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Cae el secretismo que rodeaba los acuerdos parciales logrados

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Visión de la delegación de la FARC-EP sobre el diálogo que tiene lugar en La Habana

Por decisión de las partes ha caído el inútil secretismo que rodeaba los acuerdos parciales logrados en la Mesa de Conversaciones de La Habana. El fuego de los enemigos de la paz ya no tendrá el combustible de la ignorancia que lo avivaba, y por otra parte, los colombianos podrán ahora interactuar con la mesa sobre el contenido y los alcances de lo acordado. Queríamos, y lo hemos logrado, que este diálogo se desarrollara de cara al país, y no podría ser de otra manera porque en La Habana se está forjando el futuro de dignidad de todos los colombianos. Ahora se trata de garantizar la transparencia del proceso, retomando el sentido genuino de las reglas de funcionamiento que trazó la Mesa y que están ligadas a la participación plena de la ciudadanía. La Mesa no solamente debe elaborar informes periódicos, sino que, además, debe implementar una estrategia de difusión eficaz. Al respecto, debemos decir que existe aún mucha deficiencia.

El alma del ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA es su preámbulo, que para desencanto de quienes lo minimizan para tornar inane el compromiso del Estado, es absolutamente vinculante. Tiene entonces el preámbulo fuerza de mandato, y si éste estima que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”, quiere decir que el proceso de paz es un propósito colectivo y que todos los colombianos podemos aportar ideas para cimentar la reconciliación como pacto social.

Pero también ordena que se deben respetar los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, y entre estos están los derechos sociales, económicos y culturales, el respeto a la vida y a la integridad física, casi siempre desconocidos y olvidados por la amnesia deliberada de las élites. Exige el preámbulo, desarrollo económico con justicia social y armonía con el medio ambiente, desarrollo social con equidad y bienestar, razones suficientes para dejar de trazar líneas rojas aquí y allá en el escenario de los diálogos, que niegan los derechos de las mayorías a las transformaciones estructurales que exigen democracia verdadera, vida digna y soberanía patria.

Esas líneas rojas trazadas como murallas, son interpeladas por el mismo Acuerdo General que en numeral 5 del punto 3 Fin del conflicto, consigna que “el Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Necesitamos entonces la vinculación activa de todos los colombianos y colombianas para que a través de estos ajustes institucionales, podamos construir una paz que se prolongue a perpetuidad.

El Doctor Humberto de la Calle, en el día de ayer se ha referido ampliamente al conjunto de los Acuerdos parciales, a veces dándole su propia interpretación. Diríamos al respecto, que lo fundamental es lo que el conjunto de la sociedad y sus organizaciones logren interpretar de los textos. Esa es la esencia: que la gente tenga acceso directo a los contenidos y pueda luego ayudar a construir o a corregir.

Refiriéndonos a los puntos de la Agenda sobre los que hay acuerdos parciales, por metodología hemos separado la discusión de cada tema, pero todos están interrelacionados; no se puede hablar de reforma agraria, por ejemplo, sin hablar del punto Participación Ciudadana, porque en gran medida es en el territorio donde se ejerce la acción de la democracia; pero al mismo tiempo habrá que tenerse muy presente que una reforma rural integral no es posible si no se resuelven los conflictos que nos han traído los Tratados de Libre Comercio, o sin aludir a problemas como el de la extranjerización de la tierra.

Tenemos formidables avances, no queremos ponerlo en duda, y el acuerdo parcial sobre asuntos agrarios es una constancia de ello; pero insistimos en observar las salvedades y en la necesidad de meditar en torno a las conclusiones de los Foros que se realizaron para consultar a la gente sobre el asunto, porque la construcción debe continuar y el soberano debe ser escuchado en la cualificación de lo que se está acordando; sobre todo en esta parte, deberemos tomar muy en cuenta lo que han expresado los representantes de organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, afro-descendientes, que son los que trabajan el campo, y que ya han dejado muy en claro sus puntos de vista en conclusiones como las de la Cumbre Agraria y otros eventos nacionales y locales.

Pensamos que del documento “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, lo más importante debe ser el inicio sin más demora de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria, sobre bases de equidad y democracia,  reconociendo que son las injusticias derivadas de la desigualdad y la miseria las que han engendrado la confrontación, y que por eso se requiere eliminar esas causas para que cese el conflicto.

Esta idea de Reforma Rural Integral, en teoría se centra en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios inter-étnicos e interculturales, con la pretensión de integrar las regiones, de erradicar la pobreza, promocionar la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Entonces, se ha  logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia, si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

Nosotros estamos por una visión que beneficie al pueblo, y por ello, es que creemos que lo anterior no es suficiente, y que se hace imprescindible que pronto retomemos el debate pendiente sobre la necesidad de acabar con el latifundio, sobre la urgencia de colocarle límites a la extranjerización de la tierra. Y que asumamos con patriotismo que existen problemas muy complejos, como el de los conflictos de uso, los cuales hay que resolver.

Si bien lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo del campo, hay necesidad de garantizar que a las poblaciones rurales no se les siga arrebatando la tierra mediante mecanismos de bancarización u otros trucos que se despliegan dentro de una dañina concepción de asociación capitalista.

No hay que perder de vista, para la definición del Fondo de Tierras, que en los solos procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas, y que en contraste, los latifundistas ganaderos concentran en muy pocas manos, no menos de 40 millones de hectáreas subutilizadas.

Cuando hablamos de salvedades, en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.

Hemos dicho, que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos; la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad este tipo de reivindicaciones.

Esto lo reiteramos porque sin duda en este momento, una de las mayores reflexiones que hay que hacer, es la de que el gobierno debe ir más allá de la retórica y concretar sus compromisos con las comunidades; preocuparse por reflejar en la realidad lo que promete para el futuro, lo cual no ocurre en los actos de gobierno y mucho menos dentro de la actividad legislativa neoliberal que contradice lo que se está aprobando en La Habana.

Pero bien, ya sobre el tema en sí de la participación política y ciudadana es muy conocido lo acordado en torno al estatuto para la oposición, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, la creación de circunscripciones especiales electorales para las zonas rurales o más marginadas del país, la mayor participación de las comunidades en medios de comunicación de orden local y regional, la mayor presencia en los organismos de control, etc.

Concretamos acuerdos importantes, como el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que  tracen los lineamientos que permitan  elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y también una normatización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social. Es decir, que lo que se ha acordado está en el camino de expandir la democracia, pero, naturalmente, esta democracia primero hay que fundarla.

Un primer paso en este mismo sentido sería lograr para ya el compromiso de la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Al mismo tiempo es una necesidad vital para la democracia redefinir la tenencia de los medios. Son estos, aspectos nodales de la participación ciudadana, pero resaltando que, como trasfondo uno de los temas principales que hay que abordar es el de la superación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz.

Lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país.

Sobre el tercer acuerdo parcial, habría que resaltar que en él ha quedado muy claro que el conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico, ni éste es su razón de ser, porque existen causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de producción y comercialización de las drogas ilícitas. Incluso el fenómeno de los cultivos de hoja de coca y la vinculación de campesinos y otros sectores rurales a las etapas primarias de producción, está ligado a la situación de miseria que padecen. Entonces, el conflicto político, social y armado de Colombia no comienza ni termina con el narcotráfico, sino que tiene profundas raíces de miseria y desigualdad.

En todo caso hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno y una organización política-militar, y ese acuerdo se hace porque se logra definir que el problema es asunto de todos y su solución también; es decir que estamos hablando de una responsabilidad colectiva en su solución, y en ello, el primer compromiso que logramos es que el Gobierno Nacional, entendiendo que en la instituciones hay corrupción causada por el problema de las drogas ilícitas, pondrá en marcha las políticas y programas que acordamos, incluyendo liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. A partir de ahí es que las FARC-EP, hemos hecho el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

Para lograr estos propósitos habrá que trazar una nueva política criminal, propender por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la reparación integral de sus víctimas; acabar en definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, el cual ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.

Aparte de la Conferencia Internacional que aborde tan compleja problemática, una de las tareas principales debe ser la de convocar una conferencia nacional para analizar y elaborar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.

Al mismo tiempo, con los debates y conclusiones logradas a lo largo de 28 ciclos, están sobre La Mesa, y en el escenario nacional de discusión otros temas de suma importancia y complejidad, necesarios eso sí para preparar de la mejor manera el terreno sobre el que iremos a construir la paz.

Sobre el armisticio. Para dinamizar el avance del proceso de paz es urgente concretar ya el cese bilateral de fuegos y hostilidades, que de manera creciente está exigiendo la ciudadanía. El gobierno no puede seguir confundiendo el cese bilateral de fuegos con la paz o la firma del acuerdo final. No hay que esperar la firma de la paz para pactar el armisticio. Este paso se debe dar para amainar los dolores de quienes se encuentran victimizados por el fuego cruzado. Urge desescalar la guerra, porque la construcción del acuerdo necesita un medio ambiente favorable para ascender a nuevos niveles.

Sobre la dejación de armas: Afirma el jefe de la delegación del gobierno que “el fin del conflicto requiere por supuesto, que las guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para construir la paz”. Y estamos de acuerdo. Esa es una condición insuficiente, porque la dejación de las armas debe entenderse como el acto de renuncia de ambos lados a la utilización de las armas como forma de hacer política. Lo que queremos decir es que si la solución es la paz con democracia y con justicia social, ya no se tendrán que utilizar las armas para hacer política. Pero esto es válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas condiciones, las FARC ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política, dado que el conflicto armado colombiano es político-social. La dejación de las armas para el Estado implica la renuncia del uso de las armas de guerra al interior de las fronteras para enfrentar a sus ciudadanos; es decir, no cabe más el uso de armas en la política interna, y mucho menos con la forma asimétrica y anti-ciudadana como la ejecuta. Eso es dejación de armas. La fuerza pública regresa a su rol natural, constitucional, que no es precisamente el de inmiscuir sus armas en la política interna, sino el de atender la defensa de las fronteras y la soberanía patria.

Sobre Justicia transicional: Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en el campo de la paz con el ánimo de enredar los diálogos de La Habana, y en consecuencia, desconocemos los instrumentos de justicia transicional, que establece el Acto Legislativo 01 de 2012, porque no obedecen a ningún consenso entre las partes. Lo reiteramos: estos para nosotros no existen, porque los temas que se pretenden definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en La Mesa de diálogo. No estamos en un proceso de sometimiento. No nos vamos a poner a discreción frente a una administración de justicia parcializada, corrupta, politizada y especializada en perseguir al movimiento político y social inconforme. El Estado no puede ser juez y parte. Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho en el que se transmute la tradicional justicia para el castigo en justicia para la paz. Por eso, en las actuales circunstancias, el único marco jurídico válido para las FARC-EP, es el Acuerdo General de La Habana del 2012.

Sobre la Comisión Histórica del conflicto y otras subcomisiones de trabajo: Registramos que el proceso de paz protagonizó un salto cualitativo en el camino de la reconciliación, al poner en marcha la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” como escenario clave para el esclarecimiento de la verdad, a partir de la auscultación de los orígenes, causas, efectos y responsabilidades que enmarcan el desenvolvimiento de la confrontación política, económica, social y armada.

