro del mismo Partido Colorado. Por lo tanto nunca se dio realmente una alternancia política en el gobierno de Paraguay. El Partido Colorado gobernó sesenta años, de los cuales treinta y cinco fueron de dictadura militar, y el período de transición política no fue más que un pase de mando y de poder entre los amigos de siempre. Con Fernando Lugo se logra un quiebre en esa hegemonía del Partido Colorado y se inicia la primera alternancia política. Pero el gobierno Lugo también avanza en temas de protección social y pone en la agenda política algunos problemas estructurales de la sociedad paraguaya, como el modelo económico concentrador de la tierra y las riquezas en muy pocas familias (una de las mayores del mundo). La desigualdad social es insultante e inmoral; así como también el caso de las tierras mal habidas, el rechazo del ingreso de las semillas transgénicas; el debate sobre el ingreso de la multinacional Río Tinto-Alcan, que industrializa el aluminio y que consumiría una turbina y media de Itaipú para su funcionamiento. Esa corporación tiene serias denuncias internacionales de contaminación del ambiente en varios países. Por lo tanto, Fernando Lugo empezó a molestar a la oligarquía y sus negocios.

–Usted me está diciendo que la corrupción que se alega a viva voz es una serie de acciones instaladas y corruptas…

–Mire, unas semanas antes del juicio político el presidente Lugo había rechazado una ley en la cual la partidocracia conservadora se había autoasignado en el Parlamento 50 millones de dólares para operadores políticos dentro del Tribunal de Justicia Electoral, con vistas a las elecciones de 2013. Eso generó una movilización ciudadana espontánea muy importante en Asunción, principalmente de jóvenes, y obligó en su momento al Parlamento a aceptar el veto presidencial. Había una serie de elementos que comenzaron a molestar a la oligarquía porque tocaban sus negocios, sus intereses políticos. Un gobierno que parecía una alternancia política comenzaba a convertirse en el posicionamiento de un nuevo proyecto político con una mirada ideológica diferente y enfrentando los problemas tradicionales del Paraguay. Lugo comienza a ser una amenaza y su gobierno es mirado como peligroso por la oligarquía. Fernando Lugo ha sido el presidente más criticado por los medios de prensa comerciales desde el inicio de su gestión. Tuvimos unos cuatro meses de primavera de convivencia pacífica y después se desató una campaña despiadada de terrorismo mediático. No hubo un presidente hasta hoy que haya tenido una campaña de ataque de esta intensidad. No hubo un solo día que dejara de ocupar espacio en los medios de comunicación y eso sigue hasta hoy.

–Vi que hasta los medios cuestionaban el alquiler de esta oficina central de Frente Guazú en veinte millones de guaraníes por mes…

–Nadie niega los errores cometidos por el gobierno y por la persona, pero el nivel de las acusaciones es sorprendente. Si usted mira los últimos seis meses, ninguno de los candidatos a presidente tanto de los partidos Colorado como Liberal, Patria Querida y Unace, ninguno recibe el ataque despiadado que le es dirigido a Fernando Lugo. Sigue siendo el líder con mayor arraigo popular en el Paraguay. Si usted mira Latin Barómetro, cuando asumió el presidente anterior, Nicanor Duarte Frutos, tenía una aceptación ciudadana del 50 por ciento y terminó con el 10 por ciento. Fernando Lugo comenzó con el 86 por ciento y dos meses después del golpe tenía 50 por ciento de popularidad: lo que Duarte Frutos tenía al inicio de su gestión. Esta campaña tendenciosa sobre su persona, sobre sus acciones, sobre su gobierno y sobre los que integramos su gobierno es un intento de desprestigiar al presidente Lugo y bajar su popularidad mediante la ridiculización y el comentario humillante. Esto es señal de temor político porque Fernando Lugo será senador y con su apoyo Aníbal Carrillo Iramain y Luis Aguayo serán los próximos presidente y vicepresidente del Paraguay.