Estamos profundamente comprometidos en que se esclarezcan los hechos que han marcado el desarrollo de la confrontación, y por ello hemos propuesto en la Mesa también, la conformación de una “Comisión de la Verdad”. El trabajo de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de la verdad”, lo comprendemos como parte de un todo. El Informe de la Comisión Histórica, cuyos alcances consideramos vinculantes, será marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se deberá apoyar la Comisión de la Verdad. La marcha de la comisión histórica, de la comisión de la verdad, de la subcomisión de género y de subcomisión técnica para el fin del conflicto, son también ya un acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Tomado de Cubaperiodistas

“Es en Washington donde se decide si Bogotá adelanta y firma un tratado de paz”

hernando calvo ospina

Entrevista al escritor colombiano y colaborador de Le Monde Diplomatique Hernando Calvo Ospina

Por Patricia Rivas para Rebelion.org

 Hernando Calvo Ospina un reconocido periodista de investigación, colaborador de Le Monde diplomatique, refugiado político en Francia. Su último libro Calla y respira, es un relato autobiográfico que en un año ha sido editado en cinco idiomas. Conversamos con Hernando sobre algunos de los interrogantes que planean sobre el conflicto social y armado colombiano y la posibilidad de paz, las conversaciones de La Habana entre el gobierno y las FARC y algún que otro “chisme”…

Patricia Rivas. Llama la atención el nulo peso de la Unión Europea en las negociaciones de paz de la Habana…

Hernando Calvo Ospina. Dos importantes funcionarios de dos países europeos me dijeron lo mismo: América Latina es territorio de Estados Unidos. Nosotros podríamos acompañar, pero es Estados Unidos quien decide allá. Si fuera en África o Medio Oriente, quizás podríamos tener peso en una negociación.

Lo que sí hacen los países de la Unión Europea es seguir los designios de Estados Unidos. Por tanto le colaboran en lo que puedan, principalmente entregándole buena parte de la información que logran sus servicios de inteligencia. Además de vigilar a los residentes colombianos que viven en estos países, opositores al gobierno colombiano, bajo el pretexto de ser militantes o simpatizantes de una organización “terrorista”. Y si el país europeo tiene vínculos económicos con Colombia, pues mucho más.

PR. ¿Qué papel está teniendo Washington en las negociaciones de paz?

HC. En febrero del 2012 fui contactado por un alto responsable del Departamento de Estado, con el que ya me había reunido antes… Si, ¡aunque desde el 2009 me tienen en la lista de personas “peligrosas” para la seguridad de su nación! Me dijo que me llamaba a nombre de su oficina y del presidente Santos. La mezcla no se me hizo para nada extraña. Ante mi pregunta, me precisó que quería charlar sobre la paz en Colombia.

Entre vino y vino, fui concluyendo que las FARC y el gobierno colombiano estaban preparando negociaciones en la total reserva, algo que se hizo público en septiembre, luego de que el ex presidente Álvaro Uribe lo “denunciara”. Yo solo vine a tocar el tema once meses después (1).

PR. ¿De qué hablaron en esa reunión, si se puede saber?

HCO. La mitad fue sobre Colombia y el resto sobre Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Es curioso que le interesaran estos últimos cuatro países? Pues no. Ellos, a ojos de Washington, son la cabeza de rebeldes en el continente. En las cuatro ocasiones que me encontré con funcionarios del Departamento de Estado siempre encaminaron la charla hacia estos países. Y casualidad: los dos funcionarios europeos que mencioné antes, también quisieron charlar sobre ellos.

Ahora, el estadounidense quería saber lo que yo opinaba sobre una negociación con las guerrillas. Ellos conocen, como lo saben mis lectores y el gato del vecino, que por mi trabajo periodístico conozco a varios mandos de las FARC y del ELN. Y a unos desde hace 30 años. Fue una conversación que puede parecer anodina, pero que al ser con ellos no lo es: siempre tienen un objetivo muy determinado.

Casi al final me preguntó si yo quería enviarle un mensaje al presidente Santos. Le respondí que no, pero sí quería hacerle llegar una pregunta: ¿por qué cuando fue ministro de Defensa dijo en un coctel, donde habían varios ciudadanos franceses, que él quería mi cabeza? Debió ser cosa de los tragos. Puede ser que se le olvidó que yo tengo protección del gobierno francés, de Naciones Unidas, pero, sobre todo, el cariño y reconocimiento de muchas personas en el mundo.

PR. ¿Qué quiere decir que el ministro de Defensa pidió su cabeza? ¿Cree que querían asesinarle?

Lo que sé, por fuentes de absoluta confianza, es que ese gobierno intentó pedir mi extradición basado en los famosos computadores de Raúl Reyes. Sí, en ellos se me menciona como cinco veces. Pero en cada una de ellas se me trata de “periodista”, y con nombre propio (2). Es que yo iba con un equipo de la televisión francesa para entrevistar a Reyes. La cita iba a ser el 2 de marzo 2008. Pero un día antes asesinaron al dirigente guerrillero en un bombardeo sobre territorio ecuatoriano. Creo que con ese intento de pedir mi extradición, hicieron quedar en ridículo a la justicia colombiana.

A pesar de ello quisiera entrevistar al presidente Santos sobre este tema. Pero, en especial, para que cuente hasta dónde es honesto con el proceso de paz, y qué planes tiene para sacar de la pobreza a la mayoría de colombianos.

Al funcionario estadounidense sí le di un mensaje a llevar, pero no a Santos sino al presidente Obama: Que ordene detener la guerra y el terrorismo de Estado contra el pueblo colombiano.

Porque, siendo realista y pragmático, es en Washington donde se decide si el gobierno en Bogotá adelanta y firma un tratado de paz. Si le conviene a sus intereses económicos y geoestratégicos, lo ordenará a Bogotá.

Este funcionario estadounidense también me contó que con Santos tenían muchas más afinidades políticas y de intereses que con Uribe. Ante lo que respondí: “¡Entonces ahora ustedes andarán desnudos por la casa presidencial, pues con Uribe se paseaban en chores!”

PR. No parece usted muy optimista sobre las conversaciones de paz…

HCO. Hasta el momento yo no veo que los gobiernos de Washington y Bogotá estén decididos a que llegue una paz a Colombia con justicia social. Quieren un proceso como se hizo en El Salvador, donde se detuvo la guerra política, se silenciaron los fusiles, pero la guerra social que llegó ha producido el doble de muertes y hambre, porque las estructuras de la desigualdad económica no cambiaron. Después de 20 años siguen intactas. Claro, se pudo participar en política sin el temor de ser asesinado por ser opositor de izquierda.

PR. ¿Qué pasos por parte de Washington harían que la apuesta por la paz fuera seria?

HCO. Para mí dos signos deben existir para que yo crea que el gobierno estadounidense, y el de Colombia, sí desean la paz. Uno, que se detenga la estigmatización política contra la oposición. La intransigencia política es el principal enemigo de la paz en Colombia. Y no sólo de la paz: del desarrollo efectivo de la nación.

Es mi punto de vista como observador que ve a Colombia desde fuera. Que escucha y lee lo que se dice de ella. Que, como muchas personas, me asombro de la intransigencia de esa oligarquía, caso exclusivo en el mundo. Una oligarquía enferma por el poder.

Y dos, que se envíe al ex presidente Álvaro Uribe a las cortes para que responda por crímenes de Lesa Humanidad, genocidio, paramilitarismo y narcotráfico. Lo del ex presidente Uribe es un caso extremo de impunidad, como muy pocos en este universo.

Pero claro, en Washington existen fuertes intereses que se oponen a la paz, como son las empresas de armamento y de tecnología para la guerra. Y Uribe regaló tanto de la soberanía a Estados Unidos, que de alguna manera tienen que agradecerle. Aunque Uribe debería tener cuidado porque Washington no tiene amigos, tiene intereses.

PR. ¿Hasta qué punto Washington está presente en la Mesa de La Habana?

HCO. Es de suponer que los negociadores de las FARC lo saben. Si yo lo sé es porque lo saben muchos. Varios de los negociadores del gobierno llevan relojes, bolígrafos, maletines u otros instrumentos para filmar y grabar todo lo que se conversa en la mesa de negociaciones en La Habana. Esa información, que no debería salir de ahí en esa forma, parte hacia bases estadounidenses para ser procesada. Después se comparte con el equipo especial en Bogotá que sigue las negociaciones.

No sólo se analiza cada frase y palabra de los negociadores de las FARC, sino cada timbre de voz, actitudes del rostro y sus manos. Después llega el asesoramiento de cómo negociar o dirigirse a cada miembro del equipo guerrillero para desestabilizarlo o acercarlo.

PR. Como sea, las conversaciones de paz han logrado avances significativos…

HCO. Me parece que la tecnología y los asesores no le han servido mucho al gobierno colombiano y a su delegación, visto lo obtenido por los guerrilleros.

Los guerrilleros han demostrado capacidad para negociar. Bueno, es que, ante todo, tienen la razón de su parte.

Por eso sería de admirar a los negociadores del gobierno, pues deben parecer malabaristas al defender lo indefendible. Ellos defienden, sin ser oligarcas, los intereses de la oligarquía colombiana y de las transnacionales estadounidenses. Esa es su realidad. Sus argumentos deben ser muy limitados.

PR. En apenas un año, van 25 miembros de Marcha Patriótica y 26 sindicalistas de la CUT asesinados, además de los más de 9.500 presos políticos en las cárceles colombianas, cuyo número no deja de aumentar…

HCO. Se pueden firmar todos los acuerdos que quieran sobre la reforma agraria, la educación, la salud, la participación política. Todo lo que quieran. Pero mientras la oligarquía colombiana no detenga su intransigencia política, ningún acuerdo servirá. La paz del sepulcro no le sirve al campesino que reciba un título de propiedad. Tampoco al pueblo donde construya un centro médico en medio de discursos de paz, si al otro día van los paramilitares y acaban con los habitantes. ¿De qué servirá lo firmado si los negociadores serán asesinados cuando quieran hacer política legal y publica?

En la mesa de negociaciones ya se llegó a un acuerdo sobre participación política, y, ¿qué ha pasado desde entonces? Los hechos demuestran que el gobierno, las FFAA y sus paramilitares no se han dado cuenta. Lea las cifras de asesinados que usted acaba de dar. La represión a la protesta popular no se detiene un milímetro. Entonces ¿cómo se van a implementar los acuerdos sociales y económicos que se logren en la mesa de negociaciones?

PR. ¿Por qué esa violencia política en Colombia de tantas décadas? ¿Por qué las peores dictaduras en el mundo han dado paso a ciertos espacios democráticos, y en Colombia no?

HCO. Mi respuesta siempre es la misma: estoy buscando qué tipo de genes tiene incubados esa oligarquía. No conozco ninguna otra tan violenta. Han sabido esconder que el Estado colombiano es una dictadura “democrática”. Porque en Colombia se instauró la Doctrina de la Seguridad Nacional como en ninguna dictadura en América Latina, dictada por Estados Unidos en 1962 para combatir al “enemigo interno. Las dictaduras se fueron, llegaron gobiernos que dieron cierta amplitud democrática, y en Colombia nada varió. Todo lo contrario. Estados Unidos tiene muchísima responsabilidad en ello, porque ha impulsado, alcahueteado y asesorado la criminalidad estatal. La historia no miente. Solo hay que conocerla (3).

PR. ¿Por qué cree que hasta el momento no se ha incorporado al ELN de una forma seria a las negociaciones?

HCO. Quizás se deba a dos cosas. Una, porque jugaron a dividir y confrontar al ELN con las FARC. Creyeron que las FARC asumiría una posición prepotente ante el ELN. Ha resultado todo lo contrario, y la unidad entre esas dos organizaciones va en aumento. El encuentro a mediados del año pasado de los dos máximos comandantes del ELN y las FARC, Nicolás Rodríguez (Gabino) con Timoleón Jiménez; el freno a enfrentamientos que a veces se daba entre ellas; los posteriores comunicados y operativos militares conjuntos, es una demostración de la unidad.

Y dos, porque el gobierno quiere hacer creer que el ELN no es contrincante ni militar ni políticamente. Quiere esconder que esta guerrilla tiene una importante presencia en regiones de gran estrategia política y económica.

No quiero dejar de mencionar que la reunión de Gabino y Timoleón debió ser un duro golpe al orgullo de los servicios de inteligencia colombianos. Aunque fundamentalmente lo debió ser para la CIA estadounidense por ser la que maneja las principales técnicas e instrumentos de espionaje, y coordina a los servicios colombianos (con el apoyo del MOSSAD israelí). Debe darles vergüenza que se engullan tantos miles de millones de dólares, y no hayan detectado el movimiento de estos dos hombres tan buscados. Y supongo que ambos tuvieron que moverse muchos kilómetros para encontrarse (4).

PR. ¿Qué pasó tras la desmovilización del M-19? ¿Por qué no se dieron cambios socioeconómicos  y la represión continuó rampante?

HCO. Aquí vale la pena recordar algunos “detalles”. Los dirigentes del M-19 no negociaron su desmovilización: la regalaron y ellos se vendieron al sistema. Esto sucedió en Panamá. Ellos, Navarro Wolf, Petro, y Evert Bustamante, por ejemplo, saben de qué hablo. A ninguno de esos dirigentes le importó la suerte de sus bases.

Los dirigentes del M-19 son el caso más conocido de entreguismo y abandono a sus bases e ideales altruistas. Pero existen otros. Tenemos al EPL. La mayoría de los dirigentes del Ejército Popular de Liberación, que al entregarse se transformaron en Esperanza, Paz y Libertad, se fueron directamente a trabajar para las Fuerzas Armadas o sus grupos narco-paramilitares.

¿En qué quedó la desmovilización y entrega de armas del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT; del grupo indígena Quintín Lame; del sector que rompió con el ELN? En nada para sus bases, que fueron las que pusieron los muertos, desaparecidos y torturados. Claro, para la mayoría de sus dirigentes la vida cambió al venderse por una moneda de cobre al sistema: Casi todos tienen de qué vivir, no pocos tienen ONGs para “analizar” el conflicto o para “ayudar” a los reinsertados. O cualquier otro invento para vivir bien.

¿Qué trabajo organizativo popular hacen esos dirigentes hoy? Ninguno que sea alternativo y de beneficio real para las mayorías. Son politiqueros, clientelistas.

PR. ¿Cómo evitar que pase con unas FARC o el ELN desmovilizadas, como pasó con las anteriores? 

HCO. Creo que eso le tocará responderlo a la conciencia social y revolucionaria de las dirigencias cuando llegue el momento. Será ahí que se sabrá si fueron verdad los ideales que tienen hoy por una Nueva Colombia para todos, en particular para los pobres.

Notas:

1.     “Conversando con las FARC en La Habana.” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=161897

2.     El gobierno colombiano, por intermedio de una organización inglesa, hizo públicos los archivos presuntamente contenidos en esos computadores.

3.     Hernando Calvo Ospina. Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. Ed. Foca. Madrid, 2008.

4.     Ver el reportaje publicado por el Washington Post y traducido por Rebelión el 23 de diciembre de 2013, “Destapan multimillonario plan de la CIA para asesinar a dirigentes de la insurgencia”: http://rebelion.org/noticia.php?id=178552

Tomado de Rebelión

Entrevista a Camila Cienfuegos, delegada de las FARC-EP en La Habana

camila cienfuegos FARC en La Habana

“Familiares cercanos fueron torturados y asesinados por haber cuidado a mi hija”

 Camila Cienfuegos es guerrillera de las FARC-EP y miembro de la delegación que desde hace más de un año dialoga con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Desde la capital cubana es quien habitualmente se encarga de gestionar las relaciones con los medios de comunicación y sus peticiones. En la entrevista concedida a GARA a través de e-mail, aborda la situación de los hijos de los guerrilleros, de aquellos niños que han nacido en medio de la guerra.

La situación de los hijos de los guerrilleros, el destino de esos niños nacidos en medio de la guerra, a veces en plena selva, no acapara grandes titulares y ni tan siquiera suele figurar en la agenda mediática. Pero esa realidad desconocida y relegada es también parte del conflicto en Colombia. En respuesta al cuestionario enviado por GARA, la guerrillera y delegada de las FARC-EP en La Habana y también madre, Camila Cienfuegos, retrata un escenario de persecución, amenazas, exilio e, incluso, muerte por «el mero hecho de ser hijo de guerrilleros».

La también delegada Victoria Sandino ha afirmado en alguna ocasión que renunció a tener hijos incluso antes de entrar en la guerrilla, por lo «arriesgado que es tener un hijo en la selva tanto para la madre como para el resto de compañeros».

La renuncia a tener hijos no es un caso aislado de una guerrillera, es de la mayoría, lo hacen para preservar la vida propia y de la criatura. A lo largo de la violencia, padres y madres, luchadores populares, eran asesinados con sus hijos en brazos, que muchas veces corrían la misma suerte que sus padres. No es una exageración, basta revisar los diarios nacionales y regionales de los años 80 y 90 por mencionar un periodo, para confirmar que ha existido una práctica constante del terrorismo de Estado en Colombia. Los hijos e hijas de guerrilleros y guerrilleras son utilizados como mecanismo de presión para lograr la ubicación de sus padres, y si no logran quebrantar la moral del combatiente no les importa la suerte del menor; incluso cuando son niñas adolescentes, ponen agentes de inteligencia para que las enamoren, les prometen matrimonio hasta que llegue el momento que se les contacte, y cuando va a visitar a su ser querido, en esos momentos valiéndose de la confianza y el enamoramiento, les introducen micro-chips, y en cuanto tienen la certeza de que están con su familia, llega el bombardeo. Así han muerto padre, madre e hija.

Así que, tener un hijo o hija produce dolor y angustia, no solo por la renuncia de verlos crecer, de criarlos, de incidir en su formación, sino por la suerte que corren, por la persecución constante, por la presión social de estigmatización y marginación, por la guerra mediática a la que se ven enfrentados sin la más mínima posibilidad de contrarrestarla. En definitiva, se tiene que renunciar a amar a los hijos e hijas, a sentirlos, protegerlos, para posibilitarle un pequeño espacio con las personas que las cuidan, en el anonimato y clandestinidad.

¿En qué circunstancias se autoriza seguir con el embarazo?

Cuando está muy avanzado, es decir, si a partir de los tres meses no se ha producido la interrupción se deja continuar; igual si no hay condiciones de atención profesional que garanticen la seguridad de la combatiente. También ha ocurrido que la pareja tiene condiciones a través de sus familias de garantizar la estabilidad de sus hijo. En tal caso solicitan el permiso para un embarazo, y es determinación de los organismos superiores concederlo o no. Hay casos en los que por la confrontación misma la guerrillera queda embarazada, y es imposible interrumpirlo, así que es menos arriesgado seguir con el embarazo. Toda la guerrillerada ama profundamente a los niños y niñas, a los hijos de todos, porque son la expresión de cada uno de nosotros, son nuestros hijos, sobrinos, nietos.

En una de las reflexiones publicadas en la página web de las mujeres guerrilleras se denuncia la aplicación del «delito de sangre». ¿En qué se traduce?

Delito de sangre es el nombre que se le ha dado a la persecución, la tortura, el encarcelamiento o el asesinato de familiares -fundamentalmente hijos e hijas- de los que dedican su vida a la construcción de una sociedad mejor. En algunos casos, estos familiares tienen algún tipo de relación con el proceso de construcción; en otros no, y aun así reciben los embates del terrorismo de Estado. En el caso de los niños, la situación es igual de cruda. Lo importante a señalar aquí es que el motivo para cualquiera de estos actos en contra de la condición humana es, sencillamente, un vínculo familiar, en otras palabras, de sangre. Por poner algunos ejemplos de materialización de este fenómeno podemos mencionar los montajes que realizan los grandes medios de comunicación a familiares de líderes guerrilleros. Hijos de algunos camaradas muertos en combate han sido echados del trabajo, de la universidad, han perdido a sus amigos, son blanco de palizas, insultos, llamadas acusatorias y, en el peor de los casos, han tenido que salir del país, cambiar su identidad, negar todo vínculo familiar para preservar al menos la vida.

Otro ejemplo está relacionado con el cumplimiento obligatorio del servicio militar. Hermanos, primos, hijos de combatientes de las FARC-EP son asignados en la primera línea de combate para el cumplimiento de su servicio militar, condenándolos a una muerte segura a manos de nuestra organización.

Diversas e injustas son las formas en las que se expresa la condena por el delito de sangre.

¿Qué significa para ese menor ser hijo de guerrilleros? ¿Y para el resto de familiares, especialmente, para quienes se han hecho cargo de ese menor?

Los hijos de los guerrilleros, si tienen la posibilidad de crecer en Colombia, viven en el anonimato. Reciben la influencia de los medios de comunicación que a veces logran convencerles de que sus padres son unos seres despreciables que los abandonaron a su suerte. Eso depende en gran medida de quién está cuidando al menor. Si son personas que tienen conciencia social, que entienden la situación de los padres guerrilleros y las motivaciones de ellos para estar en la guerrilla, se logra contrarrestar ese efecto nocivo de los medios y la presión sicológica que éstos ejercen sobre el menor. También hay muchos hijos de guerrilleros o guerrilleras que asumen la lucha revolucionaria, se vinculan al Movimiento Bolivariano, a las milicias o a las mismas filas guerrilleras.

Aparte de la carga emocional de no disfrutar de la presencia física de sus padres, tienen que soportar la persecución constante por parte de los servicios de inteligencia del Estado, quienes tratan de convencerlos, a punta de chantaje, amenazas o dinero, de entregar a sus propios padres, o de dar información sobre el paradero de ellos. Eso se extiende a las personas que están encargadas de criarlos y educarlos. Muchos de ellos han terminado en la cárcel, acusados de auxiliadores de la guerrilla, basándose en montajes judiciales o suposiciones. Muchas veces, el Estado hace allanamientos en las casas; cualquier cartica o fotico puede ser la prueba reina para mandarlos a la cárcel o, si no lo logran, aparecen los paramilitares para atemorizarlos y agredirlos físicamente. Muchos guerrilleros dan testimonio de sus familiares desaparecidos, secuestrados, torturados, por no querer colaborar con el Estado. En mi caso particular, el Ejército y los paramilitares han violentado mi familia. Algunos están en el exilio, otros fueron desterrados de sus tierras. Padres y hermanos muertos, una prima menor de edad fue desaparecida. Familiares cercanos fueron torturados y asesinados por el mero hecho de haber cuidado a mi hija cuando era bebé.