–Usted me dice que las inferencias personales, estos libelos…

–Tomemos el libelo acusatorio del juicio político. Se lo acusó de nombrar a tres o cuatro familiares en el gobierno, en un país donde el clientelismo político es un mal endémico de más de cien años. El actual presidente Federico Franco y su señora han sido acusados de llenar los cargos públicos con sus familiares y correligionarios, pero eso no pasa de un comentario más. Se habla de corrupción durante el gobierno de Lugo, sin embargo él vive en la misma casa, de manera modesta, comparado a otros ex presidentes. Federico Franco no pudo demostrar a la ciudadanía cómo ganó un millón de dólares en cuatro años cuando su salario no superaba los cinco mil dólares. La fiesta de casamiento de su hijo se estima haber costado como 400 a 500 mil dólares. ¿De dónde sale el dinero? Pero sobre eso no se hace cuestión. Las acusaciones son hasta ingenuas. Ninguna de ellas justifica romper con un modelo democrático, romper con el voto de casi 700 mil paraguayos diez meses antes de las elecciones generales. El Paraguay tuvo un crecimiento de 15,3 por ciento en 2010, el más alto en toda su historia. Tenía cifras macroeconómicas excelentes, implementó programas sociales con resultados evidentes, como es el caso de salud. Eso lo puedo decir con autoridad: entre 2008 y 2011 logramos que un millón más de paraguayos pudiera acceder a la atención médica a través de la estrategia de la gratuidad de los servicios públicos en lugares donde antes nunca hubo médicos ni atención. Los servicios de terapia intensiva se mejoraron en un trescientos por ciento. Se iniciaron procesos de trasplante que estaban parados en el Paraguay desde hace varios años. Iniciamos el crecimiento de los hospitales.

–¿Por qué estaban parados?

–No se implementaban, estaban los recursos, pero los hospitales no estaban habilitados para operar, faltaba la infraestructura. Tuvimos que recorrer una primera etapa con el sector privado y luego con el sector público después del reequipamiento de los grandes hospitales. Bajamos índices de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Con el gabinete social coordinando todos los ministerios, se intervino articuladamente sobre la pobreza. El programa de subsidios de entregas condicionadas para superar la extrema pobreza, que durante los cinco años del gobierno anterior benefició a 13.000 familias, durante el gobierno Lugo llegó a más de cien mil familias. También se incrementaron los programas de acceso al agua potable, aporte nutricional, por citar algunos.

–Eso se hizo en el circuito urbano y suburbano. ¿Qué pasaba más allá? Un aspecto que me cuentan en algunas ciudades, o pueblos, como ser Guarambaré, donde necesitaba hacer una consulta un primo, es que no había medicamentos.

–Más en las zonas rurales y también en las zonas urbano-marginales. La implementación de la gratuidad ha tenido boicot y duras críticas de sectores de trabajadores y políticos. La gratuidad no sólo ha sido una medida para mejorar el acceso financiero de las familias al sistema de salud. También combatió la corrupción instalada entre los trabajadores de la salud, que cobraban aranceles particulares a los pacientes para cubrir los bajos salarios. Influyó en el modelo político clientelar que usaba los servicios públicos para sus afiliados políticos como un sistema de coerción. “Si votás por mí te consigo la ambulancia, los medicamentos, la internación.” Nosotros instalamos el concepto de derecho a la salud para todos. La gente puede ir a los hospitales sin pedirle favor a nadie. Que los recursos son insuficientes también es real. Necesitamos un largo período de inversión de recursos en salud.

–Cosas como el alcantarillado y eso son obras públicas. Pero en la atención se ha utilizado lo que nosotros llamamos las “salitas” de barrio, ¿o cuál ha sido el sistema?

–Paraguay encaró por primera vez la atención primaria de salud con los Equipos de Salud de la Familia (ESF). No existían. Hasta el 2011 instalamos 704 equipos cada uno con una población adscripta entre cuatro y cinco mil personas. La idea era llegar a la universalización, al ciento por ciento de los equipos de familia, para cuando terminara el gobierno. En el presupuesto 2012 el Parlamento recortó la inclusión de los 200 nuevos equipos de familia. La población cubierta hoy es de cerca de 3.500.000 paraguayos.