Afirman que «de ser hijo o hija de combatientes que tengan cierta vida pública, la presión aumenta». ¿En qué sentido?

Al ser una persona pública, se vuelve más importante para el Estado quebrantar su voluntad de lucha, lo que aumenta la presión sobre las familias. Pero ésta no es la única presión que sienten las familias; también aumentan la presión social de su entorno, el sentimiento de inseguridad y las agresiones físicas y verbales. En otras palabras, existe cierta exclusión social.

Al inicio de los diálogos hace un año, la delegación de las FARC denunció presiones por parte de policías a familiares de una guerrillera para que facilitaran información sobre el paradero de un guerrillero, amenazándoles incluso con quitarles la custodia de sus hijos. ¿Contribuyó la denuncia pública e internacional del caso a aminorar las presiones?

Es el caso específico de la guerrilla Mireya, las amenazas pararon a raíz de la denuncia pública. Sin embargo, este tipo de casos se siguen presentando con familiares de otros guerrilleros y guerrilleras. La denuncia pública sí ejerce cierto efecto, pero en la mayoría de los casos los familiares prefieren guardar silencio porque tienen miedo y no están dispuestos a salir de sus tierras, de los lugares donde trabajan, del país. El exilio es una consecuencia casi inevitable de una denuncia nacional e internacional y no todo el mundo está dispuesto a ello.

En el caso de las madres presas, ¿en qué condiciones están?

Las cárceles en Colombia, tanto de hombres como de mujeres, están en condiciones de hacinamiento, hay una situación sanitaria deplorable y una falta permanente de asistencia médica. En el caso de una embarazada que cae presa, esas condiciones donde existen todo tipo de agresiones se vuelven más duras.

Cuando cumplen tres años, los niños son separados de sus madres, algunas veces entregados al Instituto Colombiano Bienestar Familiar, si la prisionera no cuenta con familiares cercanos que se puedan hacer cargo de ellos. La situación es similar a la de los niños que tienen sus padres viviendo en la guerrilla, con el agravante de que cuando crezcan, adquieren conciencia de que sus madres están sufriendo. Hay un alejamiento calculado y sistemático de las prisioneras. Es decir, las trasladan a cárceles diferentes permanentemente para que los hijos (y otros familiares o amigos) no las puedan visitar, así pierden todo contacto.

Las llamadas telefónicas son constantemente monitoreadas y se convierten en elementos de chantaje a los hijos y familiares, como prueba de que son auxiliadores de la guerrilla. Todo esto genera una falta de estabilidad emocional para los niños y niñas; es un drama por el cual pasan todos los hijos de presos.

Tomado de Rebelión

Entre el cielo y el infierno

En la foto el equipo negociador de las FARC-EP en La Habana

Comunicado desde La Habana de la Delegación de Paz de las FARC-EP

En el Limbo se encuentran los diálogos de La Habana por cuenta del
hombre que quiere pasar a la historia como el presidente que logró la
paz en Colombia.

Los ecos de la justa protesta del gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela por la recepción de Santos al opositor Capriles en el
Palacio de Nariño, se replican aún con un sonoro vibrato.

No son pocos los que creen que el paso de Joe Biden vicepresidente de
los Estados Unidos por Bogotá, fue el origen del arrebato santista. Y
lo asocian con un plan de Washington encabezado por un caballo de
Troya de nombre “Alianza Pacífico”, que manejado por Washington, se
propone desestabilizar y descarrilar gobiernos populares como los de
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay, entre otros. ¿Qué impulsaría a
Santos anunciar el fantasioso ingreso de Colombia a la OTAN? ¿Amenazar
a Venezuela, al Brasil?

A quienes aducen ingenuidad en la conducta del presidente no se les
cree tanto porque Santos no es ningún tonto. Como estadista está
obligado a medir el efecto de sus actuaciones.

Juan Manuel Santos sabía que su provocación contra el gobierno
legítimo de Venezuela estallaría como petardo en la mesa de diálogo de
La Habana, porque el tema Venezuela, país acompañante y facilitador
del proceso, era muy sensible para las FARC, que ve en los venezolanos
el principal factor generador de confianza, y en consecuencia a
artífices fundamentales del proceso de paz.

Por todo esto es que causa tanta perplejidad la invitación de Santos a
Capriles, precisamente cuando el entusiasmo por la paz clavaba su
bandera en el pico Everest de la reconciliación de los colombianos,
motivado en el acuerdo parcial sobre tierras, tema que representa la
nuez del conflicto. La actitud de Santos desinfló el optimismo, la
atmósfera favorable a la paz que se había logrado construir con tanto
esfuerzo en La Habana. La cuestión se resume en el hecho de que si no
fuera por Venezuela no tendría lugar el diálogo de paz de la capital
cubana.

Es contradictorio, abismalmente contradictorio, pretender pasar a la
historia como el presidente que hizo la paz, propiciando al mismo
tiempo una cadena de atentados contra la paz. El asesinato a sangre
fría de Alfonso Cano, el comandante adalid de la reconciliación, es ya
una mancha imborrable. Por otra parte nadie entiende por qué el
gobierno rechaza la necesaria tregua bilateral propuesta por las FARC
desde el inicio de las conversaciones, si de lo que se trata es de
parar la guerra. Durante los últimos 6 meses el ministro de defensa ha
actuado como francotirador sectario en contra el proceso, dejando la
sensación que no hay unidad de criterios en el gobierno. Y hasta el
propio presidente en persona no deja pasar oportunidad para
descalificar al interlocutor con acusaciones infundadas y amenazas de
ruptura.

Hay además otros elementos que están fastidiando el diálogo y la
construcción del acuerdo como ese molesto chasquido del látigo del
tiempo y de los ritmos en manos del gobierno. Un afán para qué, ¿para
precipitar un mal acuerdo, una paz mal hecha? La progresión de un
acuerdo tan trascendental no debe ser interferida ni por los tiempos
electorales ni los plazos legislativos. Paralelamente a las sesiones
de la mesa alguien desde las alturas orquesta campañas mediáticas que
siembran, con algún grado de perfidia, la idea de una guerrilla
victimaria de un lado, y del otro, la de un Estado seráfico, aleteando
inocente sin ninguna responsabilidad histórica por la violencia y el
terrorismo institucional.

Un gobierno que realmente quiera la paz no está marcando a cada rato
las líneas rojas de su intransigencia, de sus inamovibles, sino que
actúa con grandeza para facilitar el entendimiento. ¿Dónde está la
genialidad, dónde la sindéresis? Aquí lo que se ve es una gran
inconsecuencia. Y también una gran cicatería cuando se defiende con
argumentos tercos privilegios indignantes. Esas actitudes poco
contribuyen a la construcción de una atmósfera de paz. ¿Entonces los
diálogos para qué?

Hay que entender que éste no es un proceso de sometimiento, sino de
construcción de paz. No se trata de una incorporación de la
insurgencia al sistema político vigente, así como está, sin que se
opere ningún cambio a favor de las mayorías excluidas. ¿Entonces para
qué fue la lucha? El mejor epílogo de esta guerra debe ser rubricado
por cambios estructurales en lo político, económico y social que
propicien la superación de la pobreza y la desigualdad.

Tenemos que defender este proceso de paz, esta esperanza. Todos,
resueltamente, gobierno, guerrilla de las FARC y las organizaciones
sociales y políticas del país, debemos sumar voluntades para alcanzar,
luego de décadas de confrontación bélica, la anhelada reconciliación
con justicia social. Qué nos importan Uribe y Fedegan si estamos
resueltos a alcanzar la paz.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, junio 7 de 2013

Fuente: http://pazfarc-ep.blogspot.com.es/2013/06/comunicado-secretariado-de-las-farc-ep-entre-el-cielo-y-el-infierno.html?m=1

El gobierno de Colombia y su aspiración de ingresar en la OTAN

Por Luís Toledo Sande

Uno de los mayores logros de la política internacional desarrollada por Hugo Chávez fue el acercamiento que, en la estela o en medio de contradicciones nada menudas, se llegó a apreciar entre los gobiernos de la Venezuela Bolivariana y de Colombia, tras el término de la etapa presidencial del tenebroso Álvaro Uribe en el segundo de esos países. Tan grande era la importancia de ese acercamiento en la búsqueda de paz y de buenas relaciones entre los países de la región —o seguiría siéndolo, si él se mantuviese— que tal vez la concordia alcanzada suscitó esperanzas desmedidas. Esto se escribe con el deseo de que la sospecha carezca de razón, y pronto se restablezcan entre los dos gobiernos los nexos favorables para propósitos integracionistas como los encarnados en el ALBA, UNASUR y la CELAC.

El significado de esas organizaciones está a la vista, y sería ingenuo esperar que ellas no inquietaran al imperio, y que este, en sus ardides, no movilizara a sus servidores en el afán de neutralizarlas. Las tres se inscriben en las transformaciones geopolíticas que han puesto a nuestra América en el centro de las expectativas planetarias contra los designios imperiales que tienen puesto de mando en los Estados Unidos, cuartel general dividido entre la Casa Blanca y el Pentágono, garantía económica en Wall Street y conciliábulo agresivo en la OTAN, capitaneada desde aquella potencia. En trama semejante le ha tocado a Europa ser cada vez más arrastrada y humillada por el hijo putativo que le creció —con su venia— en la América del Norte, y que no se conforma con raptos mitológicos, sino con ominosos sometimientos.

El mandón no ha visto ni verá impasiblemente que la América Latina y el Caribe, área de pueblos que él estimaba condenada a ser por siempre su patio trasero, crezca y actúe con libertad en la defensa de los derechos populares y nacionales. Sobran evidencias de las maniobras desplegadas para impedir que tome o recupere las riendas de su destino. Recordemos apenas unas pocas: la invariable —salvo para arreciar— hostilidad contra la resistencia revolucionaria de Cuba; los permanentes intentos de derrocar, o desestabilizar al menos, los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros; el golpe de estado en Honduras, cuando ya se suponía que procedimientos tales eran “cosa del pasado”.

Los imperialistas intentan que en la región predominen —si no pueden ser los únicos— los gobiernos dóciles a sus designios, y buscan seguir sembrando en ella plataformas militares al servicio de sus planes agresivos. Demasiado candor se requeriría para no ver dentro de esos planes, en lo más reciente, las bases militares establecidas en Colombia. Y habría que escudriñar también en el intercambio de gestos complacientes que durante años ha venido dándose entre el coyundeo madrileño de la Organización de Estados Iberoamericanos y el gobierno de Colombia, desde cuando lo representaba Uribe. ¿Alguien pondrá en duda que los manejos urdidos por una nación europea integrante de la OTAN, y que no logra ocultar sus reminiscencias de metrópoli colonial, forman parte de las maniobras imperiales?