–¿Tenían el personal médico para cubrir esta red?

–Algunos médicos fueron reubicados dentro de la red del Ministerio de Salud, otros fueron contratados. El ciento por ciento de los equipos accedió por concurso público para garantizar que la selección tuviera características técnicas y no políticas. Eso fue para no repetir el clientelismo político, un tema cultural en el país.

–En algún momento se acusó a Lugo de traer médicos de Cuba.

–Paraguay tiene, desde hace dos gobiernos colorados anteriores, acuerdos con Cuba tanto para la formación de médicos en la isla como la presencia de misiones de médicos cubanos en el Paraguay. Son unos cien médicos por año que venían al Paraguay desde hacía ocho a diez años.

–¿Por qué se concentró el alegato de que los habría traído Lugo?

–Siempre los medios han instalado la idea de que el modelo de atención en salud es cubano, que el gobierno de Fernando Lugo era chavista, un gobierno del socialismo del siglo XXI, aliado con Ecuador y con Bolivia, todo rodeado de adjetivos de descalificación, como si “fuéramos satánicos”. Todo lo que signifique izquierda, zurdo, progresismo es satanizado por los medios comerciales.

–Me gusta “satanizado” (risas). Es un extremo casi teatral.

–Es tendencioso, es una acción que ha tratado de instalar temor en la población. Al preguntarle a alguien, ¿qué es el chavismo?, ¿por qué le tiene temor?, probablemente nueve de cada diez paraguayos no sepa responder a qué le tiene miedo. Peor que en la época de la dictadura (1954-1989). Cuando estaba Alfredo Stroessner la sola mención o acusación de ser parte del comunismo, socialismo, izquierda o cualquier otro término similar, era razón para terminar preso, torturado, exiliado, muerto o desaparecido. Hoy no se atreven a llegar a ese nivel de violencia social, pero sí hay una fuerte estigmatización en las redes sociales, en las referencias a “los zurditos” o “los sucios”, “los homosexuales”, la “izquierda degenerada”. Hay una serie de calificativos que son parte de una campaña mediática para instalar y enfatizar la polarización.

–Hablemos un poco de la política de tierras. En Paraguay la concentración de la tierra es una de las mayores en América latina. ¿Les metieron miedo a los dueños de la tierra que son, por extensión, los dueños del poder?

–Uno de los aspectos principales de la propuesta de Lugo fue el tema de la reforma agraria. En esto no se ha avanzado mucho. La concentración de la propiedad de la tierra en manos de un pequeño grupo oligárquico está instalada. Esto desde el término de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Ahí se produce una masiva venta de tierras a capitales extranjeros que iniciaron un proceso latifundista. En el problema de la concentración de la tierra en Paraguay interviene no sólo el Poder Ejecutivo sino el Parlamento y el Poder Judicial. Hay un tema pendiente con las tierras mal habidas, generadas durante la dictadura stronista. El Parlamento y el Poder Judicial nunca apoyaron al gobierno de Fernando Lugo. Por lo tanto la investigación sobre las tierras mal habidas, la compra de tierras para el sector campesino y para poblaciones indígenas no fue muchas veces apoyada por el Parlamento. Por nuestra parte, la acción del gobierno no fue lo suficientemente firme, ni sostenida.

–Paraguay es uno de los pocos países bilingües en la región. Ahora se escucha cada vez más el guaraní. Sostener esa doble identidad en cierto grado comenzó luego de la caída de Alfredo Stroessner en 1989. ¿Ustedes tienen enfatizada esta doble cultura?

–Estamos consolidando la recuperación del guaraní como lengua madre. Mucho tiempo estuvo proscripto y la clase media y alta rechazaba el uso del guaraní. Cuando yo era niña, se usaba la frase “¡no seas guarango!” como manera de demostrar que el “guaraní” era una forma social inaceptable, era decir que alguien que hablaba guaraní era mal educado, “guarango”, utilizando este término bien castizo del español por su afinidad fonética con aquél y por su significado. Hoy el guaraní es una de las dos lenguas nacionales y oficiales del país según la nueva Constitución Nacional, y se ha introducido como materia de estudio en los colegios. La enseñanza bilingüe comienza en la primaria y abarca la secundaria, eso viene de hace tiempo. Durante el gobierno de Lugo el ministro de Cultura, “Ticio” (Luis Manuel) Escobar (Argaña), un gran defensor de la cultura indígena y nacional, dio un énfasis a los valores culturales de la identidad. Nos tocó en el 2011 el bicentenario de la independencia; por lo tanto, hubo una alta movilización social, en la cultura, y una recuperación de la identidad campesina y guaraní. Hoy se escucha rock en guaraní a través de grupos juveniles. Se comienza a revalorizar eso y así entra en el uso de los chicos de clase media y alta. Antes lo rechazaban. En las áreas rurales es casi imposible moverse o convivir sin hablarlo, porque es el idioma cotidiano.

–¿En cuánto se estima el volumen de las remesas desde el exterior de la población exiliada económicamente?

–Se estima en aproximadamente 220.000 migrantes recientes, quienes remesan dinero anualmente a cerca de 370.000 familiares radicados en el Paraguay, en un monto variable cuyo promedio se estima en 700 millones de dólares. Se calcula que el promedio de envíos por persona es de 300 dólares mensuales.

¿POR QUE ESPERANZA MARTINEZ LLEIDA?

La ministra de los sueños sociales

Por Andrew Graham-Yooll

Esperanza Martínez Lleida es vicepresidenta del Frente Guasú, la concertación política encabezada por el ex presidente Fernando Lugo, e integrada por ocho partidos y tres movimientos políticos. Es una de las figuras considerada más serias y confiables en el movimiento “luguista”, que intentará recuperar una parte del poder en las elecciones de abril. Su gestión como ministra de Salud del gobierno derrocado hace siete meses es vista como responsable y técnicamente impecable, aun por sus críticos. De hecho, varios consultados vieron su proyecto de salud pública como demasiado ambicioso para el Paraguay actual, y unos cuantos furibundos opositores se opusieron al concepto de salud gratis para todos.

Lleida es casada, tiene tres hijos, es médica, especialista en salud pública graduada en la Universidad de Lovaina, Bélgica, gremialista, militante social y de derechos humanos desde la época de estudiante universitaria. Pertenece al Partido de la Participación Ciudadana, integrante del Frente Guazú, y es actualmente candidata a senadora por la Concertación Frente Guazú.

Lugo fue derrocado el 22 de junio en un golpe de Estado dado por los partidos de derecha, mayoritarios en el Congreso, en lo que se dio en llamar un juicio político express, sin tiempo para la defensa. La última acción de alto perfil del derrocado fue ir a Caracas el 10 de enero para el comienzo del nuevo período de gobierno del ausente y enfermo presidente Hugo Chávez. En Paraguay su gestión fue severamente criticada. Pero como refiere Lleida, los enemigos de Lugo le critican todo, todos los días, como si expresaran un temor a que vuelva al poder.

Esta entrevista fue realizada en Asunción, en la residencia en que se ha instalado la base central del Frente Guasú. Pagan 4500 dólares por mes de alquiler por la casa que fue un geriátrico, un precio criticado por políticos y medios. Un abogado, independiente, amigo del cronista entrevistador, comentó que “no me parece cosa tan exagerada ese precio”.