Que en el transcurso de poco tiempo el actual presidente de los Estados Unidos —con un Premio Nobel de la Paz que se le regaló para que lo empleara inmoralmente en la carrera belicista de su país— visite Colombia, y que el presidente de este país reciba al irresponsable y criminal cabecilla de la oposición antibolivariana, no son actos aislados, ni aislables, de las mentadas maniobras: se inscriben en el centro de ellas. Ojalá el presidente colombiano logre de veras probar que en torno al aludido recibimiento, denunciado con dignidad bolivariana por el presidente de Venezuela, se produjo un mero malentendido. Pero no están los tiempos para que los estadistas, o quienes pretendan serlo, se permitan pueriles jueguitos de pandillas.

El presidente de Colombia, con la dolosa pretensión de movilizar el orgullo nacional de su país, ha declarado que este tiene “derecho a pensar en grande”. Pero ha tenido en su contra hasta el desdén con que desde la OTAN —agresiva, colonialista, genocida, racista, menospreciadora de pueblos— le han hecho saber, o le han recordado, que su país no cumple los requisitos geográficos para ingresar en esa alianza. No obstante, le han dejado abiertas las puertas para que Colombia colabore con la OTAN: le permiten suministrar carne de cañón para las guerras con que esta seguirá intentando imponerse en la búsqueda de petróleo, materias primas y mano de obra barata; en el sometimiento, el saqueo y la masacre de pueblos.

Indicios hay de que ahora se vive, como nunca antes, la posibilidad de poner fin a una guerra que ha devenido criminal negocio político y económico para el propio gobierno colombiano, y terrible tragedia para el pueblo de ese país. No se necesita ser demasiado suspicaz para percatarse de lo que ya se ha hecho notar: el presidente de Colombia puede estar buscando continuidad para ese negocio en la exportación de hijos de su pueblo como soldados del ejército invasor imperial, mientras él recibirá presumiblemente el apoyo material —económico— que le daría una Roma con recursos y sordidez más que suficientes para premiarlo, pero que no dejaría de despreciarlo por ello.

Toca al pueblo colombiano impedir que lo empleen en tan turbia y criminal red de intereses; y a los pueblos de nuestra América toda, y aun de la comunidad mundial en su conjunto, denunciar —para que fracasen— procedimientos que sirven a la matanza de inocentes. Ha ocurrido en Sarajevo, Irak, Afganistán, Libia, mientras el imperio prepara celadas similares en Siria, Irán y quién sabe en cuántas otros “oscuros rincones del planeta”, y sigue apoyando la masacre de palestinos por parte del ejército israelí.

Impídase que Colombia, o cualquier otro país de nuestra América, se convierta en el Israel de esta región. No hay en este caso que identificar pueblos y gobiernos, como tampoco ningún credo legítimo y abrazado honradamente se debe confundir con los manejos que a lo largo de la historia los poderosos han manipulado como “razones extraeconómicas” para justificar guerras y saqueos. Lo digno es pensar en grande al servicio de la libertad, la justicia y la soberanía de los pueblos.

Tomado del blog del autor. Ver enlace en este blog

Implicaciones geopolíticas del ingreso de Colombia a la OTAN

Por Atilio Borón

El anuncio del presidente de Colombia Juan Manuel Santos de que “durante este mes de Junio suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para mostrar su disposición de ingresar a ella” ha causado una previsible conmoción en Nuestra América. Lo pronunció en un acto de ascensos a miembros de la Armada realizado en Bogotá, ocasión en la cual Santos señaló que Colombia tiene derecho a “pensar en grande”, y que él va a buscar ser de los mejores “ya no de la región, sino del mundo entero”. Continuó luego diciendo que “si logramos esa paz –refiriéndose a las conversaciones de paz que están en curso en Cuba, con el aval de los anfitriones, Noruega y Venezuela- nuestro Ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes”, aseguró Santos. Y piensa hacerlo nada menos que asociándose a la OTAN, una organización sobre la cual pesan innumerables crímenes de todo tipo perpetrados en la propia Europa (recordar el bombardeo a la ex Yugoslavia), a Libia y ahora su colaboración con los terroristas que han tomado a Siria por asalto.

Jacobo David Blinder, ensayista y periodista brasileño, fue uno de los primeros en alarmarse ante esta decisión del colombiano. Hasta ahora el único país de América Latina “aliado extra OTAN” era la Argentina, que obtuvo ese deshonroso status durante los nefastos años de Menem, y más específicamente en 1998, luego de participar en la Primera Guerra del Golfo (1991-1992) y aceptar todas las imposiciones impuestas por Washington en muchas áreas de la política pública, como por ejemplo desmantelar el proyecto del misil Cóndor y congelar el programa nuclear que durante décadas venía desarrollándose en la Argentina. Dos gravísimos atentados que suman poco más de un centenar de muertos –a la Embajada de Israel y a la AMIA- fue el saldo que dejó en la Argentina la represalia por haberse sumado a la organización terrorista noratlántica.

El status de “aliado extra OTAN” fue creado en 1989 por el Congreso de los Estados Unidos –no por la organización- como un mecanismo para reforzar los lazos militares con países situados fuera del área del Atlántico Norte pero que podrían ser de alguna ayuda en las numerosas guerras y procesos de desestabilización política que Estados Unidos despliega en los más apartados rincones del planeta. Australia, Egipto, Israel, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en ingresar, y poco después lo hizo la Argentina, y ahora aspira a lograrlo Colombia. El sentido de esta iniciativa del Congreso norteamericano salta a la vista: se trata de legitimar y robustecer sus incesantes aventuras militares -inevitables durante los próximos treinta años, si leemos los documentos del Pentágono sobre futuros escenarios internacionales- con un aura de “consenso multilateral” que en realidad no tienen. Esta incorporación de los aliados extra-regionales de la OTAN, que está siendo promovida en los demás continentes, refleja la exigencia impuesta por la transformación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en su tránsito desde un ejército preparado para librar guerras en territorios acotados a una legión imperial que con sus bases militares de distinto tipo (más de mil en todo el planeta), sus fuerzas regulares, sus unidades de “despliegue rápido” y el creciente ejército de “contratistas” (vulgo: mercenarios) quiere estar preparada para intervenir en pocas horas para defender los intereses estadounidenses en cualquier punto caliente del planeta. Con su decisión Santos se pone al servicio de tan funesto proyecto.

A diferencia de la Argentina (que por supuesto debería renunciar sin más demora a su status en una organización criminal como la OTAN), el caso colombiano es muy especial, porque desde hace décadas recibe, en el marco del Plan Colombia, un muy importante apoyo económico y militar de Estados Unidos –de lejos el mayor de los países del área- y sólo superado por los desembolsos realizados en favor de Israel, Egipto, Irak y Corea del Sur y algún que otro aliado estratégico de Washington. Cuando Santos declara su vocación de proyectarse sobre el “mundo entero” lo que esto significa es su disposición para convertirse en cómplice de Washington, para movilizar sus bien pertrechadas fuerzas más allá del territorio colombiano y para intervenir en los países que el imperio procura desestabilizar, en primer lugar Venezuela. Es poco probable que su anuncio signifique que está dispuesto a enviar tropas a Afganistán u a otros teatros de guerra. La pretensión de la derecha colombiana, en el poder desde siempre, ha sido convertirse, especialmente a partir de la presidencia del narcopolítico Álvaro Uribe Vélez, en la “Israel de América Latina” erigiéndose, con el respaldo de la OTAN, en el gendarme regional del área para agredir a vecinos como Venezuela, Ecuador y otros -¿Bolivia, Nicaragua, Cuba?- que tengan la osadía de oponerse a los designios imperiales. Eso y no otra cosa es lo que significa su declaración.

Pero hay algo más: con su decisión Santos también pone irresponsablemente en entredicho la marcha de las conversaciones de paz con las FARC en La Habana (uno de cuyos avales es precisamente Venezuela), asestando un duro golpe a las expectativas de colombianas y colombianos que desde hace décadas quieren poner fin al conflicto armado que tan indecibles sufrimientos deparó para su pueblo. ¿Cómo podrían confiar los guerrilleros colombianos en un gobierno que no cesa de proclamar su vocación injerencista y militarista, ahora potenciada por su pretendida alianza con una organización de tintes tan delictivos como la OTAN? Por otra parte, esta decisión no puede sino debilitar –premeditadamente, por supuesto- los procesos de integración y unificación supranacional en curso en América Latina y el Caribe. La tesis de los “caballos de Troya” del imperio, que repetidamente hemos planteado en nuestros escritos sobre el tema, asumen renovada actualidad con la decisión del mandatario colombiano. ¿Qué hará ahora la UNASUR y cómo podrá actuar el Consejo de Defensa Suramericano cuyo mandato conferido por los jefes y jefas de estado de nuestros países ha sido consolidar a nuestra región como una zona de paz, como un área libre de la presencia de armas nucleares o de destrucción masiva, como una contribución a la paz mundial para lo cual se requiere construir una política de defensa común y fortalecer la cooperación regional en ese campo?

Es indiscutible que detrás de esta decisión del presidente colombiano se encuentra la mano de Washington, que paulatinamente convirtió a la OTAN en una organización delictiva de alcance mundial, rebalsando con creces el perímetro del Atlántico Norte que era su límite original. También se advertía la mano de Obama al impulsar, poco después de lanzada la Alianza del Pacífico (tentativa de resucitar el ALCA con otro nombre), la provocadora recepción por parte de Santos del líder golpista venezolano Henrique Capriles. Lo mismo puede percibirse ahora, con todas las implicaciones geopolíticas que tiene esa iniciativa al tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar entre sus vecinos; debilitar a la UNASUR y la CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por Las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Y quien menciona esta organización no puede sino recordar que, como dicen los especialistas en el tema, el nervio y músculo de la OTAN los aporta Estados Unidos y no los otros estados miembros, reducidos al triste papel de simples peones del mandamás imperial. En suma: una nueva vuelta de tuerca de la contraofensiva imperialista en Nuestra América, que sólo podrá ser rechazada por la masiva movilización de los pueblos y la enérgica respuesta de los gobiernos genuinamente democráticos de la región. Esa será una de las pruebas de fuego que tendrán que sobrellevar en las próximas semanas.

Tomado de Rebelión

La paz latinoamericana está en juego

Colombia y Venezuela. Hay que hablar de la paz

Por Tony López Rodríguez,

En las últimas horas los mandatarios de Venezuela y Colombia se refirieron al incidente diplomático entre ambos países, ocasionado por el recibimiento que hizo el presidente Juan Manuel Santos al terrorista venezolano Henrique Capriles Radonski, en la Casa de Nariño. Ambas declaraciones, analizadas atentamente, expresan el interés de los mandatarios de buscar la superación de este incidente que nunca debió de acontecer.

Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro reflejó un alto sentimiento de responsabilidad sensatez y absoluta madurez como corresponde a un Jefe de Estado, al declarar que su gobierno está en disposición de tratar la controversia en el plano diplomático y político, siempre que haya un absoluto respeto al gobierno democráticamente electo por los venezolanos, la soberanía y la independencia de su país. Expresó que su canciller Elías Jaua está instruido por su Gobierno para reunirse con la parte colombiana y entregar las pruebas que demuestran que desde Bogotá se están desarrollando acciones conspirativas contra la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte el presidente Santos, también expresó el interés de superar el incidente que él calificó como un “mal entendido”. Con está declaración, de hecho y de derecho el presidente admite que él y su Gobierno cometieron un grave error al recibir a un sujeto cuya trayectoria política en los últimos años lo señalan, no ya como un representante de la extrema derecha política venezolana, sino como un activo líder incitador a la violencia que el pasado 15 de abril provocó la muerte de 11 ciudadanos venezolanos opositores a Capriles o simples ciudadanos inocentes, incluyendo un niño, un centenar de heridos y cuantiosos daños materiales. Acciones realizadas de manera consciente y con toda la intencionalidad de provocar el caos y la desestabilización en Venezuela, de ahí el carácter terrorista del señor Capriles Radonski.

No es una manipulación política ni mediática calificar de terrorista al señor Capriles, su accionar y sus antecedentes así lo confirman, está documentado que fue un activo participante en el Golpe de Estado del 2002 y cumpliendo, entre otros, con ese objetivo golpista encabezó una horda de facinerosos en el ataque artero que realizaran contra la embajada cubana en Caracas. En este nuevo escenario político venezolano Capriles fue más lejos, ordenó atacar y asesinar no sólo a sus compatriotas chavistas, sino también a los centros médicos atendidos por profesionales cubanos a quienes sus peones en las redes sociales acusaban de estar escondiendo urnas y apañando un supuesto fraude electoral. ¡Que vergüenza!

Precisó el mandatario colombiano que deseaba solucionar la controversia por la vía diplomática, como se había acordado con el desaparecido líder bolivariano Hugo Chávez Frías en San Pedro de Alejandrino, vía que siempre utilizarían para conversar sobre las relaciones bilaterales en privado y no públicamente. Precisamente allí está el grave error del mandatario neogranadino. Si ese fue el acuerdo, ¿por qué el Presidente a través de su canciller o directamente no conversó previamente con la parte venezolana y les anunció que por H o B razón recibiría a Capriles Radonski?

El presidente es un hombre de mucho talento, inteligente, graduado en Harvard, varias veces ministro y conoce muy bien las normas y las practicas diplomáticas, más aún, cuando no se trata de recibir a un simple opositor de un gobierno con el cual se mantienen cordiales relaciones diplomáticas, se trata de un personaje que está acusado y bajo sospechas de ser responsables de graves crímenes y violaciones al derecho y a la Constitución de su país. Por otro lado, no es cierto que fue una visita privada al recibirlo en la Casa de Nariño, ese fue un reconocimiento político a un sujeto cuyas acciones perjudican hasta el propio interés del mandatario colombiano no sólo en su empeño de Paz, incluso en sus intenciones reeleccionista. Resulta muy extraña esta conducta presidencial, salvo que ello obedezca a un interés de un poder foráneo superior.

Analicemos: el recibimiento de Capriles Radosnki se realiza a cuarenta y ocho horas de la visita del Vicepresidente Joe Biden, a Bogotá. A una escasa semana de la celebración de la cumbre de los países latinoamericanos de la costa pacifica en Cali, Colombia, con la asistencia de Perú, Chile y Méjico. Costa Rica y España como observadores. La visita de Biden a Brasil y a Trinidad Tobago, donde además se encontró con los líderes de los países caribeños. Apenas a un mes de la visita del presidente Barak Obama a Méjico y Costa Rica y al encuentro de este con los mandatarios centroamericanos. Obviamente que las visitas de los máximos dirigentes estadounidense a estos países tienen un objetivo e interés político y económico determinado.

En Colombia, darle respaldo al presidente Santos para que fortalezca el trabajo en el esfuerzo de consolidar la llamada Alianza del Pacifico todo dirigido contra el MERCOSUR y UNASUR. A Brasil para convencerlo de que como país rico y emergente puede integrarse en una alianza económica con Estados Unidos para beneficios mutuos. A los caribeños y centroamericanos prometerles una mejor relación económica mediante la supuesta integración de mercados con Estados Unidos y obviamente con la lógica intención de dividir y deslegitimar las posibilidades seguras de Petrocaribe dada la supuesta fragilidad y critica situación económica de Venezuela que los enemigos de la Revolución Bolivariana vienen pregonando en una gran campaña mediática muy especialmente desde Colombia, Perú, Chile y algunos medios de prensa Argentinos. Obviamente también apuntan contra el ALBA y la CELAC.

En este escenario, la oligarquía bogotana teniendo en el presidente Santos su más alto exponente maniobra políticamente y se cuida de no desobedecer los lineamientos de Washington, hay que cumplir con los deberes del norte aún a riesgo de poner en peligro sus aspiraciones tanto reeleccionista como de convertirse en el Presidente que lograría la Paz para su pueblo que tanto lo merece y que le reservaría un sitio de honor en la historia de Colombia. Santos sabe perfectamente que Capriles Radonski es un viejo aliado de su más peligroso adversario político el ex presidente Uribe Vélez y comparte con él no sólo su ideología fascista, sino que fue favorecido en todos estos años por Uribe para realizar acciones desestabilizadoras contra el gobierno bolivariano con el respaldo del narcoparamilitarismo.

El presidente Santos Calderón conoce a cabalidad que una retirada de Venezuela de las conversaciones de Paz en La Habana coloca a la Mesa de Negociación en una seria encrucijada, la presencia venezolana como acompañante no es sólo importante para las FARC-EP hoy por hoy para el gobierno colombiano y especialmente para el presidente Juan Manuel Santos, este proceso es estratégico para sus aspiraciones continuista, la correlación de fuerza internamente favorece más a los sectores que la apoyan nacional e internacionalmente, incluido el gobierno estadounidense que durante la visita de su vicepresidente lo respaldó. Estoy convencido que la prudencia y lucidez del presidente Maduro y su equipo gubernamental, por lo que representa para el pueblo colombiano y la integración latinoamericana, preservaran los diálogos de Paz. Hay que advertir que en el breve periodo de tiempo que ha gobernado Venezuela siempre ha respetado a sus vecinos y especialmente al gobierno de Santos y esa conducta hay que reciprocarla.

En el plano económico a pesar de lo que dicen algunas publicaciones colombianas en su desaforada campaña contra el gobierno del presidente Maduro, no es Venezuela quien se afecta comercial y económicamente, es el empresariado agroindustrial colombiano el que sufriría un severo golpe y por ende la economía neogranadina, ya esa historia la vivieron cuando Uribe Vélez en su cruzada contra el presidente Chávez, provocó la crisis diplomática y comercial que llevó a un decrecimiento en el intercambio comercial de 5000 mil millones de dólares anuales a casi 300 millones, afectando a casi un millón de trabajadores colombianos que perdieron sus empleos, una crisis en la industria de montaje automovilística y severo golpe a sectores agroindustriales entre ellos a Colanta y entre otros sectores a los integrantes del Sindicato Antioqueño. ¿Estará el presidente Santos dispuesto a perder el terreno avanzado, que beneficia a su país, en el intercambio comercial y económico con Venezuela?

Por último, las declaraciones del Presidente Santos anunciando que gestionaría el ingreso de Colombia en el tratado de Atlántico Norte (OTAN) es un anuncio muy serio y peligroso para la región, no sólo para Venezuela que es para Estados Unidos y sus aliados el enemigo inmediato, también entra en contradicción con los acuerdos de UNASUR y lo refrendado por los ministros de Defensa de esta instancia suramericana.

Acaso Estados Unidos estará planeando usar el esquema europeo de intervención militar como lo hizo en Libia utilizando a Francia y la Gran Bretaña como fuerza de ataque y ocupación. ¿A Colombia para intervenir en algún país vecino?. No cabe duda, de dar un paso como este, se demostraría que la conspiración contra Venezuela está en marcha.

(*) Tony López Rodríguez es Periodista y analista internacional cubano.

Tomado de Rebelión

1964-2013: FARC celebran aniversario con el primer acuerdo sobre la tierra De Marquetalia a La Habana: 49 años luchando por la paz

Secretariado de las FARC-EP

Las FARC-EP, con ocasión de cumplirse este 27 de mayo el 49 aniversario de nuestra fundación en Marquetalia, enviamos un saludo patriótico, revolucionario y fraternal al conjunto de las masas populares que luchan por la justicia en Colombia, Nuestra América y el mundo.

Nacimos como un puñado de mujeres y hombres del pueblo de Colombia, obligados por la brutal violencia ejercida en beneficio de minorías privilegiadas por el poder del Estado, a alzarse en armas en defensa de su vida, su dignidad y sus sueños. Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Hernando González Acosta y el resto de los 46 campesinos y 2 campesinas que suscribieron el Programa Agrario de los Guerrilleros en 1964, encarnaron con legendaria bravura la erupción de un sentimiento nacional de resistencia y denuncia contra el crimen, la impunidad y la intolerancia.

Las FARC-EP somos producto del crisol en que al calor del fuego y el filo de otras armas, la oligarquía colombiana pretendió entronizarse hasta la eternidad en la dirección del Estado. Viejos partidos compuestos por terratenientes y burgueses de distintas esferas, inspirados en la doctrina fascista de seguridad nacional, ensoberbecidos por el apoyo incondicional del gobierno de los Estados Unidos en su afán de dominio continental, se encargaron de hundir a Colombia en la horrible noche de muerte, persecución y terror que por desgracia aún no termina.

La guerra, la violencia y el miedo generalizado han sido siempre, a lo largo de la historia universal, instrumentos favoritos de los poderosos. Colombia no es una excepción. Para demostrarlo basta una mirada desapasionada sobre los acontecimientos que han bañado de sangre y dolor la vida de los más débiles y humildes desde los lejanos días de la conquista. O los sucesos que precipitaron en nuestra nación el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la furia violenta del Estado que aún no cesa. En nuestro país, en los últimos 65 años, las víctimas no se cuentan por miles, sino por centenares de miles y por millones. Y toda la responsabilidad recae sin duda en las clases dominantes y sus ambiciosos partidos políticos, aunque se vistan de etiqueta y se laven con pulcritud las manos. La tranquilidad del hogar, la concordia, los sentimientos de paz, han sido en cambio el más valioso patrimonio de las mujeres y los hombres que viven con sencillez del trabajo de sus manos. La guerra, toda guerra, consiste en un enfrentamiento desatado por los ricos en contra de los pobres. Las mejores tierras, los grandes proyectos de explotación de hidrocarburos, las concesiones mineras, las áreas urbanizables, todo cuanto representa un importante negocio, desata de inmediato las fieras hambrientas, con disimulo o sin él, contra los más pacíficos habitantes condenados a vender, marcharse o morir. La guerra incluye entonces el silencio y la mentira.

Las FARC-EP somos pueblo que enfrenta con armas las armas del poder y la riqueza. Sentimos por tanto el más inmenso aprecio por la paz que nos robaron, la paz que le robaron a Colombia los negociantes y politiqueros. Nunca hemos querido la guerra. Desde antes del ataque a Marquetalia, nuestros fundadores reclamaron ante el Estado, la Iglesia y la comunidad internacional por un diálogo. Nada detuvo la obsesión de los azuzadores enquistados en el parlamento y el gobierno. Durante estos 49 años siempre hemos luchado por una solución política al conflicto. Nuestro sueño más querido es que termine definitivamente esta guerra que desangra la patria.

Lo cual no equivale a arrojar los fierros al suelo y volver sumisos al redil, hay que atacar las causas del conflicto. Las clases dominantes en Colombia, los dueños tradicionales del poder y la fortuna, deben cesar para siempre sus conductas violentas, poner fin a sus prácticas intolerantes, desmontar sus aparatos de muerte y terror, permitir que en Colombia se instaure la democracia verdadera, que se proscriban la estigmatización y la amenaza, la persecución y el destierro, el crimen que garantiza con su impunidad la dominación por el miedo.

El pueblo colombiano, la gente trabajadora y humilde que soporta los rigores de la pobreza y es acosada por sicarios de diversa índole, la enorme masa a la que sólo se le ofrecen migajas a cambio de inclinar con mansedumbre la cerviz, tiene todo el derecho a organizarse políticamente, a expresar sus sentimientos de inconformidad y sus propuestas de cambio, a hacer política sin riesgo de ser asesinados. Las víctimas y opositores a la salvaje locomotora minera, los afectados de todo orden con los TLCs y las políticas neoliberales de despojo, deben contar con plenas garantías para el trabajo pacífico en torno a la abolición de esas atroces políticas contra la humanidad.

La guerra tiene que ser terminada. Lo está exigiendo en las calles la inmensa mayoría de colombianos. Para materializar en verdad ese objetivo, esos esfuerzos tienen que armonizarse y coordinarse, unirse de manera sólida y pronunciarse de manera enérgica. Será imposible poner fin definitivo a la guerra en nuestro país, si el bloque dominante de poder desconoce que la consecución de la paz implica profundas reformas, de carácter estructural, en las instituciones y en la vida nacional, sin las cuales no desaparecerán jamás las causas de la guerra. Lo comprendimos perfectamente las FARC-EP desde el primer intento de reconciliación en Casa Verde y nos mantenemos fieles a esa posición, la única que beneficia sin ningún interés a Colombia.

Si la oligarquía se niega a hacer los cambios, la enorme multitud del pueblo movilizado se encargará de imponerlos. Nuestro país atraviesa por un momento histórico y crucial. La nación colombiana no puede permanecer más en silencio, como simple espectadora de unos diálogos en el exterior y a la expectativa de sus resultados. Los foros celebrados en Bogotá en torno a la Política Agraria Integral y a la Participación Política, pusieron de presente el enorme caudal de posiciones coincidentes y la potencialidad de los anhelos por transformar nuestro país hacia una democracia verdadera, en paz y con justicia social. Pero no basta con ello.

La ponencia y el discurso no conmueven un ápice la conciencia de los personeros del régimen. Hace falta mucho más. Que se repitan una y otra vez movilizaciones como las del 9 de abril. Que el pueblo hable y se haga respetar. El no a la guerra tiene que ser un sí a la reforma agraria integral, un sí rotundo al freno de la locomotora minera, un sí rotundo a una Asamblea Nacional Constituyente que consagre efectivas garantías democráticas, un sí a la desmilitarización del territorio nacional, un sí a la prohibición de los garrotes del ESMAD, un sí a la justicia contra los responsables ocultos y visibles de los grandes crímenes contra el pueblo colombiano.

Las FARC-EP no íbamos a desechar de ningún modo los ofrecimientos del Presidente Santos en el sentido de intentar la vía de una solución civilizada y dialogada al conflicto colombiano. Cuando comenzó este gobierno, llevábamos 46 años combatiendo por ello. Sabíamos y sabemos, como recién ratificó en la prensa el Alto Comisionado de Paz, que las intenciones del régimen no eran otras que las de conseguir nuestro humillante sometimiento al precio de un aplastante encarnizamiento mediático. Pero un Ejército del Pueblo como el nuestro, que conoce el auténtico sentir de los colombianos, sabía que no había razones para temer. Poco a poco, lenta pero firmemente, se iría levantando un clamor muy distinto por la paz. Hoy ya comienza a sentirse la fuerza de ese poderoso eco por todos los rincones del país. Ya Colombia entera expresa que la paz es el nombre de la justicia social. Ya la nación comprende que la fórmula santista de oponer un no rotundo a cuanto se le plantea en la Mesa, es un cebo hábilmente concebido para validar su entrega definitiva a los intereses del capital extranjero. La Agenda pactada en La Habana no servirá jamás, por parte de las FARC-EP, para endosar el imperio del neoliberalismo y santificar la dictadura civil en nuestras instituciones. No existen ningún tipo de acuerdos secretos como afirman algunos politiqueros con perversos propósitos.

Las FARC-EP creemos sincera y apasionadamente que la paz es posible, y que las circunstancias son abiertamente propicias para conseguirla. No tenemos la menor duda acerca de la importancia de la existencia de la Mesa de Conversaciones en Cuba. Se encarga de confirmárnoslo el plebiscito nacional e internacional de respaldo que recibimos a diario. Confiamos en que el pueblo colombiano avanzará sin parar hacia esa Mesa, para hacerse oír, y en que tanto él como la comunidad internacional se encargarán de blindar los diálogos para impedir que se rompan por parte del gobierno, una vez vea claro que las cosas no se van a dar como las planeó. Esta vez no podrán proceder como lo hicieron doblemente en Casa Verde, Tlaxcala o el Caguán.

Al tiempo que compartimos el regocijo de completar 49 años continuos de lucha por la paz, reconocemos el heroico esfuerzo de todas aquellas mujeres y hombres, ancianos y niños, que de una u otra manera han puesto su cuota de sacrificio en apoyo a nuestra lucha. Nuestros combatientes caídos en combate o encerrados en prisiones provinieron, al igual que todos los demás, de esa masa humana esperanzada y noble que con abnegación silenciosa lo ha arriesgado todo por nosotros. Nuestros muertos y heridos, nuestros prisioneros, nuestros guerrilleros y milicianos asediados por bombas y metralla, nuestros camaradas clandestinos, nuestros héroes extraditados, lo han entregado todo, sin ningún interés personal, por Colombia y su gente, por la paz y la justicia. A todos ellos, a todas ellas y a nuestro pueblo, un homenaje sincero en este nuevo aniversario.

¡Hemos jurado vencer!… ¡Y venceremos!
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2013.

La paz posible

La Marcha por la Paz del 9 de abril se reconoce como la más grande en la historia de Bogotá, la capital del país sudamericano

Por Santiago Alba Rico

Cuarto Poder

Colombia ofrece sin duda el ejemplo más retorcido y más exitoso -allí donde el éxito de las clases dominantes es indisociable de un dolor inmenso- de lo que en alguna ocasión he llamado la “pedagogía del millón de muertos”. Mientras que en el resto de América Latina las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo pasado adiestraban a los ciudadanos para una futura democracia despuntada, en Colombia la democracia y la dictadura, cogidas del brazo, emprendían juntas un largo camino de fecunda convivencia asesina. La pedagogía del terror se aplicaba y se aplica al mismo tiempo y en el mismo sitio -en el aula de al lado, por decirlo así- que los más altos principios del derecho y la democracia. Había y sigue habiendo una especie de aprendizaje automático del buen uso de las leyes: la Constitución no impide a los colombianos defender en libertad sus ideas y sus tierras; los que las defienden -sencillamente- mueren o desaparecen. El caso muy conocido de la Unión Patriótica en los años 80 y 90 -con más de 5.000 dirigentes y militantes asesinados- es la mejor ilustración de ese “realismo mágico” que fascina a los visitantes: un país anfibio, como un tritón, en el que la democracia amamanta fusiles y cuchillos, en el que el mismo Estado que los “protege” amenaza a los defensores de los derechos humanos y en el que, en definitiva, es mucho más peligroso hacer política que luchar en la guerrilla.

Las cifras de muertos, desaparecidos, presos y desplazados en Colombia en el último medio siglo, inseparables de la penetración de las multinacionales, la intervención de los EEUU y el enriquecimiento de la burguesía, induce a un severo realismo. Pero si hay algo mágico -y realmente lo hay- tiene que ver con la tozuda resistencia de una parte del pueblo colombiano a extraer las correspondientes lecciones “democratizadoras” que imparte la Señora Muerte. No se deja educar. De la misma manera que Venezuela se sacudió el miedo en 1999 y demostró que se podía votar a quien no se debe, una acumulación dignísima de resistencias sociales y campesinas mantiene viva en Colombia desde hace sesenta años, en la frontera misma del terror, la mitad terrestre y humana del país tritón. Este ejercicio de libertad colectiva contra todas las enseñanzas alimenta también el cándido aire absurdo, la atmósfera hechizada, la irrealidad promisoria que uno percibe en Colombia: en ningún otro país está más presente la miseria y la violencia; pero en ningún otro país hay más zonas coloreadas -y corporeadas- por el sueño de la liberación.

Una de estas zonas es, sin duda, la Universidad Nacional de Bogotá, donde el pasado fin de semana se celebró el Congreso Nacional por la Paz, convocado por el Congreso de los Pueblos y apoyado por organizaciones sociales, campesinas e indígenas, partidos de izquierdas y personalidades intelectuales y políticas, con el propósito de “promover un diálogo democrático entre las comunidades, las organizaciones políticas y sociales, las insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las iglesias, la comunidad internacional y los pueblos del mundo interesados en el tema”. Las negociaciones que se vienen celebrando en La Habana entre el gobierno y las FARC y la marcha multitudinaria del pasado 9 de abril abren una posibilidad real de pacificación que, para materializarse, debe ser sostenida, ampliada, fundamentada, exigida desde las plazas. Las más de 20.000 personas reunidas en el encuentro de Bogotá procedían de todos los rincones del país y querían recordar al gobierno y a la insurgencia que la paz no se puede hacer sin esa tercera fuerza, la principal, que no está representada todavía, o no del todo, en las mesas de diálogo: el propio pueblo colombiano, ineducable y resistente, consciente de que la paz no es “el silenciamiento de los fusiles” sino el establecimiento de un nuevo orden democrático de participación política y justicia social: “mandato, mandato, mandato popular”, era la consigna coreada durante la instalación del Congreso entre los acordes de la Internacional y los del himno nacional. Tanto los debates como la declaración final insistieron en la necesidad de apoyar las negociaciones entre el Estado y las FARC, así como en ampliarla al ELN (organización que hizo llegar un pronunciamiento ratificando la voluntad de diálogo al tiempo que algunos despachos de prensa anunciaban la instalación en mayo de una mesa de conversaciones para la que se habrían ya nombrado las delegaciones); pero los participantes insistieron sobre todo en la necesidad de resolver las causas sociales del conflicto para garantizar “los derechos humanos, económicos, laborales y ambientales” de los individuos y de las comunidades.

No es la primera vez que Colombia asiste esperanzada a unas negociaciones de paz. Pero la sociedad civil “de abajo” -como repite François Houtart para distinguirla de la de “arriba”, bien representada en La Habana a través de la clase empresarial- conoce ahora por experiencia todos los peligros que pueden hacer fracasar las conversaciones o dejar sin efecto un eventual acuerdo. Es el propio François Houtart el que nos recuerda uno de esos peligros: la burguesía colombiana, “la más inteligente y la más cínica y dura del continente”, guiada por el presidente Santos, es consciente de la necesidad de crear un nuevo consenso social en torno a la paz, anhelo popular que puede ser “recuperado” en favor de los intereses de esas mismas clases dominantes que hasta ahora apostaban por la guerra.