Tomado de Página/12

La estatura de los desafíos

Por Eduardo Anguita

Los golpes suaves en Latinoamérica tienen como antecedente la brutalidad de las oligarquías locales auspiciadas por el Departamento de Estado norteamericano o, directamente, la CIA. Cada país de la región tiene registrado el pánico generado en los pueblos por cada una de esas intervenciones que marcaron la historia del siglo XX. Una serie de factores llevaron a que los años noventa no fueran de golpes militares o de ruptura violenta de las instituciones formales de la democracia. Sin embargo, se trató de una década en la que el neoliberalismo actuó a sus anchas. En 1994, México se sumó al Nafta (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica). Casi dos décadas después, en lugar de consumir su propio maíz importan el que les llega desde Estados Unidos porque en ese país rigen fuertes subsidios para los productores agrícolas. A su vez, los campesinos desplazados mexicanos pudieron optar entre ser ilegales pasando al norte del Río Bravo o conchabarse en el narcotrabajo, una categoría que los antropólogos deberían valorar para contraponer al concepto de narcoterrorismo, implantado por quienes son los grandes consumidores de la droga y proveedores de las armas de los grupos que en la última década de gobiernos liberales mexicanos vieron desfilar no menos de 50 mil muertos por lo que llaman guerra de las drogas y que, en realidad, no es más que la brutal destrucción del aparato económico y de las culturas propias del país azteca.
Pero en aquel 1994, más al sur, los países cordilleranos con recursos mineros vieron cómo la legislación sobre recursos minerales de muchos de ellos –Argentina, Ecuador, Perú y Chile– adoptaba normas muy similares, casi idénticas, para favorecer a las empresas mineras radicadas en Canadá. Basta recorrer la página oficial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de ese país que dice: “Como resultado de la rápida globalización que afectó al mundo en los años 90, una cantidad inmensa de la demanda de equipos y productos mineros es actualmente cubierta por compañías canadienses”. Luego agrega que “existen al menos 2.200 firmas mineras con casa matriz en Canadá que ofrecen equipos y servicios mineros especializados”. Es exacto: tienen casas matrices que, en muchos casos, no son más que oficinas. La inclusión de Canadá en el Nafta, a diferencia de México, le dio un lugar de privilegio: mayor acceso a la banca internacional y a los inversionistas de Estados Unidos. A la vez, Canadá trasladó las operaciones mineras a cielo abierto a los países periféricos. Así evita el despiadado deterioro medioambiental en su propio país y amortigua los conflictos políticos que conlleva la operación minera. En la Argentina, al viejo Código Minero se le agregaron leyes que fueron en sintonía con aquel Nafta. Eso de las relaciones carnales no tenía un sentido escatológico sino económico. Las leyes 24.498 (de Actualización Minera) y 24.585 (de Protección Ambiental), ambas de 1995, permitieron lo que los neoliberales llaman seguridad jurídica y en este continente, según recordó el genial Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América latina, se llama saqueo. La llamada estabilidad para empresas como la Barrick Gold, una de las más emblemáticas pero no la única, significa que por tres décadas (hasta 2025) se les debe conceder el saqueo con beneficios fiscales y aduaneros. Encima, con una cotización de los productos que es entre cinco y diez veces mayor en dólares de acuerdo a los minerales en cuestión que hace 17 años.
A principios de los noventa también se avanzó en el despojo de YPF. Esto fue un invento pensado para la Argentina o compartido entre los neoliberales de la banca internacional, la dupla Carlos Menem-Domingo Cavallo, así como la ayuda del extinto Luis Prol, un ex militante del peronismo revolucionario que conoció a Menem cuando estaba preso en Las Lomitas, Formosa, y que después se subió a la ola neoliberal, en el área de energía, y dio las primeras puntadas para que YPF dejara de ser una Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima. El paso siguiente fue la reforma constitucional de 1994. Allí, el Estado nacional cedió la titularidad de los recursos del subsuelo, tanto hidrocarburíferos como mineros, a las provincias. Desde entonces, el famoso canon empezó a ser como la caza de patos en una kermesse y cada gobierno provincial arreglaba los porcentajes que le convenía, incluyendo en algunos casos los arreglos extrainstitucionales. En esos años, las provincias empezaron a tomar deuda externa, pero con garantía de la Nación. Con lo cual, los programas neoliberales llegaban a los confines de la Patria. Entre los planes de ajuste reclamados, la banca privada-nacional pero con una pata en las grandes capitales se quedaba con bancos provinciales que, en algún momento, eran la tabla de salvación de grupos económicos desprotegidos. Al tiempo llegó Repsol, esa empresa española sin experiencia cuyas acciones fueron recuperadas por el Estado nacional. Es cierto, ahora el 51% de las acciones son de la Nación. Pero la historia no siempre registra lo bello. El socio local de Repsol de estos años fue el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi, que en los noventa se quedó nada menos que con los bancos de San Juan, Santa Fe y Santa Cruz. Demasiados nombres de santos para un banquero.