Otro peligro -quizás más inmediato- es el de ese sector de la burguesía, encabezado por el expresidente Uribe, que se opone a las negociaciones y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerlas fracasar. La fuerza del uribismo en el ejército y entre el paramilitarismo aún activo, junto a su total falta de escrúpulos, no permite descartar un sabotaje violento con los mismos procedimientos “pedagógicos” usados durante décadas: acciones armadas o asesinatos políticos selectivos.

Estos dos peligros sólo pueden ser conjurados por el “mandato popular” y el acompañamiento internacional. Esta evidencia es la que llevó a la movilización del 9 de abril y a la convocatoria, largamente preparada en las comunidades y organizaciones, de este Congreso Nacional por la Paz. Sólo la presión permanente de la “sociedad civil de abajo” puede garantizar el éxito de las conversaciones, la aplicación de los acuerdos y la gestación de un proceso a largo plazo que enraíce la paz en la autodeterminación democrática de los pueblos y la gestión soberana de los territorios y los recursos. Pero esta presión popular se ve amenazada asimismo por otro peligro, no menos grave, aunque esta vez de carácter interno: la división de la izquierda colombiana, minada por fricciones de estrategia y de liderazgo. Por eso, el “mandato popular” coreado por los movimientos sociales y comunidades campesinas presentes en la Universidad de Bogotá iba dirigido no sólo al gobierno y a las insurgencias sino a todo el arco político de la izquierda nacional, al que se reclama, hoy más que nunca, responsabilidad, generosidad y unidad. Sin esa unidad, Colombia estará condenada una vez más a repetir, con el gran poeta cartagenero Jorge Artel, su canto de melancolía:

“Te amamos, paz
en la presunta llama
que sólo enciende el beso,
en la mañana pura
que aflora tras los ojos de los niños:
en ese silencio azul
donde las olas lavan sus estrellas.
Te amamos, paz,
y tú no llegas”

Tomado de Rebelión

La tierra que nos verá morir

Por Luz Marina Espinosa

La tierra, siempre la tierra. Deberíamos escribirla con mayúscula. Por  ella lucharon, sufrieron y murieron los padres, por ella luchan, sufren y mueren los hijos. Y ella al fin nos va a arropar a todos. ¿Más títulos para que se deba escribir con mayúscula?

Y la tierra claro, está en el centro del conflicto colombiano. Desde siempre. Si una palabra podría definir Conquista, Colonia y República, ella es “Despojo”. Con sus muchas acepciones y variantes: exterminio, expoliación, servidumbre, corrida de cercas, prodigios y malabares notariales,  gamonalismo, violencia generalizada, condiciones ruinosas de producción, carencia de vías, imposibilidad de mercadeo y crédito confiscatorio. Hasta llegar al cuarto final del siglo XX, y con “la democracia más estable de América”, “la Constitución de derechos  más avanzada del mundo” y gobiernos de unas formas democráticas que son un encanto, métodos más civilizados mejor avenidos a un mundo que superó esos estadios de barbarie: “¿Nos vende usted la finca, o prefiere que le compremos a la viuda?”.

Y sistemas más sangrientos eran los corrientes, pero ese no es el asunto de este artículo.

Por eso la tierra está en el centro del conflicto armado que soporta el pueblo colombiano desde hace medio siglo. Y por eso con rigor sociopolítico, se habla es de conflicto social y armado. Que si fuera sólo lo primero, no tendría mucho sentido el amplio y difícil catálogo de temas sociales de la agenda de negociación que se adelanta en La Habana entre la insurgencia de las FARC- EP y el Gobierno nacional. La discusión militar es lo de menos, o no se da. Ella  retumba en la confrontación  en los campos. Y dentro de la agenda dicha, claro, el primer y angular tema: la cuestión agraria; la tierra, aquella que nos verá morir. Y antes vivir. Porque ese es el problema. Que en la tierra y de la tierra vivimos, he ahí el por qué lo cruel de su disputa.

Hoy las conversaciones están entrabadas  -y hacemos votos porque sea un tanto aventurado el uso de esta palabra-, por ese primer punto. Con el cual la guerrilla en primerísimo lugar pero con la lúcida aquiescencia del Gobierno, hizo valer en el  histórico “Acuerdo General” con el que el presidente Santos y el comandante Timochenko iniciaron el proceso, algo que para la recalcitrante derecha colombiana  es inaceptable,  una “cuestión de honor”: que sí hay unas causas objetivas del conflicto, que sí hay un problema  de injusticia e inequidad social, una antigua deuda con el campo. Y como es tan difícil la negociación de ese punto sin cuyo feliz desenlace vemos con preocupación se puedan alcanzar consensos en  los otros, veamos para ilustración de los nacionales y extranjeros interesados en la paz de Colombia, cuáles son las propuestas de la guerrilla en materia agraria:

Sea lo primero decir que lo que la insurgencia postula y reclama, es más o menos lo que el Establecimiento por décadas que parecen siglos, ha pregonado como justicia para el campo. Las palabras “reforma agraria”, “justicia social”, “equidad en el campo” y “pago de la deuda histórica con el campesinado”, han estado en el corazón del discurso de los dirigentes políticos liberales y conservadores a lo largo de una centuria, y sobre todo, ha sido  la oferta más vehemente y sentida de los candidatos presidenciales conservadores y liberales en sus viejos y nuevos ropajes. Así que por lo pronto, la guerrilla de las FARC-EP  parece que lo que hubieran hecho es apropiarse de ese discurso, pero tomándoselo en serio. Del de López Pumarejo, Lleras Restrepo y López Michelsen. Por lo pronto. Porque también de ello han hablado la Iglesia Católica, algunos gremios de la producción –no del campo desde luego-, los editorialistas de la  gran prensa, los directorios políticos y cuanta conferencia de organismo intergubernamental –ONU, OEA,- haya habido sobre la cuestión social en Colombia.

¿Cuál es la propuesta de las FARC en materia agraria?

Muy ambiciosa ciertamente, pero es la gran paradoja en un país donde el término “macondiano” se ha acuñado para definir el realismo mágico como expresión de la paradoja que somos. La propuesta de las FARC no presupone una revolución comunista,  sino quién lo creyera, ¡válgame Dios! aplicar las leyes de la institucionalidad.

En efecto, la ley 160 de 1994 significó un logro de las  largas luchas del campesinado y un desagravio  de  promesas burladas de los gobernantes. Como un reconocimiento  de la justeza  de esas luchas, en gesto de sensatez, el Congreso a iniciativa del Gobierno, creó las Zonas de Reserva Campesina.  ¿Qué son? Son a la manera de una nueva forma de división territorial del país –sin que equivalga exactamente a ello-, para asegurar la posesión, propiedad y gestión del campesinado sobre el territorio, y proteger  la economía campesina tradicional, impidiendo que  las zonas así declaradas,  sean objeto de apropiación por cualquier medio capitalista así sea legal. Con lo cual se pretende garantizar seguridad alimentaria, permanencia del campesinado, desarrollo rural y en buena parte paz.

Que se cumpla esa ley, que se creen esa Zonas de Reserva Campesina, concretamente cincuenta y nueve con nueve millones y medio de hectáreas en todo el país, es el punto central del más amplio y ambicioso catálogo de demandas de las FARC no en favor de ellas, sino de los  campesinos colombianos. Y valga aclarar, ese número de zonas y esa cantidad de hectáreas que cobija, no son una especulación o capricho de la insurgencia, sino que recoge el número de zonas y de hectáreas que ya  las organizaciones agrarias tiene radicadas como solicitud de ZRC ante el INCODER , organismo estatal a cargo de esa tarea.

Qué pena tener que decir algo tan políticamente incorrecto; pero en ese punto como en ningún otro, es la insurgencia la que interpreta el sentir del pueblo, para el caso, de los trabajadores agrarios.  ¿Acaso no debería ser el Estado, a quien por su naturaleza correspondería desempeñar este papel?  ¿El índice Gini del 0,87 en el campo y el mandato del artículo 64 de la Constitución  que ordena al Estado “promover  el acceso progresivo a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa”, no deberían ser temas de atención obligatoria por el  Estado?

Y en esta demanda de las Zonas de Reserva Campesina ha sido dura la discusión, virulento el rechazo de la derecha que ve en ello una “entrega del país”; la constitución de unas “republiquetas independientes” en la voz de los ministros de agricultura Juan Camilo Restrepo y de defensa Juan Carlos Pinzón. Palabras que  interpretan a los ganaderos atrincherados en la reaccionaria FEDEGAN que tantas velas tiene en este entierro. Y no aludimos a la manida  metáfora, sino a velas encendidas  de entierros reales. Hasta aquí mala, pero comprensible la oposición. En últimas, la respuesta de los ganaderos, latifundistas y agroindustriales,  es válida desde el punto de vista de los beneficiarios del statu quo.

Lo malo y muy grave es que la oposición a esta figura no viene de allí principalmente. No responde a los intereses económicos de una fracción importante pero no hegemónica del capitalismo. La oposición a las ZRC es más que eso, es el veto   de un sector del Estado que no tiene, no tendría nunca por qué en una democracia, tener ese poder. Menos en asuntos de naturaleza social y civil. Es del sector militar, para quien el campo es ante todo, un escenario de  la guerra. Es estratégico en ella, y aún en medio de negociaciones de paz, piensa en esos términos.

Por ello, el poder militar en su expresión deformada, el militarismo, que tuvo su cabal intérprete en el ex presidente Uribe Vélez, vetó las Zonas de Reserva Campesina por constituir un freno a su desembozada acción en los campos. Y porque la relativa garantía de autodeterminación y  respeto del territorio y de las organizaciones agrarias, resulta un obstáculo para el sueño ideal del militarismo en la concepción de la doctrina de la seguridad nacional, fruto mayor de las deformaciones que la tristemente célebre Escuela de las Américas produjo en los ejércitos del continente: el campesino como un agregado más de la confrontación al servicio del ejército; un activo más de la guerra.

De ahí, las “zonas de rehabilitación y consolidación” que creó el expresidente Uribe Vélez en los territorios donde la presencia guerrillera era dominante, una vez terminada ésta por la imposición del Estado. Tal la razón de por qué en esas regiones nunca se crearon las ZRC autorizadas por la ley. Resultan incompatibles con la guerra permanente que implican esas nefastas “zonas de consolidación”,  donde como se sabe pero sin que nadie sepa explicar por qué, en un régimen civil y constitucional,  el poder allí es militar. Y los campesinos saben cuánto les cuesta eso.

Pero  como es tiempo de sueños -que no de delirios-, qué tal que terminemos todos –la Mesa de Negociación incluída-, con Víctor Jara, Quilapayún, Intillimani y Ana y Jaime, cantando,

Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más

A desalambrar, a desalambrar
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquél
De Pedro y María, de Juan y José
Yo pregunto si en la tierra
Nunca habrá pensado usted
Que si las manos son nuestras
Es nuestro lo que nos de
A desalambrar a desalambrar….

Tomado de Rebelión