¿Quién financia el futuro? La marca de los noventa y del neoliberalismo está todavía a flor de piel. La derecha mediática pretende evitar cualquier debate sobre reforma constitucional porque tienen pánico a un cambio profundo en las reglas del juego. Del mismo modo, sería superficial creer que alcanza con quitarle las acciones a Repsol. YPF es una sociedad anónima y los titulares del subsuelo son los estados provinciales. Aún rigen las mismas normas que en los noventa. Con otra conducción política, quizá de signo opuesto. Pero el entramado legal fue forjado en aquellos años. Conviene reparar en lo que dicen los lobbistas de las empresas mineras y petroleras extranjeras. En la edición de julio del newsletter El inversor (Energético & Minero) se afirma: “Los directivos de las petroleras multinacionales que mantuvieron contactos con el nuevo management de YPF tras el proceso de expropiación de las acciones de Repsol se llevaron un diagnóstico: a pesar de los esfuerzos para exhibir un perfil económico sólido, con acceso a fondos, la petrolera estatal no podrá, por su cuenta, acceder a las inversiones anunciadas para elevar la producción y las reservas de hidrocarburos. De su paso por Buenos Aires, los ejecutivos interpretaron que algunos elementos de la esfera macroeconómica –como el default con bonistas y con el Club de París y el no cumplimiento de las sentencias contrarias en el Ciadi– y ciertas cuestiones inherentes a la situación financiera de la propia empresa impedirán el acceso a capitales en los mercados voluntarios, por lo que deberán asociarse con inversores de renombre internacional para mejorar su vía crediticia”.
Desde ya que se trata de una versión de utilería y panfletaria, pero no tan ajena a la realidad del sector. Y si los sectores del proyecto nacional esperan que el debate político se estanque en las bondades de tal o cual aliado o ex aliado del Gobierno, los argentinos nos perderemos algunos de los temas de fondo en cambio de ser protagonistas de debates que requieren participación. La movilización a Vélez Sarfield del 27 de abril no sólo puede leerse como una fuerte adhesión popular a la Presidenta sino también como una oportunidad de convocar a la sociedad a que participe de cuestiones que no tienen caminos lineales ni soluciones sencillas. El paso dado por Cristina Fernández de Kirchner es trascendental. Pero deja muchos desafíos. Primero, que avanzar sobre quienes tienen rentas privilegiadas es legalmente posible y socialmente aceptado. Segundo, que la energía es un tema crítico para sostener el crecimiento. Tercero, que este primer paso se asienta sobre una gran precariedad legal y constitucional desde el punto de vista de un proyecto nacional. Cuarto, que financiar el desarrollo es vital, porque no hay mediano plazo posible si no se tienen recursos. Y, quinto –aunque podrían ser muchísimos más puntos–, es vital contar con una agenda de prioridades. Porque, más allá de lo vital que fue la sorpresa para que Repsol no pudiera contraatacar, conviene que la idea de la politización de la sociedad no se quede en temas facciosos y de coyuntura sino que apunte a levantar la mira y, en todo caso, a darles sentido y orientación a las fricciones diarias.
Por ejemplo, así como Venezuela construye su socialismo del siglo XXI con la renta petrolera a partir de tener el control completo de Pdvsa y Brasil tiene un banco de desarrollo potente, la Argentina hilvanó los recursos de la Anses y las retenciones como un buen salvavidas para mejorar la distribución de la renta y financiar políticas inclusivas. Sin embargo, cabe preguntarse si no es un desperdicio que no se haga un plan global. Como lo hicieron los neoliberales con la Fundación Mediterránea y otros laboratorios (no por nada los llamaban think tanks –tanques de ideas–, querían hasta nombrar en inglés la matriz de su pensamiento dependiente) que ponían en blanco y negro las reformas impositivas regresivas, los beneficios para la banca extranjera, el tipo de cambio para desproteger a la industria nacional y toda una batería de leyes y decretos que iban a tono con el endeudamiento y las pautas fiscales pedidas por el FMI.
Hasta fin de 2011, al calor del apoyo de sectores empresariales y de clase media –que todavía existen–, parecía razonable esperar señales del Club de París y de la banca privada para que la Argentina accediera al llamado mercado voluntario de deuda. Es decir, que tanto el Estado como los privados pudieran lograr financiamiento no caro y con plazos no perentorios para diferentes necesidades. Pero con la situación de crisis europea y con decisiones como la de YPF, cabe preguntarse si no es momento de hablar sin tapujos sobre una reforma impositiva que privilegie los impuestos directos sobre los indirectos, sobre las personas físicas y no sobre las personas jurídicas y con un carácter progresivo. En síntesis sería: gravar la riqueza personal y con tasas más altas para los sectores más ricos. Acaso habría oposición legislativa a iniciativas de ese tipo. Porque para financiar el largo plazo parece más fácil buscar los recursos adentro del país que afuera. Las retenciones funcionan, pero no parece que los privilegios del complejo agrofinanciero se terminen en cobrar una alícuota a sus rentas extraordinarias. ¿No es hora de preguntarse si un buen banco de alimentos y oleaginosas no debería ser un ente público, o al menos mixto, en cambio de dejar la comercialización –como lo es, en un porcentaje elevadísimo– en manos de multinacionales como Bunge, Dreyfus o Cargill, que son pilares del dogma neoliberal?
Financiar el desarrollo es poner –como se pone pero en dosis mucho más enérgicas– recursos para el Inta, el Inti, el Invap y los laboratorios de I+D de universidades o emprendimientos privados. Es elegir unos pocos rubros de alto valor agregado en los cuales la Argentina tiene condiciones de articular con otras naciones, especialmente las de la región.
Si bien cada uno de los temas sumariamente enunciados –y de otros tópicos– son parte de las preocupaciones y acciones del Gobierno desde 2003, se requiere una interacción entre quienes elaboran proyectos de futuro y quienes ejercen la militancia política y la acción ciudadana de cada día. Es extendida la impresión de que los conflictos políticos que están en la agenda tienen más que ver con proyectos electorales o apetencias de poder que con la transformación del país hacia un destino posible pero de plena justicia social. Y para que esas impresiones pasen a un plano secundario parece necesario poner en la superficie, con más energía, ciertos temas vitales.

América de nuevo. Hace una década ya que Lula, no bien asumió, planteó la necesidad del Banco del Sur, como una banca de fomento del largo plazo y de las necesidades de infraestructura de la región. Hoy el comercio intrarregional y las inversiones al interior del continente latinoamericano son una realidad. Y el Banco del Sur no deja de ser apenas una formulación. Recuérdese que el acuerdo para su fundación se hizo en Buenos Aires, precisamente el último día del gobierno de Néstor Kirchner, un 9 de diciembre de 2007. Hoy los bancos centrales de los países de la región –con Brasil y Venezuela a la cabeza– tienen fondos en serio. Y el endeudamiento decreció a niveles desconocidos. Las ventajas competitivas de los productos de intercambio con otras regiones son extraordinarias. Sin embargo, los niveles de institucionalidad de América latina son flaquísimos. Pocas veces, probablemente nunca, hubo tanta conciencia de avanzar unidos. Pocas veces la política de Estados Unidos debió haber estado tan lejos de influir en los gobiernos de la región. Sin embargo, las sedes de la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo están en Washington y piensan para Washington, alejadas de la realidad continental. Uno de los pocos organismos serios de la OEA es el Consejo Económico para América Latina (Cepal) encabezado por la mexicana Alicia Bárcena, cuya visión coincide plenamente con la de una América latina unida y que rompa con el neoliberalismo. Estos son signos, diversos, de que sin caer en el vanguardismo, sin despegarse de las relaciones de fuerzas bien ponderadas, sin caer en apresuramientos, es hora de aprovechar las oportunidades y de confiar en la conciencia nacional, popular, democrática y, por qué no, revolucionaria de vastos sectores de la sociedad argentina y del resto de los pueblos latinoamericanos.

Tomado de Miradas al Sur